El costo prohibitivo de los servicios legales en relación con el salario mínimo en Cuba tiene un impacto considerable en el derecho a la defensa de los ciudadanos.
Por Laritza Diversent
En Cuba, la disparidad entre el salario mínimo y los costos de los servicios legales plantea una cruda realidad sobre el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho a la defensa. En medio de un contexto marcado por una inflación acelerada y sin perspectivas inmediatas de solución, el poder adquisitivo de los salarios sigue en declive, exacerbando las dificultades económicas que enfrentan las familias cubanas. Esta problemática se ve acentuada por una estructura económica que, a pesar de las reformas recientes, aún no logra proporcionar una respuesta eficaz ante la constante depreciación del salario frente a unos precios en constante aumento.
La más reciente actualización del salario mínimo en Cuba, que lo sitúa en 2 100 pesos, data de antes de la implementación de la “Tarea Ordenamiento” en 2020. Desde entonces, no se han anunciado aumentos que compensen la creciente inflación, de manera que los trabajadores siguen enfrentándose a la misma base salarial mientras los precios continúan en ascenso. Esta situación coloca a Cuba en una de las posiciones más bajas en el contexto latinoamericano en cuanto a salarios mínimos se refiere, ubicándose sólo por encima de Venezuela.
A continuación desglosamos y analizamos cómo esta realidad influye en el derecho a la defensa de los ciudadanos cubanos, en un sistema donde la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ostenta el monopolio de la prestación de servicios jurídicos. Al comparar el costo de estos servicios con el salario mínimo, emergen preocupaciones significativas sobre la capacidad de las personas para asegurar la representación legal adecuada en un proceso penal, y cómo esto puede afectar la equidad y el acceso a la justicia en la Isla.
Los servicios jurídicos de un abogado que defienda a una persona imputada por desórdenes públicos y la asista durante los interrogatorios y otras diligencias, tiene un costo de 3,500.00 CUP, mientras el salario mínimo en Cuba es de 2,100 CUP, que equivaldría aproximadamente a $12.09 USD al cambio oficial o a un valor ligeramente superior si se considera la tasa del mercado informal.
Al comparar estos dos factores, nos damos cuenta de que el costo del servicio jurídico es significativamente mayor que el salario mínimo mensual. De hecho, el costo de la defensa legal es aproximadamente un 167% del salario mínimo mensual (3,500 CUP / 2,100 CUP). Esto indica que el servicio jurídico representa una cantidad que excede por completo el salario mínimo de un trabajador cubano promedio por más de un mes.
Esta desigualdad en los costos puede generar problemas en el acceso a la asistencia letrada. Con un costo tan elevado en relación con el salario mínimo, es probable que muchas personas no puedan permitirse los servicios de un abogado. Esto plantea serios desafíos para el derecho a una defensa adecuada, un principio fundamental en cualquier sistema jurídico justo. Además, la existencia de una única organización que ofrece servicios jurídicos en Cuba puede limitar las opciones disponibles para las personas y potencialmente influir en los precios de los servicios, lo que dificulta aún más el acceso a la representación legal.
Las consecuencias de esta situación son alarmantes. La posibilidad de que las personas no puedan financiar su representación legal podría llevar a una desigualdad ante la ley, ya que solo aquellos con suficientes recursos podrían ejercer plenamente su derecho a la defensa. Esto podría tener implicaciones negativas en términos de justicia equitativa y podría resultar en una mayor vulnerabilidad para los acusados de bajos ingresos.
Finalmente, el impacto social y económico de este problema es considerable. El alto costo de los servicios legales, en comparación con el salario mínimo, puede disuadir a las personas de buscar ayuda legal cuando la necesiten, lo que podría conducir a una menor protección de sus derechos legales y civiles.
El costo prohibitivo de los servicios legales en relación con el salario mínimo en Cuba tiene un impacto considerable en el derecho a la defensa de los ciudadanos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar tanto la estructura de tarifas legales como los salarios para garantizar que el acceso a la justicia no esté condicionado por la capacidad económica de una persona.
