LA HABANA, Cuba. – Mucho se ha ufanado el régimen de las multas y topes de precios impuestos, en los últimos meses, al sector privado, como si el alza descontrolada de los precios fuese un fenómeno puntual, provocado por determinados actores, y no consecuencia directa del fallo sistémico y las nefastas decisiones en materia económica que ya pueden considerarse marca distintiva del ¿gobierno? de Miguel Díaz-Canel.
A principios de octubre el diario estatal Cubadebate publicó que entre julio y septiembre pasados se habían impuesto 137.391 sanciones a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por incumplir el tope de precios que había entrado en vigor el 8 de julio, dirigidos fundamentalmente a regular la venta de seis productos básicos: pollo, aceites comestibles, salchichas, leche en polvo, pastas alimenticias y detergente en polvo. Como resultado de las multas se recaudó la nada despreciable cifra de 348 millones de pesos (2,9 millones de dólares al cambio oficial), a la par que desaparecían de los comercios los artículos topados porque al vendedor privado, obligado a comprar las divisas en el mercado informal ―que casi triplica la tasa oficial― para luego vender en una moneda devaluada y difícil de conseguir gracias al fracaso de la “bancarización”, los apagones y el estado miserable de los cajeros automáticos, no le cuadraba la lotería con el billete.
La situación no ha mejorado para comerciantes ni consumidores, aunque estos últimos se llevan la peor parte porque el dinero cada día alcanza menos. A esto hay que sumarle el clientelismo y la aplicación discrecional del tope de precios, pues el batallón de inspectores pasa de largo, convenientemente, ante ciertas mipymes presuntamente vinculadas con el régimen, que venden a precios de Dubái lo mismo aceite, cárnicos, sazones, café o pan. Sus tarifas son tan desproporcionadas en relación con la competencia, y andan tan “a la cara”, que la impunidad con que operan solo puede explicarse mediante contubernio con gente de arriba.
Mientras tanto, los negocios pequeños, donde los fiscalizadores despliegan a gusto sus chantajes y abusos, se han empobrecido entre la persecución y los malabares para cumplir con lo estipulado sin dejar de sacar alguna ganancia. Las consecuencias van desde el despido de personal, con el consecuente aumento del desempleo, hasta movimientos de mercancía para evitar decomisos, vender una parte acorde al tope impuesto por el Estado, y el resto a un precio que permita recuperar la inversión y dejar alguna ganancia para “ir tirando”.
Sin embargo, la solución encarece el producto, pues solo su traslado implica gastar unos miles de pesos, a menos que se disponga de transporte propio, que no siempre es el caso. El tope decretado por el régimen es la primera mordaza y la más visible, pero detrás hay un cúmulo de problemas logísticos que compromete la supervivencia de las mipymes no estratégicas para el gobierno, aunque Díaz-Canel haya asegurado en un reciente foro de la FAO para atraer inversión extranjera, que hay “más de 11.000 micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas listas ya para colaborar en el crecimiento del sector agroalimentario”.
La arenga mentirosa y desesperada del gobernante llega pocos días después de que el ministro de Agricultura reconociera públicamente ―una vez más― la crisis en que se halla hundido ese primordial sector de la economía, donde no solo no se produce casi nada, sino que lo poco que llega a las tarimas de los agromercados lo hace con una calidad deplorable.
Mientras Díaz-Canel arremete contra el sector privado y procura atraer dinero foráneo asegurando que su gobierno “está abierto a todas las propuestas”, en Supermarket 23 el cartón de huevos ha subido de 9,89 USD a 12,50 USD (el doble de lo que cuesta en el mercado internacional); el pollo, en sus distintas variantes, ha aumentado entre dos y diez dólares su precio, y la carne de res ya está por encima de las posibilidades de familiares emigrados con ingresos modestos. Según testimonios de personas residentes en Estados Unidos que tratan de hacer una compra mensual en plataformas online para garantizar una mejor alimentación a sus seres queridos en la Isla, la carne de res solo es una opción si tienen un pariente enfermo, y si hace dos meses podían pagar dos cartones de huevos, ahora solo pueden comprar uno.
El encarecimiento de los productos básicos en esos sitios que operan en divisas para desangrar a la emigración cubana, repercute de inmediato en los precios de las mipymes, un jaloneo alcista que parece no tener techo. En los pocos establecimientos privados que venden huevos, el cartón se ha afincado en los 3.500 pesos como mínimo y 10 libras de pollo se comercializan en 3.100 pesos.
Incluso los costos decretados por el régimen son impagables para quien no tiene más fuente de ingresos que el salario estatal, pero mientras la incapacidad del gobierno para reactivar la economía se revierte en latigazos sobre el sector privado, empresas como Supermarket 23, vinculada al emporio militar GAESA y en particular al comandante de la Revolución Guillermo García Frías, dispone de todos los recursos del país, de potestad para establecer los precios que estime convenientes y de impermeabilidad ante cualquier fiscalización que intente averiguar el destino de los millones recaudados a costa de millones de cubanos que, dondequiera que estén, siguen con la rémora castrista bien agarrada a su esfuerzo por alcanzar una vida digna.
