Las asociaciones de jueces y fiscales han expresado su “profunda preocupación” por el acuerdo cerrado este jueves por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y los independentistas catalanes Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno y no descartan emprender “acciones de responsabilidad”.
Con el pacto, que incluye una amnistía no solamente para los delitos de los que está acusado el líder del partido catalán, Carles Puigdemont –quien se encuentra en Bélgica prófugo de la Justicia española– y por los que procesaron a una docena de políticos independentistas en 2019, sino que se extiende a lo que ambas partes llaman casos de lawfare (guerra judicial), “existe un riesgo evidente de quebrar la democracia”, aseveran los especialistas.
En concreto, cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y, también, la organización de izquierda Juezas y Jueces para la Democracia– firmaron un comunicado conjunto en el que explican que “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación”, lo que “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”.
Frente a ello, responden que “los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”.
“El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías que aparta el riesgo que se apunta”
Así, denuncian que “estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”.
“El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, afirman.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales también mostró su más firme oposición al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, precisamente porque prevé esas comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales. Entienden que es “un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio al Estado de Derecho”.
“Es inadmisible la utilización del término ‘guerra judicial’ (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente”, subraya el texto de la asociación mayoritaria de la carrera fiscal.
La Unión Progresista de Fiscales también ha querido mostrar a través de un comunicado su “absoluto rechazo” a las referencias incluidas en el acuerdo sobre lawfare, y ha aseverado que es “inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”.
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, ha manifestado a esta agencia de noticias que el acuerdo entre ambas formaciones “es muy grave” y supone implícitamente “un cambio de modelo constitucional”.
Estos pactos han provocado el malestar de miles de españoles, que, desde hace siete días, han salido a protestar ante las sedes del Partido Socialista en varias ciudades
Las elecciones españolas del pasado 23 de julio las ganó el derechista Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, pero sin mayoría suficiente de escaños en el Parlamento para ser investido presidente (equivalente a primer ministro).
El actual presidente en funciones, el izquierdista Pedro Sánchez, lleva desde entonces cerrando acuerdos con partidos minoritarios que le permitan mantener la gobernabilidad durante otros cuatro años, el último de ellos, el derechista Junts, que declaró ilegalmente la independencia de Cataluña en 2017 y cuyos dirigentes fueron procesados o huyeron del país.
Estos pactos han provocado el malestar de miles de españoles, que, desde hace siete días, han salido a protestar ante las sedes del Partido Socialista en varias ciudades.
En medio de esta inédita crispación política, este mismo jueves, Alejo Vidal-Quadras, quien fue candidato del PP en Cataluña y fundador de Vox (del que también acabó desvinculándose), fue tiroteado a plena luz del día cerca de su casa en Madrid por un pistolero que huyó con un cómplice en una motocicleta.
La Policía, que investiga el caso, baraja la hipótesis de un atentado planificado y a cargo de un sicario. El propio político, que ha sido intervenido quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro, ha apuntado al régimen de Irán como posible responsable del ataque, según informa The Objective.
Lo mismo ha sugerido el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (Cnri), con el que Vidal-Quadras ha trabajado estrechamente. “La resistencia iraní ve al fascismo religioso gobernante de Irán como el primer sospechoso en este caso, puesto que el profesor Vidal-Quadras ha dedicado una parte importante de su vida a luchar contra él”, expresó en X (Twitter) la opositora Maryam Rajavi.
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