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La gestión de las cadenas agroalimentarias cubanas de mango, guayaba y papaya, incluidas en el proyecto de colaboración internacional Agrofrutales, tiene entre sus objetivos que municipios y gobiernos locales empiecen a establecer estrategias propias hasta lograr un alcance a nivel de país.
Implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con Canadá como país donante, desde 2018 trabaja en cinco municipios del país, y consta de 35 beneficiarios. De ellos 25 cooperativas y 10 entidades estatales, con 35 proyectos de intervención, explicó a Prensa Latina el coordinador técnico nacional del proyecto, Emilio Farrés.
El criterio de selección de las localidades -Caimito, Alquizar, Artemisa, Contramaestre y Santiago de Cuba-, de las provincias de Artemisa y Santiago de Cuba, estuvo dado por el peso que tenían en la producción de frutas a nivel nacional, precisó.
Señaló el también investigador que el Ministerio de la Agricultura y el Instituto de Fruticultura -como brazo ejecutor- concibieron el proyecto por etapas y buscan tres resultados.
En primer lugar, ampliar las capacidades locales para, entre gobierno y productores, gestionar la cadena, diagnosticar la planeación estratégica local y el fortalecimiento de las capacidades de las personas.
En segundo, fortalecer las capacidades productivas de las entidades cooperativas, y por último, robustecer las de entidades estatales o no cooperativas.
Farrés destacó que existen dos aspectos transversales en el proyecto, la eliminación de brechas de género y el empoderamiento de las mujeres, así como la eficiencia energética de la cadena mediante el uso de fuentes de energía renovable.
Sobre las cuestiones de género, explicó que los estudios complementarios identificaron la poca participación de la mujer en las cadenas de frutales y como resultado promovieron proyectos para eliminar las brechas y otorgarles un papel más relevante.
Otra investigación, abundó, se centró en la eficiencia energética, lo cual permitió incluir dentro de los proyectos de intervención las adquisiciones de sistemas de riego con paneles fotovoltaicos, molinos de viento y otras formas de empleo de las fuentes de energías renovables, unido a una pesquisa financiera que abarcó los intereses del mercado.
Elaboradas por los propios productores, añadió, las iniciativas cuentan con una evaluación económica para garantizar la sostenibilidad y en los estudios quedó identificado que una parte de la comercialización deberá dirigirse a nichos como el turismo, mercado interno o exportación.
Esto, a fin de garantizar la recuperación de insumos, piezas de repuesto para equipos agrícolas y de transporte, para el equipamiento de las entidades que generan valor añadido al procesamiento de la fruta o su beneficio, enumeró.
Estos aspectos se observan como un problema en esta estrategia y en los frutales en Cuba de manera general, subrayó el experto.
Destacó el investigador que en esos proyectos existe una articulación con la Ley de Seguridad Alimentaria (SAN). Nosotros, dijo, elaboramos la estrategia nacional de frutales, lineamientos fundamentales para que cada municipio elabore su plan y el de las localidades, liderado por sus propios gobiernos.
La descentralización de las funciones y el problema alimentario de cada localidad es una responsabilidad del gobierno, el Instituto aporta herramientas.
La ley SAN, la estrategia y el desarrollo de los lugares no se pueden ver aislados, continuó, “los frutales forman parte del complemento nutricional, y cada municipio tiene que ser soberano, al menos, de la mayor cantidad posible de alimentos para su población”.
Indicó Farrés que pese al decrecimiento de los indicadores productivos de la agricultura en los últimos años, en los polos productivos de las tres cadenas trabajadas se aprecia un aumento con relación a la línea base de 2018, y en algunos lugares se sobrepasó la meta.
Ello demuestra la pertinencia de la gestión de las cadenas, trabajar sobre los puntos más débiles para alcanzar un desarrollo uniforme, por ejemplo, quizás el problema no es productivo sino de comercialización o de transformación de la fruta.
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase tres, la implementación y medición de los resultados, pero se solicitó al gobierno de Canadá una extensión hasta finales 2024 y una ampliación del crédito dada las afectaciones externas surgidas al coincidir con la pandemia de la Covid-19.
Enfermedad global cuyo impacto negativo trascendió hacia el comercio internacional, el incremento de fletes, atrasos en la llegada de equipamientos, el arribo a la presidencia estadounidense de Donald Trump (2017-2021) que arreció el bloqueo contra el país, y además, el paso del huracán Ian en 2022 por Artemisa, una de las provincias beneficiadas.
Sin embargo, se observan resultados relevantes en la transformación realizada en los territorios, el fortalecimiento de las capacidades productivas de las cooperativas, la mejora en el manejo de las plantaciones, la inserción de tecnologías más eficientes y sostenibles.
También se registran el incremento de la producción y el empleo de bioproductos, la ampliación de las capacidades locales para agregar valor y el ascenso de la participación y empoderamiento de las mujeres.
En todo caso, para lograr mejores resultados se requiere de la activa participación de la diversidad de sectores, actores e instituciones que forman parte de la cadena.
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