Nuevas medidas están en camino para restringir la entrada a Estados Unidos a aquellos con antecedentes penales, y esto podría tener un impacto significativo en los represores de regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, según expertos consultados por Martí Noticias.
Según Ángel Leal, abogado especializado en asuntos migratorios, ahora los oficiales de asilo en la frontera tendrán la discreción de descalificar a los solicitantes basándose en una serie de criterios, entre ellos, si han participado en la persecución de otras personas o si tienen antecedentes penales no relacionados con delitos políticos.
Además, se prohíbe la solicitud de asilo para aquellos que hayan obtenido esta condición en un tercer país o sean considerados una amenaza para Estados Unidos.
Hasta ahora, la elegibilidad para el asilo se determinaba en etapas posteriores del proceso. Sin embargo, las nuevas normativas permitirán que los funcionarios consideren estas prohibiciones desde la etapa inicial de evaluación de miedo creíble, que ocurre poco después de la entrevista inicial con el inmigrante.
Estas pautas incluyen la descalificación de aquellos que hayan ordenado, asistido o participado en actividades represivas. En el caso de Cuba, esto podría afectar a miembros de entidades como el Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El abogado Leal expresa su preocupación por las posibles limitaciones que enfrentarán los disidentes cubanos, quienes muchas veces son encarcelados bajo cargos fabricados. Existe el temor de que aquellos con condenas por delitos comunes, que en realidad son represalias por su activismo político, también sean descalificados para obtener asilo.
La rapidez con la que se podrán emitir denegaciones de solicitudes preocupa a Leal y otros expertos. Funcionarios de asilo podrán rechazar peticiones en cuestión de días, especialmente si hay sospechas de vínculos con el terrorismo o amenazas a la seguridad nacional.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha respaldado estas medidas como un paso hacia la protección del público estadounidense, enfatizando la necesidad de identificar y eliminar rápidamente a aquellos que representen un riesgo para la seguridad nacional y no tengan base legal para permanecer en el país.
Con esta advertencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca agilizar la expulsión de personas consideradas una amenaza para Estados Unidos.
