SAN LUIS POTOSÍ, México.- Melody González Pedraza, expresidenta del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada que solicitó asilo político en Estados Unidos, ofreció declaraciones al medio independiente Diario de Cuba sobre las acusaciones de “represora” que sobre ella pesan.
Entrevistada por el diario cubano, la exfuncionaria, que presidió un juicio que se saldó con el encarcelamiento de cuatro jóvenes por el presunto delito de atentado, aun sin tener pruebas sobre los hechos, alegó que su sentencia se basó en el testimonio de uno de los acusados y que fue coaccionada para mantenerlos en prisión y apegarse a la resolución de la Fiscalía.
“La prueba fundamental estaba basada en la confesión de uno de los cuatro”, dijo González Pedraza sobre el juicio contra Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez, imputados por presuntamente lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de jefes de la policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre del año 2022.
El juicio contra los cuatro jóvenes
“Adain Barreiro, justo el hijo de la mujer que aparece en el vídeo hablando mal de mí, durante las investigaciones confesó e implicó a los otros tres. Redactó un documento con su puño y letra, reconstruyó los hechos, y realizó presentación para reconocimiento por fotos, donde implicó a los otros”, declaró.
Sobre este joven, en cuyo testimonio basaría su dictamen, exclamó que se retractó durante el juicio y dijo que lo habían obligado a confesar y lo habían amenazado con llevar a prisión a su hermano.
Las declaraciones de la exjueza se producen días previos a su demostración de “miedo creíble” ante una audiencia judicial en Estados Unidos.
González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, como beneficiaria del programa de parole humanitario, que le fue negado. Luego fue trasladada al Broward Transitional Center tras pedir asilo político y recientemente se enfrentó a su primera audiencia.
En su exposición sobre el caso de los cuatro cubanos encarcelados, refirió que el expediente llegó al Tribunal de Encrucijada a inicios de enero y los acusados estaban en prisión provisional desde hacía varios meses. Según afirma, el expediente fue revisado por la Fiscalía provincial y las conclusiones fueron presentadas por un fiscal provincial.
“Incluso, el juicio vino a hacerlo a Encrucijada un fiscal de la provincia”, enfatizó, al tiempo que declaró que desde el principio recibió la indicación de mantener la medida cautelar de prisión provisional.
“Obligada” y “amenazada”
En medio de la trascendencia que iba teniendo el caso en redes sociales, comentó que fue amenazada y obligada a seguir las indicaciones de mantener a los jóvenes en prisión.
“El 18 y el 23 de abril recibí una visita en mi centro de trabajo, una inspección de la presidenta del Tribunal Provincial y la presidenta de la Sala de Seguridad. Me dieron indicaciones precisas; yo debatí que los abogados de la Defensa habían presentado un grupo de pruebas importantes, sobre todo, testigos. Pero la orden que recibí fue que las de las Fiscalía eran suficientes y tenían más valor. Había que mantener la prisión provisional y sancionarlos”, relató a Diario de Cuba.
Además, expuso que a la par de esas “indicaciones”, dos oficiales de la Seguridad del Estado, a los que nombra como Yoandry Cárdenas y Osmany Castellanos, la visitaron y le preguntaron si ya sabía “lo que tenía que hacer en ese asunto”. La exjueza consideró que fueron palabras “totalmente amenazantes”, proferidas incluso en presencia de su esposo.
“Fueron tajantemente a asegurarse de que estas personas fueran sancionadas y a decirme que yo no podía hacer caso a los comentarios, pues las consecuencias serían peores; que tenía que sancionarlos o tomarían medidas conmigo y con mi familia”, prosiguió.
Ella, dijo, sintió temor a represalias, un miedo mayor a cualquier “difamación” en redes sociales. “Fueron momentos de estrés tan grandes, que conllevaron a que mi salud se vea seriamente afectada en estos momentos”.
González Pedraza precisó que pidió la baja del sistema judicial cubano el pasado 30 de abril pero el 2 de mayo todavía estaba involucrada en el caso de los jóvenes, pues ese día acudió al tribunal para “reevaluar” las pruebas.
Sin embargo, de acuerdo con su versión, le insistieron en que “no había otra opción que sancionarlos e imponerles la pena que había solicitado la Fiscalía”, a pesar de solo tener como prueba una confesión.
¿Víctima?
La sentencia, redactada por ella, fue revisada por el Tribunal Provincial y se le cambiaron “muchas frases”, apuntó. En la decisión final consideró condenar a tres años de cárcel al joven que declaró y a cuatro al resto que, en su defensa, argumentó que fue una pena “inferior a la solicitada por el Fiscal”.
González Pedraza, quien tuvo su parole el 10 de mayo, y el 11 el permiso de viaje, le comunicó de su viaje a su jefa y le impusieron una medida de suspensión inmediata del vínculo laboral. La sentencia contra los cuatro jóvenes había sido dictada el 8 de mayo.
En su relato, ofrecido el medio independiente, reconoce que es difícil que la vean como una “víctima” en su audiencia de “miedo creíble”, luego de haber sido funcionaria del régimen y militante del Partido Comunista.
“Estoy consciente de que es difícil que me vean como una víctima. Por varios años ejercí esa profesión y viví guardada tras el caparazón que me obligaba a ponerme el Gobierno cubano. Es muy difícil que hoy las personas entiendan que pienso diferente, y es muy difícil defenderme, pues en mis manos no tengo pruebas físicas. Solo podré contar con unos pocos testimonios y solo de mis familiares más allegados, pues quienes conocen la verdad no van a hablar”, opinó.
Sobre su membresía del PCC expuso que solo era una militante más, “que debía pagar todos los meses una alta cuota de dinero y cumplir con sus indicaciones”.
“El gobierno manipula”
A unos días de la audiencia judicial donde deberá mostrar méritos para obtener el asilo político, opinó que ha decidido ofrecer declaraciones porque no tiene miedo y su único temor es, según sus palabras, regresar a Cuba.
Expresó que solo tiene “dos verdades”: “que el Gobierno cubano manipula, controla, dirige y extorsiona al sistema judicial cubano a su antojo y según sus intereses, y quienes son parte de ese sistema lo saben y lo permiten porque no tienen más opción”.
Su segunda “verdad” es que no es posible dentro de la Isla “hablar y seguir siendo juez profesional”.
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