El Reverendo Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), fue recibido por el dictador Miguel Díaz-Canel este 18 de diciembre en Cuba, un país incluido en el listado de naciones que no respetan la libertad religiosa.
Este encuentro en el Palacio de las Convenciones, en La Habana, es el segundo de 2023, el anterior ocurrió en New York durante la visita del Díaz-Canel a Estados Unidos en septiembre pasado.
Según reseñó la prensa oficial Pillay “reiteró el apoyo del Consejo a la lucha de la mayor de las Antillas contra el bloqueo, así como el rechazo a la inclusión de la Isla en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo”.
Pillay también se encontró con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. El religioso llegó a Cuba el 17 de diciembre y estará hasta el 19.
— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) December 18, 2023
El CMI está integrado por 352 iglesias miembros en 120 países. Pillay es su secretario general desde junio de 2022.
En mayo pasado, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) recomendó incluir a Cuba en el listado de “Países de Especial Preocupación”, una denominación para los gobiernos que cometen o toleran violaciones a la libertad religiosa.
En la presentación del informe, el comisionado Frederick A. Davie mencionó que en el 2022 el régimen cubano “controló estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de los líderes religiosos y laicos, el exilio forzoso y el maltrato de los presos de conciencia religiosos”.
Entre los ejemplos citados por Davie para sustentar su afirmación figura la detención de pastores, las amenazas a religiosos y la confiscación de sus bienes.
Un mes después, un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) mostró que el 68% de los cubanos conocen a alguien que ha sufrido acoso o discriminación por motivos religiosos.
Según la encuesta, realizada a 1.394 personas en 15 provincias, los principales motivos de discriminación son tener posturas políticas basadas en la fe (59%) o hablar públicamente de ella (45%). Esto, según el OCDH, muestra el intento de las autoridades de recluir la religión al ámbito privado.
