El Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) impulsa una campaña de denuncia contra la prohibición de salida del país que las autoridades cubanas imponen a miembros de la sociedad civil independiente, conocida como regulación.
La activista Marthadela Tamayo en declaraciones desde La Habana a la revista Martí Noticias AM dijo que a ella y a otros activistas “les impiden salir de la isla con derecho al retorno”.
“Hace cinco años que estamos en esta situación”, apuntó,
“Hemos estado hablando de “regulados” porque es el eufemismo que el Estado, la Seguridad del Estado cubana les coloca a los activistas, artistas, que trabajamos los derechos humanos en la isla”, agregó.
“Esta denuncia de la regulación se realizó en el Examen Periódico Universal (EPU) en el año 2018 y en el escrutinio a Cuba en la sesión de este 2023 salió a relucir de nuevo esta imposibilidad de movimiento como una falta grave de derechos humanos y libertades en la Isla”, destacó la activista.
El Decreto Ley 302 de 2013 en su Artículo 23 regula los permisos para viajar al extranjero por motivos personales a ciudadanos sujetos a proceso penal, con una sanción pendiente o responsabilidad civil, los que deban pasar el Servicio Militar, aquellos que sean de interés para preservar la fuerza de trabajo calificada o “cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”. Este último, es el que se aplica a los activistas y periodistas que desean por razones de trabajo o personales salir al exterior.
“A los activistas les impiden salir para participar en eventos, fórums, con la posibilidad de retornar a Cuba, siempre hemos dejado claro que no deseamos exiliarnos en ningún país”, explicó aclarando que no solo se trata de la movilidad para salir al exterior sino las restricciones para trasladarse dentro del país con la finalidad de establecer contactos con activistas de otras provincias.
La activista enfatiza en que “las recomendaciones a Cuba, en materia de derechos humanos, por parte de 144 Estados en el Examen Periódico Universal refleja una vez más el panorama complejo que se vive dentro del país”.
“Lo que existe hoy en Cuba en materia de falta de derechos humanos coincide con la voz de la comunidad internacional y los activistas exiliados”, consideró.
“Hay una realidad en materia de los presos políticos, en la libertad de expresión, de movimiento, la violencia de género, intrafamiliar y estructural, unido a un racismo sistémico, una discriminación racial que va más allá de la discriminación por motivos culturales que el régimen siempre ha tratado de disfrazar”, denunció.
El Instituto sobre la Raza, Igualdad y derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó testimonios de seis defensores de derechos humanos en Cuba que han sido etiquetados por el régimen bajo el término de regulados: la coordinadora de la Red de Líderes y Lideresas de Cuba (RELLIC), María Elena Mir Marrero; el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa; Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR); Marthadela Tamayo; y al coordinador Nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna.
“Ellas y ellos intentaban salir del país para denunciar la grave crisis social, política, económica y de derechos que se registra en este país, y que ha empeorado en los últimos años”, indicó el reporte publicado en octubre por esa entidad.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial también desarrolla la jornada: Todos los derechos, todas las personas, que “busca visibilizar, focalizar y dialogar sobre la violencia latente que existe en Cuba. Es un foro donde se han unido varias organizaciones de la sociedad civil en Cuba y que se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre”, concluyó la activista.
