El escándalo en EE UU por el caso de espionaje del ex diplomático Víctor Manuel Rocha para la inteligencia cubana no ha escrito aún su último capítulo. El otrora funcionario estadounidense, detenido por el FBI hace dos semanas, intentó comprar derechos de tierras confiscadas tras el triunfo de la Revolución con el objetivo de promover el fin del embargo, según ha contado su socio Timothy Ashby al diario de Miami el Nuevo Herald.
El abogado y ex subsecretario adjunto de Comercio para el Hemisferio Occidental viajó a Cuba con Rocha a partir de 2007 para adquirir terrenos, que desviaron a la sociedad offshore Siboney, y negociar con el Gobierno cubano un acuerdo para hacer inversiones.
“Él es la última persona que hubiera pensado que era un agente de la inteligencia cubana. Era fuertemente anticomunista, muy prorrepublicano y bastante conservador. Y lo destacó durante todo el tiempo que lo conocí”, afirma Ashby.
Los terrenos y propiedades confiscados en Cuba a estadounidenses ascienden a unos 8.700 millones de dólares, certificados en casi 6.000 reclamaciones
Los terrenos y propiedades confiscados en Cuba a estadounidenses ascienden a unos 8.700 millones de dólares, certificados en casi 6.000 reclamaciones. Según la legislación de EE UU, no es posible eliminar el embargo hasta que no se haya resuelto esta cuestión, ante la que Cuba nunca ha mostrado intenciones de llegar a un acuerdo, incluso durante la época del deshielo, cuando el Gobierno de Obama abordó el asunto.
“Si el plan de Rocha y Ashby hubiera tenido éxito, los dos países habrían estado a punto de normalizar plenamente sus relaciones”, subraya el texto, firmado por la periodista Nora Gámez Torres, que advierte de otras posibles motivaciones de Rocha a la hora de participar en este empeño, desconocido hasta ahora.
El medio de Miami ha consultado con un abogado especializado en reclamaciones bajo la Ley Helms-Burton que sostiene que el Gobierno cubano está empeñado desde hace tiempo en eliminar la amenaza que suponen estas reivindicaciones, ya que, si se deshiciera de los derechos que actualmente posee sobre lo que confiscó, estimularía a los inversores, reacios por la inseguridad jurídica que genera hacer negocios en la Isla.
“Si una empresa ‘amistosa’ en un paraíso fiscal es propietaria de los reclamos, podría firmar un contrato con la empresa cubana que desea atraer la inversión y prometer que no demandará por ‘tráfico de propiedades confiscadas’ para que pueda realizarse la inversión extranjera”, afirma el experto, Jason Poblete, que solicita una investigación sobre Rocha en este sentido.
“Si andas vendiendo tus derechos a alguien que lo está haciendo para Cuba para facilitar una inversión que esta quería hacer, digamos, con una compañía francesa, eso va en contra de la política estadounidense, porque facilita que los extranjeros inviertan en Cuba bajo el embargo vigente”, agrega.
Ashby, fundador de Siboney junto con Rocha –registrada en la Isla de Man–, concede ahora que “visto en retrospectiva (…) esta era realmente una forma de poner fin al embargo. Entonces, por un lado, sí, beneficiaría a los cubanos. Por otro lado, habría beneficiado a los titulares de derechos estadounidenses e incluso a los empresarios estadounidenses. Entonces lo vimos en ambos sentidos. Pero debo enfatizar que lo que vimos fue estrictamente una oportunidad de negocio, y otros inversores también la vieron. No pensamos que en realidad estuviera beneficiando al Gobierno comunista cubano. Pensamos que estaba beneficiando al capitalismo”, recalca.
“Visto en retrospectiva (…) esta era realmente una forma de poner fin al embargo. Entonces, por un lado, sí, beneficiaría a los cubanos. Por otro lado, habría beneficiado a los titulares de derechos”
Según revela el texto del Herald, el propio Rocha telefoneó en 2007 a Carolyn Chester, hija de Edmun Chester –ex periodista de CBS y autor de algunos discursos para Batista–, con el fin de comprarle propiedades confiscadas por el castrismo a su padre. “Aparecieron en una limusina”, revela Chester.
En la reunión que mantuvieron, y durante la que Ashby y Rocha le insistieron en que firmase un acuerdo de confidencialidad, los socios le contaron que las tierras de cultivo en la isla de Pinos (hoy Isla de la Juventud) y las acciones de la antigua Compañía Telefónica Cubana, valoradas en medio millón de dólares en 1970 por la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos valían entonces “centavos”. Chester rechazó la oferta, cuyo importe no pudo revelar al diario de Miami por el pacto suscrito.
“Hicieron toda la presentación básicamente diciendo que a mi Gobierno no le importaba, que nunca íbamos a conseguir nada. Pero no les iba a vender mi reclamo porque no les creía, hablaban como si tuvieran demasiado conocimiento sobre lo que el Gobierno cubano haría y no haría”, afirma ahora.
Su molestia fue tan grande que dos años más tarde llegó a escribir al entonces Secretario de Estado Thomas Shannon para quejarse de que “abogados y consultores” viajaran por el país intentando comprar derechos de esta manera. Chester, agrega, denunció en su carta que los aludidos estaban “demasiado involucrados y han desarrollado relaciones incómodamente estrechas con el Gobierno cubano y los inversores extranjeros en Cuba”. No fue la única en ser contactada, aunque sí quien más ha revelado sobre los hechos.
En julio de 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro explicó que está prohibido este tipo de prácticas y que para transferir una reclamación certificada se requería autorización expresa, lo que dio al traste definitivamente con el plan de Rocha y Ashby.
Ashby ya tenía la idea de crear una compañía intermediaria en tiempos de Reagan. Según cuenta ahora, entonces trabajaba para el Departamento de Comercio y era contacto para negociar con la parte cubana, que le transmitió la intención de buscar una manera de “resolver las reclamaciones”.
Según cuenta ahora, entonces trabajaba para el Departamento de Comercio y era contacto para negociar con la parte cubana, que le transmitió la intención de buscar una manera de “resolver las reclamaciones”
Según Ashby, convencido aún de que zanjar la cuestión de las confiscaciones ayudaría a ver cambios en Cuba, su plan era crear varias empresas y una filial estadounidense que comprara a su vez las propiedades reclamadas transferidas a Siboney. En total, se llegó a adquirir nueve reclamaciones, entre ellas los derechos de exploración petrolera en Cuba de una compañía de Missouri por un millón de dólares.
Ashby afirma que la solución ofrecida era óptima para todos, incluido el heredero de las propiedades, que así obtenía una compensación que por otra vía no iba a ganar. Además, sostiene que todo se hizo conforme a la legalidad, con la intención de comprar hasta un 85% de reclamos certificados y negociar con el Gobierno cubano, pero después el Tesoro se opuso y terminó la aventura.
La historia no era desconocida, pero nunca había trascendido la participación de Rocha en ella. En 2009, ambos rompieron la relación y Ashby sostiene que ya no tiene ningún interés en este asunto, habiendo renunciado incluso a su participación en Siboney. Se dice atónito tras descubrir que su socio fue espía para el Gobierno cubano.
Lo más paradójico es que a lo largo de estos años, se ha ganado la vida de varias formas, incluyendo la escritura de novelas de espionaje.
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