MADRID, España.- Esta semana Human Rights Watch presentó su Informe Mundial sobre Derechos Humanos, en el que expuso las persistentes violaciones perpetradas por el régimen de La Habana a lo largo del último año. El documento detalla cómo el Gobierno cubano continuó reprimiendo cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los ciudadanos enfrentaron una crisis económica severa que afecta sus derechos básicos.
El informe destaca que el régimen ha persistido en detenciones arbitrarias con el objetivo de hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos. A dos años de las históricas protestas de julio de 2021, las cuales fueron las más multitudinarias desde 1959, más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, permanecen encarceladas en relación con dichas manifestaciones. Muchos de ellos han sufrido incomunicación, maltratos y, en algunos casos, torturas.
El texto también se refiere a la crisis migratoria y apunta que en el periodo entre enero de 2022 y octubre de 2023 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 420.000 cubanos, algunos de los cuales viajaron hacia el norte a través de Nicaragua, que eximió el requisito de visado para los ciudadanos cubanos a fines de 2021. Además, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.800 cubanos en el mar entre octubre de 2022 y julio de 2023.
También se denuncia la prohibición del gobierno de permitir a críticos abordar aviones para visitar o regresar a su propio país, violando así el derecho internacional de los derechos humanos.
En cuanto a los derechos económicos y sociales, el informe subraya que la crisis económica en Cuba está afectando gravemente la posibilidad de las personas de ejercer estos derechos. Los cubanos sufren apagones eléctricos, escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.
En noviembre, más de 1.000 personas, incluyendo 34 adolescentes, permanecían encarceladas en Cuba cumpliendo con la definición de presos políticos según Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid. En este sentido destaca los casos de los presos políticos José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba; y los artivistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (El Osorbo).
Las prisiones en el país están abarrotadas, y no existe un mecanismo efectivo para que los detenidos presenten reclamos por abusos. El acceso de organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas a las cárceles sigue siendo negado por el gobierno, denunció Human Rights Watch.
Adicionalmente, el régimen controla prácticamente todos los medios de comunicación en Cuba, restringe el acceso a información extranjera y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes, evidenciando un patrón continuo de violaciones a los derechos humanos en la Isla.
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