El Ministerio de la Construcción en Cuba sumó este domingo a la provincia de Granma a su lista de fracasos en el plan de vivienda de 2023. Según explicó la prensa oficial, de 1.636 casas planificadas en el territorio, apenas se edificaron 737, el 45%. Las autoridades granmenses insistieron en culpar al “poco desarrollo fabril” y la resistencia de los ciudadanos a los “materiales alternativos”, pero el problema real, admiten, es la “disminución en la entrega a los territorios de acero y cemento”, productos que no pueden conseguirse a nivel local.
Del plan estatal de vivienda, del que se ocupa el Ministerio, solo se construyeron 184 (28%) hogares de los 669 proyectados, revelaron al oficialista Granma las autoridades de la provincia. Por su parte, las empresas estatales, que invierten parte de sus utilidades en edificar casas para trabajadores, lograron construir 553 (57%) de las 965 propuestas.
Por último, los subsidios –una asignación de dinero y materiales a menor precio que realiza el Estado para familias con mala situación de vivienda–, que presentan el mayor retraso en Granma y para los que se preveía la edificación de 409 unidades, solo cumplió en un 15%, con 84 casas.
Los proyectos de desarrollo local, advirtió Tejeda, tampoco se han enfocado en el uso de materiales “alternativos”
Michel Tejeda Acuña, coordinador del gobierno provincial, explicó que además de la falta de cemento y acero, también dificulta la realización del plan el “limitado” desarrollo de las empresas en la provincia, lo que impide que se exploten recursos locales como piedras, maderas y arcilla para la construcción.
Los proyectos de desarrollo local, advirtió Tejeda, tampoco se han enfocado en el uso de materiales “alternativos” ni están “acorde” con las capacidades del territorio. Solo uno de estos proyectos, manejados por particulares con ayuda del Estado, parece cumplir, a medias, las expectativas: Porkace, en Bayamo, que construye ladrillos con arcilla.
La elaboración artesanal de ladrillos y tejas por parte de ciudadanos que montan pequeños negocios, muchas veces ilegales, ha surtido por años a quienes buscan materiales baratos que no encuentran por la vía estatal. La falta crónica de materiales de construcción ha llevado a muchos a sustituir los bloques por ladrillos, algo a lo que también el Estado ha debido recurrir ante su propia deficiencia.
Los alfareros han pasado a ser proveedores también del Ministerio de la Construcción, y la producción artesanal del ladrillo, es lo único que marcha bien. Su aporte, sin embargo, tampoco es suficiente. “En Granma se producen unos cinco millones de ladrillos, y se estima crecer hasta unos siete millones, pero para satisfacer la demanda de la política de la vivienda se necesitan anualmente más de 12 millones”, explicó Tejeda.
La única buena noticia de la provincia la dió el municipio de Pilón que, con una política de “ir más a lo endógeno, y no desaprovechar nada”, fue el único en cumplir su plan de vivienda, aunque sustituyendo el cemento por la madera. Las edificaciones, de las que no se especifica el tipo de madera, serán entregadas a damnificados por ciclones. Pero, más allá de preocuparse por la calidad de las viviendas, las autoridades enfatizaron la reducción de costos y celebraron el empleo de los recursos locales.
En Pinar del Río, subrayó el diario oficialista, esta estrategia ha permitido que en algunos municipios se llegue a la meta de edificar una vivienda por día. Sin embargo, esto no incluye la instalación eléctrica u otros recursos necesarios para acabar los hogares y que dependen de una distribución nacional. Lo mismo ocurre con la industria de bloques, que en Vuelta Abajo tiene la capacidad para superar “cuatro o cinco veces” a la nacional, pero dependen de la llegada de cemento y áridos. “En otras palabras, durante mucho tiempo el programa se ha sustentado en recursos que no se obtienen en la provincia, y que, por tanto, no aseguran su sostenibilidad”, lamentó Jesús Nilo Soca, coordinador del gobierno del territorio.
El ladrillo de arcilla, una vez más, debe sustituir a los bloques. Hasta noviembre pasado, Pinar del Río produjo 800.000 ladrillos. “En 11 meses hemos superado la producción de cinco años”, dijo Yalexis León, director de la Empresa Provincial de Mantenimiento y Construcción Civil. En 2024 se espera que la producción sea de entre 2 y 2,5 millones anuales, añadió.
La arcilla ha sido un recurso que, por encontrarse con facilidad, se utiliza como alternativa para la elaboración de muchos materiales
La arcilla ha sido un recurso que, por encontrarse con facilidad, se utiliza como alternativa para la elaboración de muchos materiales. Así, al menos, la promovió Delilah Díaz Hernández, directora General de Materiales del Ministerio de la Construcción, en una Mesa Redonda el pasado junio. Al tiempo, anunciaba que el mármol cubano, de mayor valor, se exportaría para “financiar” la construcción de viviendas.
La producción local de materiales ha sido una política implementada por el Gobierno desde hace años. Así lo recordó el diario Granma, que subrayó que desde 2010, cuando existían 55 talleres de este tipo, la cifra ha aumentado hasta llegar a los 465 a nivel nacional. Esto “significa que más del 80% de los recursos que demanda una vivienda se pueden obtener de manera local”, pero la realidad demuestra lo contrario.
El aumento desmesurado de los precios de los materiales de construcción en los últimos años han convertido la esperanza de tener una casa en Cuba en algo poco realista. Ni siquiera con subsidios, se quejan a menudo los ciudadanos, es posible levantar una pared, pues el valor de las cabillas, los bloques o la grava aumenta sin que lo haga la asignación estatal. Para colmo, estos recursos ya no se encuentran ni siquiera en los patios (puntos de venta) de materiales.
Lo mismo ocurre con las empresas y el propio Ministerio de la Construcción, cuyo presupuesto alcanza para cada vez menos. Un artículo publicado en 2022 por el periódico Invasor valoraba la posibilidad de que la cartera comprara casas disponibles en el mercado inmobiliario, algo que con la actual caída de los precios –debido a la gran cantidad de cubanos que abandonan el país– supondría para el Estado un ahorro millonario en materiales, personal y tiempo. Sin embargo, la propuesta cayó en saco roto.
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