AREQUIPA, Perú – Gustavo Petro, presidente de Colombia, quiere conversar nuevamente con Nicolás Maduro sobre la crisis política desatada en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
En declaraciones para la agencia EFE, el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, refirió este viernes las intenciones de su presidente, señalando que Bogotá mantiene el diálogo abierto a todos los niveles con Caracas.
Según el alto funcionario, la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que tendrá lugar el 1 de octubre, podría ser una buena oportunidad para que Petro y Maduro busquen una solución política para la situación en Venezuela.
“Estamos procurando una nueva conversación entre los dos presidentes (Gustavo Petro y Nicolás Maduro) y después entre todos”, resaltó en referencia a la participación del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Rojas actualmente está de gira por Europa, con paradas en Alemania y Suiza antes de viajar a España, donde no tiene planes de reunirse con Edmundo González Urrutia, reconocido por el Parlamento Europeo como ganador de las elecciones en Venezuela.
El Gobierno de Maduro es reconocido por el Ejecutivo de Colombia hasta enero de 2025, fecha en que debería producirse la toma de posesión del presidente elegido en las urnas.
El pasado 29 de julio el oficial Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, acreditó la victoria a Maduro sin hasta el momento presentar con detalles las actas de los comicios que validen ese resultado.
“Nosotros queremos que esos resultados sean confiables para poder reconocer quién ganó las elecciones”, resaltó Rojas.
Por su parte, la venezolana Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicó hace semanas en internet las actas que prueban el triunfo deGonzález Urrutia.
El vicecanciller colombiano ha declarado al medio español ABC que para su Gobierno es difícil aceptar los resultados del CNE, ratificados también por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo el control de Maduro.
Crisis postelectoral en Venezuela
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela denunció el pasado martes que al menos 158 niños fueron detenidos durante las primeras protestas que se desencadenaron tras las elecciones presidenciales en el país.
Entre los detenidos se encuentran menores con discapacidades, acusados de delitos graves como terrorismo e incitación al odio. Estas detenciones forman parte de las más de 2.200 personas arrestadas, según cifras proporcionadas por el propio Gobierno venezolano.
La misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones de derechos en Venezuela, denunció que el régimen de Nicolás Maduro está cometiendo crímenes de lesa humanidad por motivos políticos.
Marta Valiñas, presidenta de la misión y jurista portuguesa, afirmó que el aparato de gobierno ha centrado sus esfuerzos en aplastar a toda la oposición pacífica mediante un plan continuo y coordinado para silenciar y reprimir a quienes disienten de la retórica oficial. “Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado. Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, declaró Valiñas durante la presentación del informe en Ginebra.
El informe, que abarca el periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, destaca que la actual crisis en Venezuela es “la peor de la historia reciente” y que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”.
Según la misión, las autoridades venezolanas ya no intentan aparentar independencia, dejando a la ciudadanía totalmente indefensa ante la arbitrariedad estatal y haciendo que muchas garantías judiciales hayan perdido su efectividad.
Entre los hechos documentados se incluyen 48 detenciones entre diciembre y marzo bajo cargos de conspiración, así como 120 arrestos en julio durante la campaña electoral. En total, más de 2.000 personas fueron detenidas tras el escrutinio electoral.
La misión, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina Patricia Tappatá, presentará oficialmente su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU este jueves, denunciando cómo la escalada represiva del Estado venezolano ha sumido al país en una crisis sin precedentes.
