(EFE).- Miles de personas marcharon este domingo en el centro de Santiago de Chile para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973 y homenajear a las víctimas de la dictadura militar, una manifestación cargada de emoción y mensajes a favor de la democracia, pero que terminó con disturbios en el Cementerio General y los alrededores del palacio presidencial.
El presidente chileno, Gabriel Boric, se unió a la marcha encabezada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y en cuya cabecera también estaba el juez español que estuvo a cargo del procesamiento del general Augusto Pinochet a principios de siglo, Baltasar Garzón.
“Su muerte (la de Allende) fue en defensa de la democracia y del Estado de derecho”, señaló el mandatario minutos antes, durante la inauguración de un memorial en la calle Morandé 80, frente a la puerta de La Moneda por donde sacaron el cuerpo del presidente socialista después del bombardeo contra la sede de Gobierno.
“Hoy cuando algunos se permiten relativizar aquello que no debió existir, decimos con firmeza: democracia hoy y siempre”
“El quiebre de la democracia chilena, con sus enormes secuelas de muerte y destrucción, nos sigue marcando hasta hoy (…) Hoy cuando algunos se permiten relativizar aquello que no debió existir, decimos con firmeza: democracia hoy y siempre”, subrayó Boric en la antesala de un aniversario que está generando mucha crispación y polarización.
La derecha tradicional chilena, agrupada en la coalición Chile Vamos, anunció esta semana que se ausentará este lunes de los actos conmemorativos, a los que asistirán varios presidentes de la región, y dijo que no firmará la declaración a favor de la democracia que promueve Boric.
Portando cientos de banderas y pancartas y fotografías de víctimas, la marcha terminó a los pies de Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cementerio General de la capital.
El juez Garzón, que portaba unas gafas similares a las icónicas que llevaba Allende, pidió no olvidar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, un asalto a la democracia, un golpe de Estado violento que supuso la apertura de un régimen de temor y la negación de los derechos humanos”.
“Mientras no haya justicia, no haya verdad, jamás dejaremos de marchar. Hay que sanar las heridas con justicia verdadera, reparación y garantías para el nunca más”, dijo a EFE un manifestante que pidió no ser identificado.
“Mientras no haya justicia, no haya verdad, jamás dejaremos de marchar. Hay que sanar las heridas con justicia verdadera, reparación y garantías para el nunca más”
A su lado, otro joven que tampoco quiso revelar su nombre dijo a EFE que la marcha “es un compromiso con la memoria, para que en este país nunca más se vuelva a quebrar la democracia y las Fuerzas Armadas traicionen a su pueblo”.
En diversos puntos de la capital, especialmente en el cementerio, se registraron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes violentos y fuerzas policiales, además de barricadas y varios saqueos en un supermercado del centro.
También hubo disturbios frente a La Moneda y manifestantes lanzaron piedras contra el palacio presencial, rompiendo algunas ventanas.
Según un estudio difundido la pasada semana por la Fundación Activa, un 56% de los chilenos dicen no estar interesados en el 50 aniversario del golpe. De acuerdo con la encuesta, realizada en las últimas semanas de agosto a través de 1.076 entrevistas en 180 comunas (provincias) a nivel nacional, un 41% piensa que esta efeméride es importante, mientras que otro 41,8% cree que es un evento poco relevante.
Además, a 50 años del inicio de la dictadura, un 32,8% de los chilenos están a favor del golpe y creen que fue necesario, dice el estudio, antes de destacar que esta opinión las defienden de manera mayoritaria encuestados varones mayores de 51 años con una tendencia política de derecha.
Esta opinión las defienden de manera mayoritaria encuestados varones mayores de 51 años con una tendencia política de derecha
Solo un 43,4% considera que fue malo para el país, mientras que en cuanto a la responsabilidad, un 39,6% culpa al propio presidente, Salvador Allende, elegido en las urnas, y a su Gobierno de coalición conocido como Unidad Popular; un 30,8% a los comandantes de las Fuerzas Armadas y de orden de la época, y un 30,6% a Estados Unidos por medio de la CIA.
Más de la mitad de los encuestados (51,3%) tienen una mala opinión sobre el dictador Augusto Pinochet, aunque un 39,2% también piensan negativamente de Allende.
La mayoría de los encuestados coinciden, asimismo, en que las diferencias y divisiones que genera el golpe de Estado nunca se superarán, y el 76,5% señala, a este respecto, que prefiere un sistema democrático como fórmula de Gobierno mientras que un 43,7% justifica un golpe de Estado dependiendo de “las condiciones que viva un país”.
A pesar de esto, la mayoría de los chilenos coinciden en que el comienzo del régimen autoritario supuso violaciones a los derechos humanos, práctica de torturas, exilios y desaparecidos.
Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
Gabriel Boric, primer presidente chileno nacido en dictadura, trata desde hace meses de consensuar una declaración institucional de condena del Golpe con todos los partidos y actores políticos y sociales del país, iniciativa en la que ha encontrado numerosos obstáculos y de la que tras la extrema derecha, se ha desmarcado también la derecha tradicional.
En un comunicado conjunto, los partidos de derecha y centro derecha han emitido una declaración en la que eluden la denominación “golpe” y evitan una alusión directa a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la asonada y la posterior represión.
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