El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) acusa al Gobierno cubano de haberse apropiado de casi 70 mil millones de dólares de las misiones internacionales que nunca fueron reinvertidos en el Sistema Nacional de Salud. La organización –con sede en Madrid–, que está formada por activistas, investigadores y periodistas e integra la red del centro de ideas Cuba Siglo 21, ha difundido un informe titulado Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria en el que describe el expolio del conglomerado militar a la Salud Pública nacional.
El texto parte de la premisa, esgrimida por el régimen cubano, de que la apropiación de cantidades que pueden ascender el 90% del salario de los sanitarios contratados en el exterior se realiza para sostener el servicio universal y gratuito de Salud. Las autoridades defienden que su sistema se basa en la formación gratuita de profesionales que, a cambio, perciben una pequeña parte del pago que los Gobiernos extranjeros realizan por ellos y entregan el resto para que el Estado continúe ofreciendo a los cubanos asistencia médica sin realizar pagos. Así lo han defendido reiteradas veces y cuando se les ha acusado de enviar a los galenos a realizar trabajos forzados.
“Gaesa, el holding de la nueva oligarquía cubana, haciendo uso del Banco Financiero Internacional, no solo robó a los médicos, robó a la nación, con lo cual impulsó el desmantelamiento del sistema de salud pública”
Sin embargo, el OCAC ha analizado las estadísticas divulgadas por el propio Gobierno a través de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) que demuestran que en los últimos 13 años –período estudiado– se invirtió al menos 13 veces más en la construcción de hoteles que en el sector sanitario. Según una nota publicada por este diario, solo en 2022 la cantidad fue mayor aún, ya que, de los presupuestos del Estado se asignó un 33% (23.360 millones de pesos, casi 1.000 millones de dólares al cambio oficial) a los “servicios empresariales e inmobiliarios”, mientras a Salud y asistencia pública iba el 2,1% (1.520 millones de pesos o 63,4 millones de dólares), es decir 16 veces menos.
El informe de la OCAC sitúa con precisión el dinero “saqueado” por Gaesa en 69.866.399.679 dólares y pide que tanto esta, como el Ministerio de Salud Pública y las empresas exportadoras de servicios médicos cubanos hagan públicas todas sus cuentas y reintegren de inmediato el dinero al sistema.
“Gaesa, el holding de la nueva oligarquía cubana, haciendo uso del Banco Financiero Internacional, no solo robó a los médicos, robó a la nación, con lo cual impulsó el desmantelamiento del sistema de salud pública”, argumenta la organización en una nota de prensa en la que describe a grandes rasgos algunas de las conclusiones del informe.
El documento establece que toda la red sanitaria de la Isla está en visible declive, desde el alcantarillado y el suministro de agua a la recogida de basuras, la eliminación de plagas y, por descontado, los hospitales, centros de salud, farmacias y medicamentos.
El número de hospitales cayó un 32% entre 2007 y 2018, incluyendo el cierre de todos los ubicados en zonas rurales desde 2011. A ello se suman los cierres de policlínicos, un 9% menos, y de puestos rurales y urbanos desde 2020. “El país pasó de tener un total de 312.406 empleados como personal facultativo en el año 2021, a 281.098 en 2022. El personal de salud descendió en 31.308 menos en solo 12 meses, de 2021-2022. Esa categoría incluye técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la Salud”, añade el texto, subrayando una denuncia realizada previamente por la prensa independiente.
También se contabiliza la bajada de medicamentos, que se duplicó este año en comparación con 2020. En 2023, la cifra de fármacos del cuadro básico que faltan asciende a 172, frente a los 84 de hace tres años. Además, una encuesta de Cubadata situó en el 46,7% a los encuestados que consideraban “muy dificil” conseguir medicinas.
Miembros del OCAC realizaron su propia comprobación este mes de septiembre visitando varias farmacias de toda la Isla, constatando la escasez de analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos.
La situación ha sido reconocida en numerosas intervenciones por el propio Gobierno que, no obstante, atribuye las causas a complicaciones en el suministro de materias primas o problemas financieros derivados del embargo estadounidense. Las autoridades también admitieron haber empleado una gran cantidad de recursos en la fabricación de sus propias vacunas contra el covid-19, descapitalizando parte de su industria farmacéutica, que dejó de producir fármacos tanto o más importantes. Entre las consecuencias, hay un encarecimiento desorbitado de los medicamentos en el mercado negro.
“La seguridad sanitaria tiene hoy dos estamentos: los que tienen familiares en la diáspora o acceso a dólares, y los que dependen de ingresos en moneda nacional”
“La seguridad sanitaria tiene hoy dos estamentos: los que tienen familiares en la diáspora o acceso a dólares, y los que dependen de ingresos en moneda nacional”, afirma el OCAC, que extiende la situación a todo tipo de atención médica. Como se ha advertido en numerosas ocasiones desde la prensa independiente, se ha agravado ante la vista de todos la corrupción del sistema de Salud, en el que un pago o un regalo agilizan la visita a un médico, la realización de una prueba o, incluso, la rapidez para una intervención quirúrgica vital. Además, hay múltiples casos en los que la falta de material médico ha acabado propiciando el empeoramiento o, incluso, la muerte de algunos pacientes, como en el reciente fallecimiento de un motorista de Bayamo por el que están siendo procesados seis galenos que lo atendieron sin lograr salvar su vida. Los sanitarios emplearon material inadecuado en ausencia del que era óptimo y ahora son acusados de negligencia.
La organización se pregunta dónde han ido a parar casi 70 mil millones de dólares ganados en 14 años y por qué no se piden explicaciones. Además, discrepan de la opinión de la Relatora Especial de la ONU, que considera que las sanciones estadounidenses afectan a la atención médica en Cuba. “OCAC considera esa apreciación errada. La causa real de la crisis en el sistema sanitario cubano es de naturaleza endógena y sistémica: el abandono deliberado de las responsabilidades constitucionales del Estado con las necesidades básicas de la población. Un dato adicional: el embargo no impide la adquisición de equipos de salud y medicinas en Estados Unidos”, recuerda el documento.
Este domingo, precisamente, Miguel Díaz-Canel, de visita en Oriente Próximo, visitó la misión internacional en Catar, ubicada en conocido como Hospital Cubano de Dukhan, inaugurado en 2012. Según una información del diario The Guardian, el país árabe paga entre 5.000 y 10.000 dólares por cada galeno contratado.
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