MIAMI, Estados Unidos. – La organización Jóvenes por la Resistencia (JAR) denunció este jueves que las autoridades carcelarias cubanas han negado el traslado de la presa política Lizandra Góngora, madre de cinco hijos, a una prisión ubicada en el territorio de la isla de Cuba, es decir, más cerca del área de residencia de su familia.
Góngora, condenada a 14 años de encarcelamiento por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, permanece confinada en la Isla de la Juventud, lo que dificulta tanto el acceso a la atención médica que requiere como las visitas de sus familiares.
El esposo de Góngora, Ángel Delgado, ha solicitado formalmente el traslado durante meses, argumentando que la presa política padece fibromas (un problema de salud que requiere supervisión médica). Sin embargo, las autoridades respondieron que “no hay espacio” en los penales fuera de la Isla, pese a que la familia se mostró dispuesta a considerarla en cualquier cárcel de Matanzas, Pinar del Río o Mayabeque, con tal de acercarla al entorno de residencia familiar.
Según JAR, Góngora recibió el 20 de diciembre de 2024 un documento con fechas de septiembre y noviembre, donde se le informaba que solo disponía de 30 días para apelar la denegación de su traslado a una cárcel más cercana a su familia. “Esta entrega tardía hace imposible que Lizandra recurra en tiempo y forma”, denunció la organización.
Por su parte, el esposo de la reclusa relata un intenso hostigamiento por parte de las autoridades hacia quienes los hospedan cuando realizan las visitas, así como un extenso viaje de 15 horas, que implica obstáculos adicionales para la familia.
“Nadie debería estar encarcelado por protestar pacíficamente”, sostiene JAR. No obstante, su reclamo se ha enfocado en la necesidad urgente de que la presa política sea reubicada: “Esto no solo garantizaría un mejor cuidado de Lizandra, sino también reduciría las enormes dificultades que afronta su familia para viajar y poder verla”, subrayó la ONG.
Aunque Jóvenes por la Resistencia recalcó que la libertad inmediata de Lizandra sigue siendo su principal exigencia, enfatizó la necesidad de que, en tanto no sea puesta en libertad, se atienda su solicitud de traslado. “Hasta que podamos lograr su excarcelación definitiva, urgimos a que se le permita cumplir condena cerca de los suyos, al menos para aliviar las condiciones de salud de Lizandra y el desgaste de su familia”, concluyó la organización.
En marzo de este año, Góngora fue hospitalizada debido a complicaciones de salud, pero, según denuncias de familiares y activistas, desde su regreso a la cárcel no ha recibido atención médica especializada. Las organizaciones de derechos humanos que impulsan su liberación han manifestado su preocupación por la gravedad de su estado.
Sus cinco hijos, tres de los cuales son menores de edad, residen en Mayabeque, a más de 300 kilómetros de distancia de la prisión, lo que ha complicado las visitas y ha aumentado el sufrimiento de la familia.
De acuerdo con una petición por su liberación, publicada en la plataforma Change.org, la distancia entre la prisión y el hogar de la familia no es casual. “Este alejamiento intencional es una estrategia del régimen para castigarla no solo a ella, sino también a sus hijos”, se lee en la campaña. La denuncia señala que este es un patrón de represalias contra los opositores políticos en Cuba, quienes, además de enfrentar cargos injustos y encarcelamiento, sufren el castigo indirecto de ver a sus seres queridos afectados de manera colateral.
Según la petición, los niños han sido víctimas de acoso escolar debido a la posición política de su madre, y la situación emocional se ha deteriorado aún más. Uno de sus hijos ha comenzado a padecer convulsiones debido al estrés, mientras que una de las hijas menores ha tenido que empezar a trabajar planchando ropa para contribuir al sostenimiento de la familia.
El esposo de Góngora, por su parte, ha sido objeto de presiones por parte de las autoridades. Ha recibido cartas de advertencia en las que se le amenaza con quitarle la custodia de los niños si estos continúan faltando a clases para visitar a su madre en prisión. Esta situación ha agravado el sufrimiento de la familia, que enfrenta no solo la separación forzada, sino también el riesgo de una mayor intervención gubernamental en su vida diaria.
La campaña en Change.org destaca que a pesar de todo esto, Góngora “ha soportado con una fortaleza admirable las injusticias que ha sufrido desde su arresto”. Sin embargo, se subraya la urgencia de actuar debido al deterioro progresivo de su salud y el sufrimiento continuo de su familia. La petición concluye con un llamado a la comunidad internacional para que se una en la demanda de su liberación. “No podemos permitir que una madre que luchó pacíficamente por la libertad de su pueblo continúe siendo castigada de manera tan cruel”, sentencia la campaña.
