Un juicio contra el parole humanitario, que ha sido postergado durante meses, arrancará este jueves en Texas luego que un juez de ese estado rechazara en marzo pasado la solicitud del gobierno del presidente Joe Biden de transferir el proceso a otra corte.
En una demanda presentada en febrero pasado, 21 estados exigen al gobierno de EEUU la cancelación del programa que beneficia con permiso de residir en el país por dos años, bajo el patrocinio de un ciudadano estadounidense o un residente permanente, a al menos 30 mil migrantes por mes procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Los solicitantes del programa deben aprobar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos que responda por ellos. Si se les aprueba, deben volar a un aeropuerto estadounidense en lugar de cruzar por la frontera sur. Luego pueden permanecer en el país durante dos años y obtener un permiso de trabajo.
En la acción judicial, los estados demandantes, encabezados por la Florida y Texas, ambos republicanos y con una gran población migrante, acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, entre otros, de violar la ley federal de inmigración y de una extralimitación del Poder Ejecutivo.
“Los estados demandantes (…) enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados”, indica el documento de la demanda.
Por su parte, el gobierno alega que tiene el poder de usar el poder humanitario de esta manera, y atribuye a la iniciativa la drástica reducción de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de esos cuatro países.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus cifras en inglés) dijo que los procesos de libertad condicional para los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua anunciados por la Administración Biden el 5 de enero de 2023 han reducido significativamente la migración irregular y han negado a los contrabandistas la oportunidad de explotar a casi 160.000 personas que, en cambio, se han beneficiado de la expansión de caminos seguros, ordenados y humanos.
Esta agencia federal informa que hasta fines de julio de 2023, más de 181.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían llegado legalmente bajo los procesos de libertad condicional.
“Este número incluye a más de 41.000 cubanos, más de 72.000 haitianos, más de 34.000 nicaragüenses y más de 63.000 venezolanos que han sido examinados y autorizados para viajar”, precisa la información.
Además añade que, por esta vía, ya han llegado a territorio estadounidense más de 39.000 cubanos, más de 60.000 haitianos, cerca de 27.000 nicaragüenses y más de 55.000 venezolanos”.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en una conferencia telefónica reciente que el gobierno está preocupado por el próximo juicio y apelará si pierde.
El caso está programado para ser escuchado en Victoria, Texas, por el juez Drew Tipton, quien fue designado por el expresidente Donald Trump y ha fallado en contra de Biden con respecto a qué personas darles prioridad para su deportación. El gobierno federal presionó sin éxito para que el caso de permiso humanitario fuera transferido de la sala del tribunal de Tipton, luego de insinuar que los estados republicanos presentaron la demanda en Victoria porque buscaban un juez favorable a su posición.
[Con información de Associated Press]
