En una sesión reciente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, anunció una serie de medidas que afectan el comercio minorista en la isla.
Díaz Velázquez reveló el cierre de 1.118 establecimientos y la revocación de 509 autorizaciones comerciales entre enero y mayo de este año.
La ministra detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo de fiscalización que ha , resultando en la cancelación de 588 autorizaciones adicionales. Estas medidas se han implementado con la intención de mejorar la eficiencia y la legalidad dentro del sector.
“No se ha logrado el efecto esperado de reorientar las producciones nacionales a la red de comercio minorista estatal”, admitió Díaz Velázquez, según el portal digital Cubadebate.
Las inspecciones realizadas tanto en el sector estatal como en el no estatal han revelado una serie de deficiencias preocupantes. Entre los problemas identificados destacan la violación de los tiempos de garantía de los productos vendidos, la comercialización de productos caducados, la falta de implementación de pagos electrónicos, y la insuficiente preparación del personal en temas de protección al consumidor y cumplimiento de sus derechos.
La ministra criticó duramente el estado de la gastronomía y los servicios en la isla, señalando la prevalencia de “chapucerías y malos tratos al cliente”. Estas prácticas han generado un descontento notable entre los consumidores cubanos, quienes se enfrentan a un servicio de baja calidad y a menudo a precios elevados.
La distribución de alimentos de la canasta familiar normada también enfrenta serios problemas. La ministra Díaz Velázquez destacó que existen dificultades en la cadena de distribución y en los almacenes mayoristas, lo que ha provocado retrasos significativos en la entrega de productos básicos como arroz, frijoles, azúcar, café, cigarrillos, pastas alimenticias y leche en polvo. No obstante, no se ofrecieron detalles específicos sobre las causas de estos retrasos.
Además, se reconoció que los robos en las bodegas continúan siendo un problema persistente, lo que agrava aún más la situación de desabastecimiento y la insatisfacción de la población.
Díaz Velázquez subrayó el impacto negativo del embargo estadounidense, al que se refirió como “el recrudecimiento del bloqueo”. Según la funcionaria, esta política es el principal factor que agrava la crisis económica en Cuba y afecta directamente la calidad de los servicios ofrecidos a la población.
Esta postura reafirma la narrativa oficial del gobierno cubano, que atribuye gran parte de sus dificultades económicas al embargo impuesto por Estados Unidos.
