La Asistencia Social de Cuba protege a 186.112 familias, según información divulgada este viernes en una reunión celebrada en La Habana por la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social, pero la cifra, aunque ilustrativa, es cuestionable, dijeron activistas.
“Cualquier cifra de esas es, tal vez, no confiable, porque ellos [las autoridades] manipulan las cifras, pero cuando hablan de Seguridad Social están hablando de personas que no tienen ni la pensión mínima, ni el salario mínimo; no tienen, prácticamente, nada; personas que necesitan de, digamos, una prestación monetaria, que es lo que da la Seguridad Social”, explicó a Martí Noticias desde La Habana el economista Orlando Freyre Santana.
La asistencia social, en cualquier nación, está dirigida a los más desfavorecidos y enfocada en que todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades básicas.
“Si sumamos ese número que ellos dan de Seguridad Social, más todos los pensionados con pensiones mínimas, más todos los asalariados con salarios mínimos, es una cifra muy alta de desfavorecidos. Todas estas personas están pasando mucho trabajo y lo van a pasar aún más cuando las medidas anunciadas por el Gobierno se vayan poniendo en práctica”, indicó Freyre Santana, en alusión a la estrategia “de estabilización macroeconómica” divulgada en diciembre pasado.
La Comisión Nacional, integrada por unos 15 organismos, asociaciones y trabajadores sociales, examinó la realidad de las personas vulnerables a las que exhortó a transformar su vida y depender menos del Gobierno.
Durante el encuentro, Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), enfatizó en no depender solo de las prestaciones del Estado, e instó a las personas a empoderarse económicamente en la medida de sus capacidades físicas y mentales.
El mismo llamado hicieron Martha Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, y Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular.
Pero Freyre Santana opinó que los mecanismos enunciados por las autoridades son poco efectivos.
“Esto significa que, antes de darles una prestación monetaria, las personas con posibilidad de trabajar deben obtener un empleo y, para eso, están haciendo, de vez en cuando, lo que llaman las ‘ferias de empleos’, en las que ofertan plazas que, muchas veces, las personas no aceptan porque acarrean salarios muy bajos”, dijo el economista.
Delgado Cáceres precisó que se ha requerido de una “transformación integral en materia de servicios y soluciones dirigidas a los grupos poblacionales más necesitados”.
“Para asistir a las personas en necesidad y a las comunidades, lo primero que requiere una institución es recursos, y eso es lo que está faltando”, recalcó, por su parte, el activista Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el pequeño pueblo pesquero Cabañas, del municipio Mariel, en la Provincia Artemisa.
“Estamos en una crisis donde, si se va a hablar de comunidades en situación calamitosa, habría que incluir, por ejemplo, al pueblo de Cabañas, que no está en las comunidades que ellos están ‘atendiendo’. Usted viene aquí, a Cabañas, y ve las calles rotas, las aceras intransitables, la basura acumulada; el agua que están sirviendo a la población no es apta para el consumo humano; no hay ofertas de alimentos por parte del Estado, el policlínico ni sueros tiene. Es una situación calamitosa, una comunidad que está vulnerable”, explicó.
El país cuenta en la actualidad con mil 236 comunidades en calidad de vulnerables por motivos económicos y sociales, y de ellas mil 188 reciben atención priorizada por las instituciones pertinentes, según datos oficiales.
“Lo único que podrían hacer las personas vulnerables, si tuvieran los recursos, es huir de este país. Las personas que no tienen ese estado de vulnerabilidad están huyendo por miles, porque no hay forma de adelantar un proyecto personal aquí”, puntualizó Rodríguez, que mencionó, además, a los jubilados cuya pensión no alcanza para llegar a fin de mes.
“El Estado no puede asumir esas funciones porque es un Estado miserable. Si acaso tuvieran voluntad, que lo dudo, no tienen capacidad para atender a las personas vulnerables”, subrayó el activista.
Yamilka Laffita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, junto a un grupo de amigos, participa en un proyecto de ayuda a los necesitados.
“Solamente mis amigos y yo, el año pasado, alcanzamos a atender a más de 125 familias de todo el país, ayudando con medicamentos, ropa, zapatos, materiales escolares, juguetes, comida, 6 casas, 4 visas humanitarias , además de atención psicológica y orientación sobre planificación familiar. Pero la realidad es que no contamos con los recursos ni el personal para poder hacer más”, lamentó.
La activista destacó que su trabajo, y el de otros en diferentes partes de la Isla que llevan a cabo iniciativas de ayuda humanitaria, sería más sencillo y eficiente si no se vieran interferidos por las autoridades del régimen y la Seguridad del Estado.
“Pero si nos dejan a nosotros brindar apoyo, los pone a ellos en una posición incómoda. Para ellos, todo es una amenaza al sistema que cada vez se tambalea más, y muestra los resultados de 64 años de revolución”.
La semana pasada, la Seguridad del Estado amenazó a una familia integrada por cinco menores de edad, que vive en condiciones muy frágiles, para que no recibiera ayuda de activistas independientes, entre ellos Laffita.
“La Seguridad Social que reciben algunas familias por parte del gobierno llega cada vez a menos familias, y es cada vez menor, si hablamos de cuantía monetaria. Por ejemplo, una de las primeras familias que atendí este año fue una madre soltera con seis niños, y el gobierno solo la asistía con una chequera de 5,675 CUP. Si tenemos en cuenta que un cartón de huevos cuesta 2,500 CUP en el mercado informal, y un par de zapatos más de 6,000 CUP, ¿cómo es posible que esta madre sobreviva con esta ayuda ?, se cuestionó la activista.
