Los emigrados cubanos han enviado a sus familiares en la Isla, durante las últimas tres décadas, un total de 52.251,99 millones de dólares en remesas y otros 50.000 millones en bienes de consumo. El dato está incluido en el más reciente informe de la organización Cuba Siglo 21, firmado por el académico Emilio Morales, quien señala a los directivos militares del monopolio estatal Gaesa como responsables de “socavar” la economía cubana, al tiempo que subraya el “potencial inversionista” de los exiliados en una futura reconstrucción democrática del país.
Morales realiza un estudio histórico del envío de remesas a Cuba desde su autorización por Fidel Castro en 1993, tras la debacle soviética, y concluye que esa inyección constante de dinero ha servido de “base financiera” para la infraestructura dolarizada que hoy mantiene la Isla.
Un entramado de corporaciones y altos cargos desvía el flujo de capital desde su punto de partida –los envíos de los emigrados– hasta su destino. Morales apoya sus conclusiones con datos oficiales que su grupo académico, Havana Consulting Group, con sede en Miami, ha extraído a partir de documentos de las disputas judiciales entre la empresa estadounidense Exxon Mobil y la estatal cubana Cimex, además otras fuentes como los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE UU.
La necesidad de dólares del régimen, opina Morales, suavizó el discurso oficial sobre los exiliados, que pasaron de ser “gusanos” a conformar la “comunidad cubana en el exterior”
Además, expone el académico, las remesas no solo han tenido un impacto económico sino también cultural y diplomático. La necesidad de dólares del régimen, opina Morales, suavizó el discurso oficial sobre los exiliados, que pasaron de ser “gusanos” a conformar la “comunidad cubana en el exterior”. Por otra parte, ha sido uno de los principales temas de la conversación bilateral entre La Habana y Washington.
No obstante, el flujo de remesas hacia Cuba no ha sido regular, y para explicarlo Morales lo divide en tres etapas. La primera, de 1991 a 2006, estuvo definida por la gestión de Fidel Castro durante la crisis conocida como Período Especial y la urgente necesidad de divisas; la segunda, de 2007 a 2018, corresponde a las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro y al deshielo con EE UU; y la tercera, de 2019 a 2023, ha marchado al ritmo de la Tarea Ordenamiento y otras “medidas impopulares”, como la implantación de las tiendas en moneda libremente convertible.
A juicio de Morales, tanto el régimen como Gaesa, que habían pensado en las remesas como una solución “coyuntural” para contrarrestar la pérdida de subsidios tras la caída de la Unión Soviética, acabaron por volverse cada vez más dependientes del dinero de los emigrados y han creado múltiples canales para que ese capital nunca llegue al bolsillo de los cubanos, sino a empresas manejadas por los militares del conglomerado.
“En su momento, autorizar el envío de remesas familiares a Cuba implicó un riesgo muy grande para la dictadura cubana desde el punto de vista político”, diagnostica el académico. “Sin embargo, permitir las remesas, así como la inversión extranjera y el turismo internacional, fueron riesgos calculados que el Gobierno decidió asumir en función de la sobrevivencia del régimen”.
Durante la presidencia de Raúl Castro, cuando se recibieron 31.311 millones, la mitad de ellos por vía informal
Con la autorización de las remesas, los pequeños negocios –que la Revolución había aniquilado tempranamente, en la década de 1960– vieron la oportunidad de constituir un incipiente sector privado que ha sido el primer afectado por la inestabilidad económica y que, además, ha permanecido en la mirilla del Gobierno, que mantiene a raya sus posibilidades de crecimiento e inversión.
Hasta 2006, detalla Morales, a Cuba entraron 11.751 millones de dólares –de ellos, más de 10 millones por vías informales, precisa–, lo cual hizo que Castro se percatara del enorme potencial de las remesas. Pero el crecimiento de esta primera etapa es incomparable con el de la siguiente, durante la presidencia de Raúl Castro, cuando se recibieron 31.311 millones, la mitad de ellos por vía informal.
Sin embargo, el régimen vio con preocupación el auge del cuentapropismo –había más de 600.000 emprendedores operando con licencia en la Isla, y otros tantos sin ella, explica Morales– y arremetió contra el sector. Por otra parte, La Habana intentó cercenar la apertura lograda con el deshielo a tiempo para la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, opina el académico.
Es durante esta etapa que Gaesa consolida su poder, bajo la dirección de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl fallecido en 2022, y un clan de militares que gestiona empresas como Cimex y American International Services (AIS) –ambas registradas fuera de Cuba, en Panamá–, además de compañías de envíos de remesas como Va Cuba, Cubamax y Caribe Express.
Si antes los emigrados intentaban ayudar a sus familiares en la Isla, ahora su principal objetivo es sacarlos del país
Entre los militares cubanos detrás de estas operaciones están actualmente, enumera Morales, Ana Guillermina Lastres –actual presidenta de Gaesa–, el ministro de las Fuerzas Armadas Álvaro López Miera, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, o el coronel Héctor Oroza, director de Cimex y de AIS. Todos están sancionados por EE UU.
Sin embargo, a partir de 2019 la cifra de remesas experimentó una caída radical, de un 45%. Solo llegaron al país 9.180 millones de dólares, lo cual Morales interpreta como un cambio de intención de la diáspora: si antes los emigrados intentaban ayudar a sus familiares en la Isla, ahora su principal objetivo es sacarlos del país. Este proceso ha desangrado a la población cubana y su capacidad para lograr una mejora económica.
La única esperanza, subraya el informe, es una transición a la democracia que permita a los cubanos que se fueron contribuir, en un plazo inicial de 24 a 36 meses –calcula– y con una inversión “potencial” de 20.000 millones de dólares, a la recuperación financiera del país.
“Son los propios cubanos residentes en la Isla –en alianza con sus familiares en el exterior– los que verdaderamente pueden ser los copropietarios de un nuevo tejido empresarial que, siendo verdaderamente libre, sería el motor inmediato y más seguro para recuperar el bienestar de la población, así como impulsar la reconstrucción y el desarrollo nacional”, concluye Morales.
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