LA HABANA, Cuba. – Los activistas Lázaro Mendoza García y José Antonio Pompa López fueron trasladados el pasado viernes 2 de agosto a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este luego de permanecer detenidos durante varios meses en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado del régimen cubano.
“A mediados de junio el activista Lázaro Mendoza García fue citado por segunda vez a Villa Marista y automáticamente quedó arrestado. Fue acusado por el delito de ‘propaganda contra el orden constitucional’”, informó el periodista independiente Julio Antonio Rojas Portal, quien ha seguido el caso con fuentes familiares.
El pasado 4 de julio, la Seguridad del Estado cubano allanó la vivienda de Mendoza García, presuntamente buscando elementos incriminatorios asociados al delito que se le imputa al activista.
“Llegaron varios oficiales de la Seguridad del Estado con una orden de registro, pero como no podían entrar porque la llave de la casa no aparecía rompieron un cristal de la puerta y penetraron en la vivienda”, explicó Rojas Portal.
En ese sentido, detalló que los oficiales ocuparon “una jabita de nailon con papeles que tenían escritas consignas en contra del Gobierno, un pomo de pintura verde, un cartel que decía ‘Patria y Vida’ y la ropa con la que supuestamente accionó”, detalló el comunicador.
Además, relató que la Seguridad del Estado le mostró a la hermana de Mendoza García un video donde, supuestamente, se le ve tirando proclamas y poniendo carteles con frases en contra del régimen de la Isla.
Por su parte, Suarmi Hernández Vilar, esposa de José Antonio Pompa López, contó a CubaNet que este sábado 3 de agosto su esposo le realizó una llamada telefónica desde el Combinado del Este.
“Me dijo que los llevaron para el depósito del Combinado, que a él lo pusieron en la celda 21 y a Lázaro en la 23. Ya no pudo darme más detalles porque solo le dieron un minuto”, explicó la mujer.
Pompa López fue arrestado en la mañana del 26 de abril de este año por efectivos de la Seguridad del Estado luego de dejar a su hijo en la escuela.
Horas más tarde las fuerzas represivas del régimen cubano realizaron un registro en su hogar donde ocuparon su computadora, dos teléfonos, la tablet de su hijo y dos memorias flash.
Desde entonces había permanecido detenido bajo investigación en Villa Marista. De acuerdo con su esposa, el delito por el que también se le acusa es “propaganda contra el orden constitucional”, por el cual el Código Penal estipula penas de entre tres y diez años de privación de libertad.
Según Hernández Vilar, la Seguridad del Estado ha estado intentando vincular a los dos activistas al grupo opositor Cuba Primero.
“Quiero denunciar públicamente las acciones represivas contra mi esposo, quien ha estado sufriendo represión por parte de la Seguridad del Estado durante meses. Esta es la tercera vez que lo envían a prisión injustamente”, sentenció.
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