Con una franqueza poco habitual en los medios oficiales cubanos, la revista Bohemia pone el dedo en la llaga de la situación laboral de la Isla. La conclusión, tras contar –con nombres y apellidos– varias historias de fracasos profesionales y “flujo” constante del sector estatal al privado, es clara: “En Cuba, tener un título es no tener nada”.
El otro gran dilema –la emigración y la consiguiente “fuga de cerebros”– es tratado con más cautela por el artículo de la centenaria revista, titulado ¿Colgar el título?. Más bien, la mira está puesta en aquellos que, siendo maestros o médicos, “fluyen” hacia las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes), donde cobran “siete veces más”, dejando en nada la “transformación económica que se necesita” en el país.
Para calibrar la situación, la revista realizó una encuesta a 70 personas que abandonaron o piensan abandonar de forma inminente el sector estatal, la mayoría formados en Ciencias Sociales y Humanísticas. El 20% de los encuestados dijo haberse empleado ya en empresas privadas y el principal objetivo del 100% es “obtener una remuneración mayor” y obtener “mejores oportunidades y condiciones laborales”.
Varios entrevistados aseguraron que “el sector de la salud es muy explotado”. Uno de ellos, identificado como Guillermo, expuso que prefería “abandonar el sueño de ser cirujano a ser humillado con tanto maltrato”. El 64% de los entrevistados señaló que no recomendaría a otros estudiar su misma carrera.
Uno de ellos, identificado como Guillermo, expuso que prefería “abandonar el sueño de ser cirujano a ser humillado con tanto maltrato”
El texto retoma cifras oficiales que dan la medida del grado de alarma de las autoridades. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), desde 2021 –”cuando fuera aprobada la Tarea Ordenamiento”– el sector de salud perdió 12.065 médicos y 3.246 enfermeros; y el de la educación superior, 1.375 profesores.
Solo en 2022, el sector de la ciencia e innovación tecnológica perdió 2.000 operarios, mientras que el de la asistencia social vio marcharse a la no desdeñable cifra de 22.000 profesionales. Finalmente, si se suman los técnicos y otra clase de trabajadores, ese año la salud perdió un total de 31.308 personas.
La Encuesta Nacional de Ocupación que realiza la Onei reveló, además, que el 8,1% de los desocupados en Cuba –unas 6.860 personas– son profesionales que esperan, sin lograrlo, “congeniar una opción salarialmente atractiva con sus capacidades y experiencias”.
La rotunda crisis económica cubana, que ha encarecido los productos hasta en diez veces en 2021, aseguran, coloca al profesional que trabaja para el Estado al borde de un dilema: “¿Hacer lo que te gusta, para lo que te formaste durante cinco años de estudios universitarios, o irte a incursionar en otros ámbitos, quizá menos gratificantes desde lo laboral, pero con mejor retribución económica?”.
Es natural, admite el artículo, que se opte por lo segundo. Es el caso de Lesli, una graduada en Comunicación que, con un salario de 5.060 pesos, tenía que sobrevivir “vendiendo ropas recicladas los fines de semana en una venta de garaje, limpiando una casa cerrada en El Vedado cuatro veces al mes y cambiando los cigarros de la bodega por azúcar, arroz o confituras”.
La ex doctora de 24 años Liz Hernández Pérez, otra de las entrevistadas por Bohemia, confiesa que cuando pasa por su antigua escuela de medicina, en La Habana, le dan “ganas de llorar”. Graduada con título de oro, también tuvo que abandonar la idea de entrar el sector estatal porque vivía “sola con su mamá, su hermano pequeño y dos abuelos maternos, bastantes delicados de salud”. Los 5.000 pesos que ganaba su madre, enfermera, eran el único salario que entraba a su casa.
“De igual modo, debido a las complejidades para obtener permisos temporales de salidas al exterior y a las continuas negativas de las autoridades, muchos estudiantes y especialistas de la salud optan por pedir la baja permanentemente”
Ahora trabaja como dependiente “en uno de esos bodegones que proliferan en la ciudad con el aumento de la importación de productos por las mipymes”. Hernández explica su decisión –”no vivo una vida que me permita trabajar sin importarme el salario”– y confiesa sin ambages su plan: “Retomar su profesión en algún momento, en Estados Unidos, donde está su padre”.
“De igual modo, debido a las complejidades para obtener permisos temporales de salidas al exterior y a las continuas negativas de las autoridades, muchos estudiantes y especialistas de la salud optan por pedir la baja permanentemente”, reflexiona Bohemia.
Miriam Pérez, holguinera, trabajó como profesora universitaria durante 18 años. Ahora se dedica a la traducción y no se arrepiente: “Poder hacerlo desde casa, en mis propios horarios, me ha dado la libertad de atender a los míos y ayudarlos más económicamente”. Libertad es también una palabra clave para Lisandra Luaces, habanera graduada en Física Nuclear. “El salto fue abismal”, reconoce. “Demasiado trabajo, tiempo y estudio para que el salario le durara apenas una semana. Por eso montó un negocio de impresión de documentos”. Todos los materiales –tinta, papel y equipos– debe importarlos desde el exterior.
La revista pone varios ejemplos más, en la misma línea, cuyo factor común es la afirmación de que mientras el Estado ofrezca condiciones tan pobres de trabajo, la mejor opción será abandonar el sector. Aunque ahí no acaban los problemas, puesto que, incluso quienes desempeñan dos o tres trabajos tienen múltiples problemas para llegar a fin de mes: “Con tres empleos tengo trabajo para unas 14 horas al día. Ansiedad, angustia, sobrecarga, migrañas, cansancio, deterioro de la visión, insomnio, culpa por no poder con todo, o sí poder, pero no rendir al 100 por ciento de las capacidades. Y lo peor es que lo que reportan tres trabajos, 10.000 o 12.000 pesos, tampoco garantiza tener ahorros, comprar todos los alimentos que necesito, pagar una renta cómoda, reponer equipos de trabajo si se rompen”, lamenta otra de las entrevistadas.
Un aluvión de comentarios de lectores sirve de coda a la nota de Bohemia. El más contundente: “El Estado sí es el máximo responsable del desastre. No lo justifiquen”.
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