MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, 4 de octubre, el régimen cubano pondrá en vigor su Ley de Comunicación Social. Según funcionarios del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), esta norma busca mejorar el sistema de comunicación en el país. No obstante, ya ha sido criticada como un nuevo instrumento de las las autoridades cubanas para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información.
Belkis Pérez Cruz, vicepresidenta del ICS, dijo este miércoles en el programa estatal Mesa Redonda, que su entidad había recorrido “162 municipios del país” para socializar la nueva normativa. También señaló que, aunque la plantilla del ICS no está completa, “el 89% de los municipios ya cuentan con jefes o especialistas” que podrán comenzar a trabajar bajo el nuevo marco legal.
Por su parte, críticos han señalado que esta ley podría aumentar el control del Estado sobre los medios de comunicación y los canales de información. Aunque Pérez Cruz destacó el carácter “colectivo” del proceso de implementación, el papel central del ICS en la regulación de todos los aspectos de la comunicación —desde los medios organizacionales hasta los comunitarios— podría consolidar el control del régimen sobre los mensajes que se transmiten a la población.
Uno de los aspectos más discutidos de la ley es la regulación de la publicidad. Lorayne Izquierdo O’Farril, subdirectora general de Publicidad y Patrocinio del ICS, afirmó que “la ley reconoce la publicidad y el patrocinio como parte del sistema de comunicación”, pero también aclaró que la publicidad estará sujeta a un estricto control. Según la normativa, la publicidad de productos como el tabaco o las bebidas alcohólicas estará restringida a ciertos horarios y no podrá utilizar figuras públicas como deportistas o artistas.
Si bien es cierto que la protección de sectores vulnerables es importante, la centralización del control publicitario en manos del Estado podría limitar las oportunidades de promoción para los actores no estatales, especialmente en un contexto de crisis económica.
Isidro Betancourt Silva, subdirector general de Comunicación Mediática del ICS, también abordó el papel de los medios en este nuevo escenario e hizo énfasis en la obligación de actualizar los registros de sitios web y publicaciones seriadas. “No se trata de una regulación en el sentido de imponer restricciones”, afirmó Betancourt.
Sin embargo, la insistencia en la inscripción y el control sobre los medios que quieren acceder a beneficios plantea preocupaciones sobre cómo esta nueva ley podría afectar a la prensa independiente. En un país donde los medios de comunicación han estado históricamente bajo el control del Estado, las nuevas regulaciones pueden percibirse como una herramienta para limitar aún más las voces disidentes y mantener un férreo control sobre la información disponible para la ciudadanía.
Tras la aprobación de la ley, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al régimen cubano por su “ardid de legalizar la censura”, que refuerza la represión a la libertad de prensa y restricción de la libertad de expresión de los ciudadanos.
Michael Greenspon, nuevo presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, denunció el endurecimiento de las restricciones a los medios y periodistas en la Isla.
“Es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social”, declaró Greenspon, según la nota publicada en la página web de la SIP.
“En sus más de seis décadas de existencia, la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos”, agregó.
Como se deriva de sus postulados, la normativa no garantizará la libertad de prensa en la Isla ni permitirá la difusión de contenidos independientes de los producidos por el Estado; solo reconoce la legalidad de los medios que están vinculados al Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en el país.
Desde su aprobación, periodistas y diversas organizaciones no gubernamentales han señalado que la ley representará un endurecimiento de las restricciones sobre los medios digitales independientes en Cuba, que seguirán sin ser reconocidos por el régimen y cuyos periodistas están sometidos al acoso y las amenazas de cárcel de las autoridades.
En su artículo 13.1, por ejemplo, dispone que “los contenidos en ningún caso pueden (…) emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista”; “difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos, entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país”.
Esta cuestión se ampara igualmente en el Código Penal (en vigor desde diciembre de 2022), específicamente en su artículo 185.1, sobre el delito de “desobediencia”, cuya sanción pudiera ser de seis meses hasta tres años de privación de libertad, o multa de hasta 300 cuotas por amenazar, calumniar, difamar, insultar, injuriar, ultrajar u ofender a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares.
