LA HABANA, Cuba. – En Cuba muchos tiemblan ante la frase “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, más cuando llega acompañada de más leyes, decretos y resoluciones —como las de este 19 de agosto, publicadas en la Gaceta Oficial— porque saben que no vienen a mejorar las cosas, mucho menos a “corregirlas” sino a empeorarlas, a terminar de saquear lo que ya fue saqueado con la Tarea Ordenamiento pero que no vació los bolsillos del todo.
Murillo no supo registrar bien a fondo las carteras; Gil como que se mareó con tanto verde que, decía, “sobraba” en las bóvedas del Banco Central; así que ahora, como bien dijera Miguel Díaz-Canel, “pasarán a la acción” y vendrán con todo por los últimos centavos que mipymeros, trabajadores por cuenta propia, cooperativistas y hasta el señor que vende jabitas en la esquina del agromercado guardan bajo el colchón, porque ya están advertidos por la mala experiencia de lo que pasó cuando el dinero lo guardaban allí.
Y de lo que continúa ocurriendo con una “bancarización” forzosa que, en opinión de muchos en las calles, es una “estafa a la cara” puesto que dinero que entra es dinero que difícilmente volvemos a ver, y de eso pueden hablar no solo los dueños de mipymes que por estos días han visto sus cuentas congeladas como castigo por “falta de movimiento” sino, además, el jubilado y el trabajador que hacen fila durante horas (y durante días) frente al cajero para extraer la pensión y el salario.
Han distorsionado tanto y para mal lo que alguna vez pareció que se enderezaría con la apertura a la inversión extranjera y el levantamiento de prohibiciones a los emprendimientos individuales, que hoy nadie cree en las “buenas intenciones” de unos tipos que al principio prometieron tratar a los “privados” como iguales, dejarlos competir con la “empresa estatal socialista” de tú a tú y que ahora, viéndose más al descubierto en sus incapacidades que en la desventaja, se bajan con la creación de un “Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales”.
Se trata de una estructura de corte ministerial, subordinada al Consejo de Ministros, que en esencia traduce segregación, marginación y estatalización de lo “privado” pero, lo peor de todo, más burocracia en un contexto donde la fórmula para avanzar debiera ser despejar de trabas y controles excesivos, así como disminuir al mínimo los impuestos y las prohibiciones, aumentando las áreas de inversión, para estimular el emprendimiento y dinamizar una economía que solo está frenada por los burócratas que la parasitan bajo el pretexto del “bloqueo”.
Habiéndoles servido el aparente “descontrol” para la creación masiva de mipymes, y así en medio del caos colar entre col y col sus lechugas (es decir, los negocios “privados” que para muy pocos es secreto a quiénes en realidad benefician, a qué entidades estatales pertenecen, cómo operan y, sobre todo, cómo logran sobrevivir), ahora es momento de eliminar competencia, es decir, gente que solo sirvió para regalar su capital, hacer bulto y enviar al exterior la imagen de apertura, sí, pero sobre todo el momento de jugar sucio para terminar demostrando la “superioridad” de una “empresa estatal socialista” que, siendo eliminada, al instante corregiría todas las distorsiones, las económicas y las políticas.
Ellos lo saben, sobre todo lo último, y por eso las nuevas disposiciones legales llegan bien cargadas con artículos donde se revelan esos temores a que los “nuevos actores económicos” se organicen hasta el punto de promover un cambio político. De ahí las amenazas sobre lo que pasaría de organizarse más allá de lo permitido, y de llegar a ser expropiados, acusados de algún delito contra la “seguridad del Estado”. Y del “amplio espectro” que abarca esta “figura” pudiéramos estar hablando una semana, pero baste con pensar en los jóvenes que guardan prisión por la publicación de un meme o por subir un video a las redes sociales.
Eso nos da una idea del grado de control, por no hablar de represión, al cual están sometiendo al emprendimiento individual con estos nuevos decretos-leyes y disposiciones, teniendo en cuenta toda la carga de “sospecha” y de “potencial delictivo” que supone la segregación, el “tratamiento especial” en el discurso del régimen, para el cual todas las iniciativas personales, todas las “libertades” no negociadas con el poder son peligrosas. Y son preventivamente eliminadas.
