Las autoridades judiciales continúan negando los beneficios estipulados por las leyes cubanas a los presos políticos, de acuerdo a las denuncias de sus familiares.
Abogados independientes afirman que, aunque el tribunal de ejecución penal es el que debe otorgar los “beneficios” a los reclusos, son los funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) los que determinan el tránsito de un régimen de mayor rigor a otro de menor severidad, los castigos o cualquier tipo de excarcelación anticipada prevista en la legislación penal.
Asimismo, consideran que el tránsito de los presos políticos a un régimen menos riguroso lo establece la Seguridad del Estado.
El pasado 26 de agosto le fue entregada la denegación de un cambio a un régimen de menor rigor al manifestante del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas, César Adriam Delgado Correa, sentenciado a cinco años de privación de libertad que cumple en la prisión cerrada de Agüica, en la misma provincia.
“Mi esposo ya lleva dos años y un mes cumplidos, el 26 de agosto lo denegaron otra vez, el derecho a campamento. Ya es como la tercera vez que le niegan el campamento. La respuesta es que no está listo para incorporarse a la sociedad y que es un peligro”, indicó su esposa Roxana García Pedraza.
A Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, el tribunal lo encontró culpable de los delitos de Desórdenes Públicos y Desacato. El joven de 28 años se sumó a las protestas de Colón y publicó en sus redes sociales un video de lo que sucedía: “El pueblo entero en la calle, esto es histórico”.
Según la Ley de ejecución penal, la duración de la pena impuesta resultará dividida en fases o grados con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus efectos restrictivos.
“Ya es para que estuviera en la calle con la libertad condicional porque él es primario, tiene buena conducta, le tocaba el tercio de la sanción”, explicó García Pedraza.
“Hasta cuándo van a tener a esos muchachos del 11 de julio esperando, cumpliendo condenas que no merecen, solamente por expresarse. Yo voy a seguir denunciando hasta que me lo liberen”, recalcó.
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De igual modo las autoridades impugnaron la petición de libertad condicional para Reyna Yacnara Barreto Batista, sancionada tras participar en las manifestaciones del 11 de julio, a cuatro años de trabajo correccional con internamiento en el “campamento” Anoncillo de la provincia Camagüey
“Le denegaron la libertad condicional. Yo puse el proceso el 22 de marzo y me dieron respuesta ahora, la semana pasada, el día 25 de agosto”, informó su madre Reyna Batista.
“La abogada me dice que se la denegaron por ‘connotación y peligrosidad del delito’, lamentó la madre.
La joven de 23 años fue detenida el 19 de julio, bajo los cargos de desórdenes públicos y atentado, enfrentando inicialmente una petición fiscal de 5 años de privación de libertad. Según ha explicado, el cargo de atentado le fue impuesto por responder a la agresión de un agente policial durante la protesta popular del 11 de julio de 2021.
También al preso político camagüeyano Ediyersy Santana Jouz, sancionado a dos años y tres meses de prisión, le fue objetada la petición de libertad condicional en la prisión cerrada Kilo 9 de Camagüey, donde cumple su sentencia por cargos de Resistencia y Desacato
El día 23 de agosto le dieron el papel de la denegación por 6 meses, primero se la denegaron por 3 meses y ahora por seis”, explicó Lourdes Duque de Estrada, su esposa.
El activista, uno de los asistentes a las protestas populares del 11 de julio de 2021 que resultó absuelto, fue condenado en mayo de 2022 por criticar en Facebook, una venta de bebidas alcohólicas el 1º. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
El independiente Centro Cubano de Derechos Humanos informó el pasado agosto que al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima severidad que les permite trabajar y autoriza breves estancias en sus hogares (pases).
