MIAMI, Estados Unidos. – Luego de más de un mes sin otorgar beneficios penitenciarios a personas encarceladas por motivos políticos, el régimen cubano ha reanudado las excarcelaciones, aunque bajo condiciones estrictas y sin otorgar una libertad plena a los beneficiados. Según informaciones del grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba Justicia 11J, al menos dos prisioneros políticos del 11 de julio de 2021 (11J) fueron liberados este jueves.
Uno de los excarcelados ―bajo la figura de libertad condicional― es Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, un manifestante del 11J de La Güinera condenado inicialmente a 15 años de prisión. En agosto de 2023, las autoridades le informaron a su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón, que el joven sería sometido a un nuevo juicio por “desórdenes en establecimientos penitenciarios” tras protestar contra el acoso sufrido por parte de las autoridades durante una visita familiar.
La otra excarcelación confirmada este jueves fue la de Yaquelín Castillo García, también prisionera política del 11J. La presas política fue condenada por el Tribunal Provincial de La Habana a 11 años de prisión por el supuesto delito de “sedición”.
La salida de prisión de Castillo García, así como la de Cabrera Gutiérrez, se dio bajo estrictas condiciones y sin garantías de libertad incondicional. La falta de transparencia sobre cuántos prisioneros políticos serán liberados y bajo qué criterios ha generado incertidumbre en la sociedad civil y en las familias de los detenidos.
En enero de este año, el régimen cubano anunció el “otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos”. Sin embargo, Maricela Sosa Ravelo, una de las vicepresidentas del Tribunal Supremo Popular de Cuba, aseguró en la revista Buenos días, del Canal Caribe, que no se trataba de una amnistía ni un indulto, medidas que conllevarían la extinción total de la sanción y que las personas beneficiadas no queden sujetas a ningún control.
“En este caso son beneficios de excarcelación anticipada”, aseguró la funcionaria. También precisó que se incluyen personas que, por sus condiciones de salud o edad, recibirán “licencia extrapenal”. Varios presos políticos también han sido enviados a sus casas bajo “libertad condicional”, un beneficio que entraña restricciones de movilidad y otras.
Negociaciones internacionales y falta de transparencia
En enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) aseguró que los excarcelados serían “personas sancionadas por delitos diversos” tras conversaciones con El Vaticano para recibir el Jubileo Ordinario de 2025. Sin embargo, la Administración de Joe Biden informó que se trataba de la liberación de prisioneros políticos como parte de un acuerdo entre el Gobierno cubano, la Iglesia Católica y Estados Unidos.
En una nota oficial, la Cancillería cubana evitó referirse a las negociaciones con Estados Unidos, aunque la medida de excarcelación fue anunciada pocas horas después de conocerse que Washington sacaría a la Isla de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y suspendería el Título III de la Ley Helms-Burton.
El 16 de enero, el Tribunal Supremo Popular informó a través de la televisión que 127 personas habían sido excarceladas hasta ese momento: 121 con libertad condicional y seis con licencias extrapenales. Sin embargo, el Gobierno cubano no publicó una lista oficial de los beneficiados, lo que ha generado incertidumbre y ha complicado el seguimiento del proceso por parte de organizaciones de derechos humanos.
Justicia 11J ha documentado que el régimen no ha concedido liberaciones inmediatas e incondicionales. En algunos casos, se ha otorgado beneficios penitenciarios a reclusos que ya estaban en sus hogares bajo licencias extrapenales. Además, se ha informado que algunas excarcelaciones han incluido a personas condenadas por delitos comunes.
Condiciones restrictivas para los liberados
Las personas excarceladas deben cumplir con requisitos y condiciones impuestas por las autoridades cubanas, incluyendo “demostrar buen comportamiento”, según la vicepresidenta del Tribunal Supremo citada más arriba. Esto significa que podrían ser apresadas nuevamente si el régimen lo considera oportuno.
La ausencia de información oficial sobre las excarcelaciones ha generado confusión en la sociedad civil. Muchas familias desconocen si sus seres queridos serán liberados y bajo qué condiciones. Justicia 11J ha denunciado que “se han recibido denuncias públicas y mensajes que muestran el daño colateral de este proceso y los altos niveles de tensión, asociada a la incertidumbre”.
Según la ONG, “el régimen cubano ha utilizado la desinformación como herramienta para mantener el control sobre la narrativa de las excarcelaciones y reducir la presión internacional”.
(Noticia en construcción)
