Más de 220 personas y 25 organizaciones de todo el mundo, incluyendo países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, sufrieron represalias por cooperar con Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Así lo señala un informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que “pone de relieve las actividades, las novedades en materia de políticas y las buenas prácticas dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para combatir los actos de intimidación y represalia contra quienes tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos”.
El reporte incluye denuncias recibidas durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, así como sobre el seguimiento de algunos casos presentados en informes anteriores.
Sobre la situación en la isla, el informe menciona los casos de Juan Antonio Madrazo Luna y Marthadela Tamayo González, ambos activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).
“Según información recibida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Sr. Madrazo Luna y la Sra. Tamayo González fueron informados por las autoridades que continúan (regulados) con prohibición de salida temporal durante el período que abarca el informe y no pudieron viajar al extranjero. Esto supuestamente obstaculizó su compromiso con las Naciones Unidas, incluidos los actuales preparativos del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba, previsto para realizarse en noviembre de 2023”, indica el reporte.
“Según se informa, ambos defensores de derechos humanos continúan bajo constante vigilancia en su casa por parte de agentes policiales y han sufrido ataques repetidos y selectivos, interrupciones de sus servicios de datos móviles y telefonía fija, a veces por periodos de semanas. Esto les ha impedido buscar, recibir y difundir información, y obstruyó su compromiso con las Naciones Unidas”, agrega el documento de la ONU.
Los defensores de derechos humanos y otros agentes de la sociedad civil sufren una creciente vigilancia y tienen que enfrentarse a juicios, limitaciones a su movilidad, amenazas y penas de prisión por cooperar con la ONU y sus mecanismos, dice el informe.
“Un contexto mundial de reducción del espacio cívico está dificultando cada vez más la documentación, la denuncia y el poder dar una respuesta adecuada a los casos de represalias, lo que significa que el número sea probablemente mucho mayor”, afirmó en Ginebra la Subsecretaria General de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris.
Los 40 Estados mencionados en el informe por tomar represalias contra activistas son:
Afganistán, Argelia, Andorra, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Burundi, Camerún, China, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Francia, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Libia, Maldivas, Malí, México, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Qatar, Federación de Rusia, Arabia Saudita, Sudán del Sur, Emiratos Árabes Unidos, República Unida de Tanzania, Uzbekistán, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen y el Estado de Palestina.
