MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano presentó su candidatura para revalidar su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a pesar de su conocido historial de violaciones en ese ámbito.
Juan Antonio Quintanilla Román, embajador de Cuba en Ginebra, anunció en X, antes Twitter, la postulación del régimen para el período 2024-2026.
Según el funcionario, de resultar electa Cuba se comprometería a “abogar por el pleno respeto a los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad”.
El régimen cubano tendría también que promover el fortalecimiento de la cooperación internacional con respeto a la soberanía e integridad territorial de los países, así como continuar cooperando con esos mecanismos.
Asimismo, de ser elegida la candidatura, el Gobierno de la Isla debería cumplir “estrictamente con las obligaciones y los compromisos adquiridos en virtud de los 44 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales Cuba es Estado parte”.
Más allá de las aspiraciones del régimen, las constantes transgresiones en materia de derechos humanos en la Isla son noticia frecuentemente.
A principios del pasado agosto, la organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) informó sobre 14 nuevos presos políticos en Cuba, para un total de 1.047.
Del total de reclusos registrados por PD, casi 700 son prisioneros de conciencia del régimen por las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La ONG indica que la mayoría de esas personas son civiles no activistas, y sus familias denuncian persecución, amenazas, citaciones, arrestos y torturas.
Por otro lado, en el primer semestre de 2023 se han registrado unas 41 agresiones contra periodistas y otras 47 contra activistas en Cuba, según cifras publicadas por la organización Artículo 19 México y Centroamérica.
En su más reciente informe Libertad de expresión en Cuba: análisis semestral, la organización indicó que la libertad de expresión en la Isla dista mucho de ser un derecho garantizado y un ejercicio libre, propio de cualquier democracia y Estado de derecho.
“Ha prevalecido una continuidad e intensificación de la represión contra periodistas independientes y activistas de derechos humanos que hacen uso de sus espacios digitales y del espacio público para ejercer el derecho. Las agresiones para inhibir y limitar el trabajo investigativo, periodístico y de activismo en la isla vienen de parte del Estado y tienen un carácter sistemático”, expone el texto.
