SLP, México.- Organizaciones de la sociedad civil cubana, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desarrollaron una mesa de diálogo en la cual expresaron su preocupación por la situación de las mujeres en Cuba, a propósito de la última revisión al Estado cubano en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La escritora, peridiodista y activista María Matienzo consideró que la evaluación del informe periódico sobre Cuba fue una “victoria” que, aunque no se materialice, demuestra que el régimen está “perdiendo terreno”.
Las feministas coincidieron en que el régimen no protege a las mujeres en Cuba y tampoco ha establecido políticas públicas para lograr la igualdad de género, una actuación que le resta credibilidad ante organismo internacionales.
Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, destacó que el Gobierno, desde 1983, ha ido retrasando progresivamente la presentación de informes ante la CEDAW. El de este año, el noveno, se entregó cinco años y tres meses después.
Estas dilaciones representan una falta de compromiso político con la igualdad de género, a su vez, dificultan la implementación de las recomendaciones del CEDAW, perpetuando problemas como la violencia de género o las brechas de acceso a la justicia.
Según enfatizó Diversent, en los 10 años que median entre el informe del 2013 y el 2024, la CEDAW reconoció algunos “avances”, que son mínimos en una década.
Al respecto, expresó que persisten problemas de la implementación y una ausencia casi completa de refugios para mujeres víctimas de violencia de género. En cuanto a la participación política, aludió a que la CEDAW vio como avance que en 2013 en Cuba las mujeres representaban un 48.9% en el Parlamento y actualmente son el 55.7%.
No obstante, las mujeres son sobrepresentadas en las tomas de decisiones clave; en el buró político del Partido Comunista, solo tres de 17 miembros son mujeres y solo cinco de los 25 ministerios están liderados por mujeres.
Este 2024 aparecen “nuevas preocupaciones”, argumentó la directora de Cubalex. Entre estas afloran la represalia a defensoras de derechos humanos; ataques y restricciones legales a las organizaciones independientes; la falta de perspectiva de género en las políticas ambientales y una desigualdad educativa y económica en cuanto al acceso a internet en las zonas rurales.
“La sociedad civil en este caso debería monitorear tanto los avances y los desafíos para garantizar los compromisos internacionales que ha asumido el Estado para que estos se traduzcan en cambios reales. Este seguimiento nos permitiría a nosotros identificar brechas en la implementación de estas normas legales que se han adoptado nuevas, impulsa la rendición de cuenta del Estado y permite elaborar estrategias para abordar nuevas problemáticas que van surgiendo durante el desarrollo”, precisó.
Repararon las participantes de organizaciones de la sociedad civil cubana que continúa siendo un tema preocupante la discriminación sistemática contra mujeres afrodescendientes, rurales y la comunidad LGBTIQ+.
Sin embargo, aunque lento, reconocen un pequeño logro toda vez que el retraso recurrente y la falta de cumplimiento de las obligaciones afecta la credibilidad del Estado.
“El informe es bastante comprensivo y da muestra de la incidencia que efectivamente logramos hacer al poner una serie de temas en la agenda de evaluación del Estado cubano, de una serie de vulneraciones de derechos que sigue cometiendo y en ese sentido que la CEDAW como comité le exige poder cumplir”, repararon.
Para la revisión del noveno informe presentado por el régimen, decenas de organizaciones de la sociedad civil enviaron informes propios y sirvieron de apoyo e información para las observaciones que la CEDAW realizó posteriormente.
El Comité señaló al régimen la ausencia en la legislación cubana de una “definición completa de discriminación contra la mujer” que abarque la discriminación directa e indirecta en todas las esferas, tanto públicas como privadas.
También recomendó a Cuba adoptar una legislación que aborde de manera explícita estas formas de discriminación en concordancia con los artículos 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El acceso a la justicia fue otra preocupación crítica, en la que el Comité identificó barreras específicas para las mujeres en zonas rurales y con discapacidades. “El acceso a los tribunales es limitado para estas mujeres debido a la escasez de juzgados en áreas remotas y la falta de accesibilidad para personas con discapacidades”, manifestó el Comité, que añadió que estos obstáculos son agravados por los costos legales, de transporte y la falta de información sobre los recursos disponibles.
