MÉRIDA, México -. Un proyecto impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destina 1.3 millones de dólares para el manejo de los recursos pesqueros en golfo de Guacanayabo.
El proyecto Conpescas Guacanayabo se enfoca en la gestión sostenible de los recursos pesqueros, fomenta la utilización de artes de pesca selectivas y respetuosas con el medio ambiente e impulsa la aplicación de buenas prácticas en el sector, explica una nota de esta semana de la FAO en Cuba.
Recientemente, y como parte de este proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), se fortalecen capacidades en el Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) y los departamentos técnicos (buroes de captura) de empresas pesqueras ubicadas en este golfo.
De esta manera, la FAO ha entregado al Gobierno cubano “equipamientos de georeferenciación, posicionamiento y observación; medición de parámetros físicos-químicos y oceanográficos, así como herramientas de trabajo y equipos de buceo para garantizar la evaluación periódica del hábitat y las poblaciones sometidas a explotación pesquera”.
También, “tecnologías informáticas y medios de transporte que facilitan la gestión de los procesos vinculados a la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur en Camagüey, la Empresa Pesquera Industrial de Granma y la Unidad Empresarial de Base de Guayabal, perteneciente a la Empresa Pesquera de Las Tunas”.
Ley de pesca en Cuba
En marzo pasado, el Gobierno cubano eliminó definitivamente la obligación que tenían los pescadores no estatales de tener concertado un contrato con una empresa autorizada para la comercialización para entregarle la licencia de pesca.
Esta medida, que ya fue tomada de forma provisional en 2022, se aplica para la mayoría de las especies pesqueras, excepto para la langosta, que queda excluida.
Las especies que pueden ser pescadas libremente por los pescadores no estatales son: peces, túnidos, ostiones, almejas, jaiba y camarones marinos, siempre que se capturen fuera de las lagunas costeras, en aguas de la plataforma insular.
La ley también establece un proceso de conciliación trimestral entre la Oficina Nacional de Inspección Estatal y los pescadores sobre las capturas realizadas mediante la entrega de una Declaración Jurada.
Sin embargo, el régimen cubano no renuncia al control de la actividad pesquera en el país.
En recientes declaraciones de una viceministra del Ministerio de la Industria Alimentaria, recogidas por el periódico Juventud Rebelde, se reafirma ese propósito. Tras insistir en lo imprescindibles que resultan las relaciones de los pescadores con las empresas estatales pesqueras, la funcionaria expresó que “se necesita que los pescadores que hoy tienen licencia comercial no estatal, hagan llegar el pescado de forma ordenada a las propias comunidades pesqueras, a los consejos populares, creando las condiciones viables para lograr el impacto que se necesita, y que en un breve tiempo se pueda afirmar que se cumple el objetivo de llevar ese alimento al pueblo”.
Según datos de la FAO, el consumo per cápita de pescado en Cuba antes de 1959 superaba los 20 kilogramos por año. Hacia la década de 1980 esa cifra había disminuido a 16 kilogramos, y para 2014 no llegaba a cuatro kilogramos. Actualmente la ley de pesca establece que los pescadores privados que comercializan su captura deben vender la mayor parte de esta al Gobierno.
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