Preso político enfermo tras inhalar sustancia tóxica en celda de castigo de cárcel de Quivicán

El preso político Roberto Pérez Fonseca podría tener daños serios a su salud después de inhalar óxido de calcio durante su confinamiento en una celda de castigo en la prisión Quivicán de la provincia Mayabeque.

“Hace más de un mes que está con una crisis de asma. No ha tenido atención médica, le dan aerosol y ya, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque no es asmático, y un especialista lo tiene que ver”, explicó a Martí Noticias la madre Liset Fonseca.

Pérez Fonseca fue castigado en una celda tapiada tras manifestarse, el 19 de febrero, en el patio de la cárcel en memoria del prisionero político muerto en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo.

“Ese lugar lo tenían como almacén de la cal para pintar la prisión, pero ahí quedó todo el resto de la cal, todo lleno de ese polvo, y él lo aspiró”, insistió la madre del preso político.

El joven manifestante permaneció por tres días en la celda tapiada y la exposición a la cal bastó para enfermarlo.

Respirar hidróxido de calcio puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. Si la cal ingresa a los pulmones puede ocurrir un daño pulmonar grave y, posiblemente, permanente.

“Hablé con el jefe de la prisión sobre lo que está pasando con mi hijo. Me dijo que fuera al puesto médico para hacerle un ‘conduce’ para sacarlo y hacerle una placa, pero no fue así”.

La semana pasada la madre del preso político se presentó en la Fiscalía Provincial de Mayabeque y denunció la falta de atención médica a su hijo por el daño sufrido tras la aspiración del químico.

El viernes lo sacaron para el penal de Melena del Sur, que es donde concentran a los reclusos que van a ser llevados a un centro médico.

“Lo pusieron a dormir en una colchoneta en el piso porque no hay camas libres. Todavía no lo han llevado a hacerle una radiografía, ni a que lo vea un especialista”, lamentó la mujer.

En el Reglamento de la Ley de Ejecución Penal, el régimen asegura que “los sancionados y detenidos reciben una atención preventiva, asistencial y especializada similar a la que el Estado garantiza a la población”.

Eric Luis Acea Quevedo, de 24 años, el hombre que protestó en solitario contra el hambre y los apagones en Cienfuegos rompiendo un auto oficial, deberá pagar más de 300.000 pesos en daños, dijeron a Martí Noticias fuentes conocedoras del caso.

“Yo nunca he visto que un carro cueste tanto dinero. Primero lo querían acusar por atentado pero hasta ahora lo que se dice es que deberá pagar un montón de dinero al gobierno y esperar el juicio en prisión”, dijo una persona que pidió no ser identificada.

Los daños que tendría que pagar Acea Quevedo se dividen en: parabrisas delantero del auto, 136,066.58 pesos; parabrisas trasero, 54400.24 pesos; cristales de puertas, 44,610.08 pesos; mano de obra, chapistería y pintura parcial 73,100 pesos.

El pasado 12 de marzo Acea Quevedo apareció con un machete en el parque principal de Cienfuegos y en protesta contra los apagones y el hambre arremetió contra un auto estatal antes de ser reducido por la policía que inmediatamente lo detuvo.

Vecinos del joven dijeron a Martí Noticias que trabajaba como pintor en una brigada perteneciente a la empresa de mantenimiento y construcción, que es padre de una niña de tres años, vive junto a su esposa y tiene bajo su cuidado a una prima que es esquizofrénica.

“Se cansó de los apagones, del hambre. Llega a tu casa con el arroz de la comida y el picadillo… se acabó el gas, te quitan la corriente, la leche que te dan cada dos días está cortada y la niña pidiendo comida. Cualquiera se vuelve loco y sale a protestar”, dijo una de las fuentes entrevistadas.

El régimen cubano respondió al reporte de la manifestación, publicado primero por Martí Noticias, con un comunicado en un grupo de Facebook controlado por la Seguridad del Estado, donde se afirmaba que Acea Quevedo estaba borracho y drogado al momento de la protesta.

“Eso es mentira. Esa fue la forma que encontró de liberar el estrés de verse imposibilitado de alimentar a su hija, pero él no consume drogas. Los precios están disparados hasta por el Estado y lo que se cobra no alcanza ni para lo esencial”, declaró a nuestra redacción una de las fuentes consultadas sobre este caso.

Cuba vive una profunda crisis económica debido a la ineficiencia de su modelo socialista de corte soviético. De acuerdo con expertos, una canasta básica para dos personas en La Habana cuesta alrededor de 19.975 pesos mensuales, mientras que un salario mínimo es de 2.100 pesos. La economía insular está muy golpeada por la inflación, que en febrero registró un incremento del 32,8% respecto al mismo mes del año anterior.

La Fiscalía todavía no se ha pronunciado

El joven permanece detenido desde el 12 de marzo y un oficial de la Seguridad del Estado es quien lleva el caso.

“Lo golpearon en el momento del arresto, incluso cuando ya había soltado el machete. Tenía quemaduras por rozamiento en el hombro derecho y un poco más arriba. La familia no puede comunicarse con él porque el instructor de la Seguridad del Estado no les permite ni siquiera estar solos con el abogado”, precisó una fuente al tanto del proceso contra Acea Quevedo.

Esta persona asegura que en un inicio, la causa contra el joven era sabotaje, lo que en el Código Penal cubano corresponde a penas entre 10 y 20 años de prisión.

En estos momentos la fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre los cargos que finalmente impondrá contra Acea Quevedo.

Las recientes protestas en Cuba han suscitado numerosas reacciones internacionales. En Estados Unidos, dos entidades no gubernamentales difieren acerca del origen y la solución a las demandas de los cubanos que exigieron en las calles “Corriente, Comida y Libertad”.

Uno de estos grupos es America First Policy Institute (AFPI), una organización sin fines de lucro de tendencia conservadora, que consideró que el descontento expresado por el pueblo en las protestas refleja el fracaso del sistema socialista en la isla.

En entrevista con Martí Noticias, Kevin Cabrera, Asesor Principal de Asuntos Hispanos Nacionales de AFPI, dijo que “hace seis décadas, Cuba era la joya del Caribe”.

“Hoy estamos viendo a las personas en la calle y no tienen ni la alimentación básica. ¿Y por qué? Porque estamos viendo el fracaso del socialismo, el fracaso de todas estas ideas izquierdistas, las cuales no funcionan. Tiene que haber ley y orden y una economía con libertad de expresión y libertad para que las personas puedan abrir un negocio para que el país pueda florecer”, opinó Cabrera.

En un comunicado AFPI condenó enérgicamente al régimen comunista de La Habana por cortar el acceso al Internet para silenciar a los manifestantes.

“Lo que estamos viendo es que están quitando la Internet para prevenir que ellos puedan comunicarse y hacer algún tipo de manifestación. Planificar cosas es un poco más difícil sin Internet. Estas no son tácticas nuevas. Esta es un táctica que han usado durante las últimas seis décadas que han oprimido al pueblo cubano y que han exportado alrededor del mundo. La exportación número uno de Cuba ha sido la opresión, cómo oprimir un pueblo, eso es lo que Cuba ha tratado de enseñar a Venezuela, Nicaragua y a otros países alrededor del mundo”, declaró a Martí Noticias el asesor de este instituto.

Por su parte, Code Pink, una organización sin fines de lucro de tendencia liberal, dijo en un comunicado que las peticiones de electricidad y alimentos que se escucharon durante las recientes protestas “reflejan la frustración del pueblo cubano” y manifestó que esas dificultades “se ven exacerbadas por las sanciones estadounidenses, que están diseñadas para dañar a los civiles”.

“El embargo de Estados Unidos a Cuba ha causado un inmenso sufrimiento al pueblo cubano, bloqueando las donaciones de alimentos y medicinas incluso durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. Tradicionalmente, los grupos vulnerables en Cuba dependían de los subsidios estatales para productos esenciales como leche en polvo, arroz y frijoles, pero la decisión de Trump de incluir a Cuba en la lista SSOT (Lista de Países que Patrocinan el Terrorismo) ha tenido profundas repercusiones en la capacidad de Cuba para producir y adquirir bienes esenciales”, expresó Code Pink.

La organización dijo que “si la administración Biden está realmente preocupada por Cuba, debería levantar las sanciones de base amplia, eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y priorizar la diplomacia y el compromiso para aliviar las dificultades que enfrenta el pueblo cubano”.

Martí Noticias pidió una entrevista con un representante de Code Pink pero la organización respondió que no tenían a nadie disponible para hacer comentarios.

Washington rechazó esta semana las acusaciones del régimen de La Habana de que Estados Unidos estuvo detrás de las protestas populares que estallaron el 17 de marzo en varias localidades de Cuba.

En un correo electrónico a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado dijo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel es responsable del sufrimiento del pueblo cubano, que continúa protestando por la falta de recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad, y la capacidad de ejercer libertades reconocidas internacionalmente.

El portavoz de la cancillería estadounidense señaló que cerca de 700 cubanos siguen encarcelados en la isla como presos políticos, injustamente detenidos por participar en protestas del 11 de julio de 2021 y que el gobierno cubano continúa deteniendo a sus ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La Fiscalía Municipal de Caibarién, en la provincial Villa Clara, confirmó la ilegalidad de una citación que hiciera el jefe de Sector de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) al ex preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, según reveló el periodista independiente a Martí Noticias.

El comunicador dijo que recibió el miércoles la notificación de que debía acudir a la unidad policial de la zona y que de no hacerlo incurría en el delito de desobediencia.

“Se presentó en mi vivienda un policía vestido de civil, el Jefe de Sector, de donde yo vivo, nombrado Ariel López Aguilar. Me dio una supuesta citación oficial que no firmé porque, de antemano, él no estaba vestido de policía. Entonces esa fue la primera violación que había cometido este policía que es el mismo que testificó en el juicio en contra de los manifestantes del 11 de julio de Caibarién, haciendo testimonios falsos sobre cada uno de nosotros”, relató Morales Rodríguez a Martí Noticias.

Morales Rodríguez, excarcelado este mismo mes tras cumplir una pena de dos años y tres meses por “desórdenes públicos”, luego de participar en las Protestas del verano de 2021 en su localidad.

“Sabiendo que es ilegal, me presenté este jueves en la oficina de Bufetes Colectivos donde una abogada me ratificó que la citación carecía de valor por no tener fecha, ni hora ni cuño y por tanto no tenía que presentarme a la misma”, agregó.

Después de hablar con la defensora, Morales Rodríguez pidió una entrevista en la Fiscalía Municipal e interpuso, de forma verbal, una queja contra la conducta del oficial policial.

“Me atendió el jefe de la Fiscalía que se identificó como Carlos. Me dijo que la citación que me entregó la Policía estaba ilegal, que el procedimiento completo fue ilegal y por tanto no tenía que presentarme en la unidad”, señaló el periodista independiente.

El opositor dijo que el jefe de los fiscales de Caibarién le aseguró que no puede tomarse ningún tipo de acción represiva ni medidas contra él porque no asista a la citación porque el aviso no tiene valor legal ninguno al no regirse por lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal.

De acuerdo con el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, las autoridades policiales sólo pueden usar la citación oficial cuando estén investigando un presunto delito, un acto que podría cumplir con las características legalmente tipificadas como delictivas en el Código Penal.

No obstante, “ciudadanos, activistas, periodistas independientes y opositores políticos son convocados de manera sistemática para comparecer en las estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), incluso cuando no están relacionados con procesos penales en curso. Este proceder se ha transformado en un método arbitrario de coacción y represión estatal dirigido a aquellos que eligen ejercer sus derechos fundamentales a la libre expresión y asociación”, concluyó Cubalex.

La plataforma opositora D Frente propuso convocar al gobierno de Noruega para que facilite y observe un eventual proceso de transición en Cuba.

La agrupación de la sociedad civil considera que las autoridades cubanas deben iniciar un proceso de cambios para “superar las causas estructurales de la crisis sistemática que vive la nación cubana”.

Entre las medidas que sugieren en un comunicado divulgado este jueves está “convocar al gobierno de Noruega para que coordine con otros gobiernos y organizaciones internacionales la creación de un grupo de facilitación y observación del proceso de transición”.

Noruega funciona desde hace décadas como facilitador en procesos de paz en Asia, América Latina, África y Medio Oriente.

Por otra parte, D Frente exige que “se respete el derecho constitucional de los cubanos a protestar”.

Otras de las demandas son liberar a todos los presos políticos y aprobar una amnistía general; eliminar las prohibiciones de entrada y salida del país de todos los cubanos; permitir la entrada de ayuda humanitaria, coordinada por la sociedad civil y la emigración cubana; cesar la represión, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y los cortes selectivos de Internet a los opositores, periodistas independientes y otros activistas y ser parte de un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas que garantice el pluralismo político como derecho humano.

Además, solicitan que una Ley Electoral provisional que ampare la nominación democrática de los candidatos a la Asamblea Nacional y demás puestos electivos.

“El proceso de transición democrática concluirá con la realización de una Asamblea Constituyente de carácter originario que siente las bases de la nueva República”, indican en el comunicado.

El opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente de D Frente, dijo a Radio Martí que se ha hecho un planteamiento realista para impulsar lo que describe como una transición muy necesaria.

Sería un proceso sin exclusiones ideológicas, con una amplia diversidad de actores internos de la sociedad cubana, afirmó Cuesta Morúa.

La reciente ola de protestas populares ocurridas en Cuba el pasado 17 de marzo, bautizadas como 17M, ha generado numerosos pronunciamientos de respaldo a las demandas de los manifestantes dentro y fuera de Cuba.

Otra declaración, publicada el miércoles por la plataforma Pasos de Cambio, creada en 2019, también insta al movimiento democrático cubano a trabajar unido en un proyecto de transición, pero deja fuera al régimen cubano.

En este caso, la veintena de organizaciones opositoras consideraron que el Estado cubano “es incapaz y será incapaz de garantizar los servicios básicos” a la población.

“La salida a la gran crisis a la que el régimen ha forzado a nuestro pueblo es la salida de la dictadura y por eso desde esta posición de unidad le estamos enviando este mensaje de apoyo al reclamo de libertad del pueblo cubano, de alerta a los militares para que paren la represión y esta solicitud de apoyo a la comunidad internacional para que presione a esa dictadura y tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía”, explicó una de las firmantes de esta iniciativa, la opositora Rosa María Payá.