Una petición en Internet solicita firmas para demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos que considere el documento migratorio I-220A como un parole humanitario.
La iniciativa, respaldada hasta el momento por más de tres mil firmas, asegura que pudieran beneficiarse más de 500.000 inmigrantes de diferentes nacionalidades que cuentan con este documento, de conseguir esta modificación.
La petición en change.org dice que con el cambio sugerido los inmigrantes podrían regularizar su estatus, y en el caso de aquellos provenientes de Cuba, les valdría para calificar para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano de 1966.
Este mes un panel de tres jueces del Departamento de Justicia de EEUU desestimó el otorgamiento de residencia a un migrante cubano procesado con el formulario I-220A y devolvió el caso a un tribunal de inmigración para que emita una nueva decisión.
El fallo en el caso del cubano Olty Cabrera Fernández repercute en los destinos de decenas de miles de cubanos que también recibieron este formulario, quienes ya no podrán regularizarse bajo la Ley de Ajuste Cubano y deberán aplicar al asilo político para defender sus casos ante una corte.
La medida ha causado confusión y numerosas quejas.
Bajo la actual Administración, en el caso de los cubanos, las autoridades estadounidenses han establecido procedimientos de deportación expedita, bajo el Título 8, que prohíbe el reingreso a EEUU en al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por reingreso ilegal.
También se han retomado los vuelos de deportación, entre otros mecanismos, para fomentar que los inmigrantes cubanos usen únicamente las vías legales y seguras para llegar a EEUU. Entre las vías permitidas está programar una entrevista con las autoridades fronterizas por medio de la aplicación móvil CBP One, así como el programa de parole humanitario.
Además, el mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció la reapertura de su oficina en La Habana para agilizar “trámites de inmigración y beneficios”, incluidos casos pendientes de reunificación familiar por Parole y de familiares de refugiados o asilados en EEUU.
También anunciaron la reanudación de las entregas de visas de turismo B-2, con entradas múltiples y validez por cinco años, para viajeros cubanos.
