Otros dos crímenes machistas elevaron a 65 el subregistro de feminicidios verificados en Cuba entre enero y octubre de este año, informaron los observatorios de Género Alas Tensas (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC).
Se trata de Lisandra Pérez Marcial, una joven de 35 años asesinada por su pareja el pasado 15 de octubre enfrente de su propio hijo, un adolescente que intentó defenderla de su agresor.
Según testigos del hecho, el crimen ocurrió en la mañana del domingo cuando Pérez Marcial llegó a su casa en Caibarién, provincia de Villa Clara, después una fiesta que duró hasta la madrugada. Luego de una discusión con su pareja, el hombre le propinó varias puñaladas. La madre de la joven también resultó herida.
El otro crimen incluido en el subregistro de feminicidios que llevan los observatorios es el de Bárbara Rodríguez Guerra, una mujer de 41 años asesinada por su pareja el pasado 20 de septiembre en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma. A la víctima le sobreviven dos hijas menores de edad.
“Nuestras demandas son claras aunque desoídas por las autoridades, por lo que apelamos a la ciudadanía para la prevención de algo irreparable como la pérdida innecesaria de vidas”, recoge el comunicado conjunto de los observatorios independientes.
Según explicaron, en lo que va de año han ocurrido además seis intentos de feminicidio, otros dos asesinatos por motivos de género y cinco casos que necesitan acceso a la investigación policial para determinar si se tratan de crímenes machistas. Actualmente las activistas intentan recabar información tras recibir cuatro alertas de la ciudadanía de casos de violencia de género reportadas en Santiago de Cuba, Guanabo, Bauta y Guáimaro.
A pesar de las alarmantes cifras de feminicidios ocurridos en Cuba, que este año casi duplican los reportados en todo 2022, las autoridades ni siquiera reconocen el término públicamente. El Código Penal vigente tampoco los tipifica como un delito.
Este lunes, el gobernante Miguel Díaz-Canel se refirió al tema durante una entrevista transmitida por el programa de la televisión estatal Mesa Redonda y reconoció que la discriminación y la violencia de género no eran problemas que 60 años de “revolución” hubieran podido resolver.
“Nosotros lo estamos reconociendo con valentía… Estamos en una lucha férrea contra la violencia de género. Es un tema muy complejo porque muchas veces las mujeres que están en situaciones de riesgo no lo denuncian”, dijo.
Sin embargo, varias de las víctimas de violencia machista este año denunciaron a sus agresores antes de que cometieran los crímenes y la Policía no actuó debidamente. De hecho, las propias autoridades han reconocido estas deficiencias.
“Decenas de mujeres son víctimas de este flagelo diariamente y sufren algún tipo de discriminación, acoso, hostigamiento o degradación por el hecho de ser mujeres, aunque no siempre tienen plena conciencia”, señala un reporte del diario estatal Invasor, en la provincia de Ciego de Ávila, que incluye declaraciones de Odelsys Valcárcel, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el territorio.
El artículo reconoce, además, varias de las principales denuncias de la sociedad civil cubana sobre el trato de las autoridades a las víctimas. Según la funcionaria, los agentes de la Policía no están preparados para atender las denuncias de las mujeres, “pues en no pocas ocasiones no encuentran el respaldo que merecen”.
Las organizaciones feministas y miembros de la sociedad civil cubana exigen al gobierno desde hace tres años que declaren el estado emergencia por violencia de género en el país, un mecanismo que permite establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, junto a protocolos de protección para las sobrevivientes.
También han exigido la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género, cuyo debate ha sido postergado por la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta 2027.
“Nos están matando porque vivimos en un Estado feminicida, que criminaliza el activismo feminista y LGBTIQA+ (y a todos los activismos), y no quiere implementar mecanismos de protección para los que es imprescindible la sociedad civil”, cuestiona la declaración conjunta de las organizaciones que velan por los derechos de la mujer.
