SAN LUIS POTOSÍ, México.- En una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta Kamala Harris, 25 gobernadores exigieron mostrar la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parole humanitario, a poco más de un mes de haberse restablecido las Autorizaciones Anticipadas de Viaje (ATA, por sus siglas en inglés) para beneficiarios del parole, tras haberse suspendido por alegaciones de fraude.
En la misiva, manifestaron que no se tiene información sobre los patrocinadores de los migrantes o la ubicación y la situación laboral de estos, “las fuerzas del orden estatales y locales están extremadamente limitadas en sus capacidades para investigar la posible explotación de los beneficiarios de parole y la posibilidad de que sean víctimas de la trata de seres humanos”.
“Como jefes ejecutivos de nuestros estados, directamente responsables de la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes residen dentro de nuestras fronteras, exigimos a la Administración Biden-Harris y al DHS una rendición de cuentas completa sobre la ubicación y la situación legal de las poblaciones en libertad condicional en nuestros estados”, escribieron.
Asimismo, exigieron información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma haber llevado a cabo sobre cada beneficiario de parole: “Pedimos los nombres y la ubicación de los patrocinadores a los que se ha concedido la tutela. También preguntamos qué sistema ha puesto en marcha el DHS para supervisarlos y a sus patrocinadores y qué asistencia presta el DHS a los inmigrantes”.
Los gobernadores aludieron a una falta de comunicación por parte de la administración sobre las horas de llegada, la duración de la residencia, la situación legal y la ubicación de estos “inmigrantes en libertad condicional”, que ha creado, en su opinión, “una confusión y alarma considerables entre los funcionarios locales y el público en general”.
Sin conocimiento del volumen de población inmigrante, dijeron, no pueden dimensionar el impacto de estos beneficiarios de parole “en los ya limitados servicios públicos, incluidas las escuelas públicas locales”, consta en el texto suscrito por los gobernadores de Alabama, Arkansas, Alaska, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia.
Hasta finales de agosto, casi 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente y se les concedió el parole en virtud de estos procesos. Sin embargo, Washington informó recientemente que quienes reciban este parole deberán buscar una vía para regularizar su estatus migratorio, ya que el permiso no será renovado después de dos años.
Luego de haber sido suspendidasa inicios de agosto tras la revelación de un informe interno que exponía niveles significativos de fraude, las autorizaciones del parole se restituyeron, con una mayor revisión de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación para descubrir perfiles de patrocinadores fraudulentos y mecanismos de revisión más rigurosos para detectar tendencias de solicitudes presentadas en serie.
Se añadió también en el proceso el registro de las huellas dactilares de los patrocinadores en Estados Unidos y un análisis de antecedentes de los posibles beneficiarios.
