LA HABANA, Cuba. – Uno de los componentes esenciales que han de acompañar a productores y comercializadores en cualquier economía que funcione eficientemente es la confianza en las instituciones de la nación. Es decir, la certidumbre de que las autoridades respetarán el derecho de propiedad, las leyes del mercado, y se evitará que la voluntad de los gobernantes pueda pasar en un momento dado por sobre la legislación vigente.
En Cuba, lamentablemente, no existe nada de lo antes expuesto. Aquí los productores y comercializadores del sector privado laboran con una sensación de miedo. Miedo a que en cualquier momento las autoridades tomen represalias contra ellos debido a los precios de sus mercancías; miedo a que de pronto cambien las leyes y sean cerrados sus negocios, y miedo también a la subida de los impuestos a pagar al presupuesto del Estado.
Y qué decir de lo que sucede cuando las huestes de inspectores gubernamentales salen a las calles a inspeccionar a los actores económicos no estatales. Cuando se corre la voz de que esos inspectores están cerca, muchos negocios cierran temporalmente sus puertas para no verse expuestos al accionar de esa turba implacable y corrupta, que muchas veces, más que inspeccionar legalmente, lo que hacen es expoliar a cuentapropistas, cooperativistas e integrantes de las mipymes.
Así las cosas, en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, rindió cuentas de la labor de su entidad. En sus palabras afloraron varias de las deficiencias que su organismo no ha podido superar, como la no captación de los ingresos necesarios para revertir el gran déficit fiscal que arrastra el presupuesto, así como el no cobro de las deudas tributarias que mantienen muchos contribuyentes, en especial los del sector no estatal.
Mas, el tema de los precios centró la exposición del referido funcionario. No obstante el reconocimiento de que han sido insuficientes las gestiones de su ministerio para transformar el actual panorama en esta materia, el dictamen presentado por el Gobierno profundizó más en este asunto, y casi le restó valor al espíritu autocrítico del ministro.
El dictamen apunta: “El tema asociado a los precios debe ser abordado con mayor profundidad, pues la población no aprecia en ese sentido el papel regulador del Estado, y se hace necesario definir indicadores concretos que permitan medir lo que se ha logrado en materia de reducción de precios”.
Evidentemente, la visión de la cúpula gubernamental de que “la población no aprecia el papel regulador del Estado en materia de reducción de precios” constituye un indicio de que próximamente podría desatarse una batida contra los precios de mercado, formados por la acción de la oferta y la demanda, y que son considerados excesivos por las autoridades.
Como hemos comentado en ocasiones anteriores, este accionar contra los precios de mercado, de aparente corte populista, a la larga no hará otra cosa que desestimular a productores y comercializadores privados, con el consiguiente agravamiento de la escasez de productos y servicios que se observa en el país.
Entonces, ¿habrá sido casual la aparición en la prensa oficial (periódico Juventud Rebelde, edición impresa del 5 de octubre) de una iniciativa para crear un cuerpo de inspectores populares, formado por veteranos jubilados, “con todas las aptitudes físicas y mentales” para contrarrestar, entre otras, las alteraciones de precios y normas?
De cualquier manera, no hay dudas de que los miedos a que hacíamos referencia van a seguir impidiendo el avance de la economía cubana.
