ROMA, Italia. – La ola represiva que ha sacudido a Venezuela luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio y de la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto evidencia que el aparato represor del régimen sigue más activo que nunca.
“Tenemos 2.000 presos capturados que van para [las cárceles de] Tocorón y Tocuyito, máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, dijo Maduro el pasado sábado 3 de agosto, durante un mitin en Caracas.
Por su parte, organizaciones civiles como el Foro Penal Venezolano contabilizan 1.393 aprehendidos hasta el 13 de agosto, entre ellos 17 personas con discapacidad, 117 menores de edad y 182 mujeres. Esta ola represiva ha sido denunciada por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIIDH), que alertan sobre el persistente abuso de las autoridades venezolanas en la violación de los derechos fundamentales.
La gravedad de la situación ha movilizado incluso al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien informó que está siguiendo de cerca los acontecimientos en Venezuela y ha instado al gobierno a garantizar el respeto al Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
¿Pero qué tiene de diferente esta nueva ola represiva de las anteriores que ha vivido Venezuela? Lo explica en una conversación exclusiva con CubaNet el abogado Alí Daniels, quien es profesor en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, además de director de la organización sin fines de lucro Acceso a la Justicia, con sede en Venezuela.
―¿Se puede afirmar que en Venezuela existe una suspensión de facto de las garantías constitucionales?
―Lamentablemente, tenemos que estar de acuerdo, porque en la enorme mayoría, si no en todas, de las detenciones que se han verificado hasta ahora, no ha habido órdenes de detención. Ha habido allanamientos ilegales a casas para buscar personas y detenerlas. Además, hemos presenciado situaciones que bordean el psicoterror, como el marcaje de casas en la zona del 23 de enero [donde viven familias de bajos recursos de Caracas] para identificar a personas como opositoras. Un caso que para mí evidencia todo lo que hemos mencionado es el de una mujer que, utilizando harina de maíz, escribió la palabra “libertad” en el pavimento. Esta persona fue detenida e imputada por incitación, lo que demuestra que, en Venezuela, escribir la palabra “libertad” parece ser motivo de persecución.
Adicionalmente, los detenidos no han tenido acceso a sus abogados o familiares. A aquellos con doble nacionalidad, no se les ha permitido la visita consular, violando su derecho a asistencia consular, que es un derecho humano. Todo esto, sumado a situaciones en las que cualquier policía puede detenerte en la calle y revisarte el teléfono, evidencia que en Venezuela el Estado de derecho es inexistente.
―Sin embargo, no es la primera vez que vemos este tipo de acciones represivas en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está sucediendo actualmente y lo que ha sucedido en el pasado?
―La escala represiva ha sido mucho mayor en comparación con los hechos del año 2014 y del año 2017. Solamente entendamos que para llegar a más de 1.000 detenidos en el año 2014 tuvieron que pasar semanas. Aquí en una semana se llegó a ese número. La represión ha sido muchísimo más fuerte y no tiene ninguna proporción con algunos eventos de destrucción de estatuas que hubo al día siguiente de la elección. La mayoría de las expresiones que ocurrieron ese día fueron manifestaciones espontáneas, populares y pacíficas.
Además, la actual oleada represiva ha sido más amplia. No solo incluye violaciones clásicas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, sino también un conjunto de acciones que buscan infundir miedo en la población. Entre ellas, la difusión de videos con música de terror por parte de organismos de seguridad, el bloqueo de redes sociales como X y Signal, y la demonización de WhatsApp, generando pánico entre los ciudadanos sobre su uso; porque la Policía cree que puede quitarle el teléfono a cualquiera, revisarlo y si encuentra una noticia o imagen vinculada a la oposición, se cree que eso es suficiente para detener a una persona. Y un elemento nuevo es la anulación masiva de pasaportes, lo cual, en un país donde existen 7,5 millones de personas que viven en el exterior, es una grave violación a los derechos humanos porque no solamente impide al venezolano salir del país, también impide al defensor de derechos humanos ir a Ginebra o ir a los órganos de protección internacional, como le pasó al compañero Yendri Velázquez, que fue detenido en el aeropuerto, fue desaparecido y su pasaporte fue anulado. Ya fue finalmente liberado, pero quedó con el pasaporte anulado y sin ninguna explicación de por qué fue detenido.
Por otro lado, en Venezuela existe un ordenamiento jurídico que establece que una persona solo puede ser detenida en flagrancia o por orden judicial, algo que no se está respetando. Las leyes indican que una persona debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas posteriores a su detención, pero esto no se cumple. Además, tenemos el caso de William Dávila, una persona que tiene 73 años, con un cuadro de salud delicado y, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, una persona mayor de 70 años debe tener casa por cárcel y esta persona estuvo en un sitio de reclusión común. Es decir, hay toda una serie de normas que establecen parámetros objetivos de cumplimiento de derechos humanos y aquí han sido groseramente violados.
Adicionalmente a eso, aunque existe una ley contra el odio, lo cierto es que protestar pacíficamente no es odio. Defender una posición política no es odio. Decir que tu candidato o el candidato por el que se votó ganó las elecciones no es odio y más en una situación donde efectivamente la oposición tiene elementos muy fuertes para justificar lo que está diciendo. En este sentido, el intento de silenciar a la oposición bajo el pretexto de que sus opiniones son fascistas o terroristas no es cierto. Por el contrario, quien está sembrando el miedo en la población con la anulación masiva de pasaportes, con la persecución de los teléfonos y la prohibición de redes sociales, justamente es el Gobierno, no los ciudadanos.
―Vimos a Nicolás Maduro condenar anticipadamente a los detenidos, asegurando que serían castigados “con todo el peso de la ley”, con penas de hasta 15 años. ¿Estas declaraciones pudieron influir en la actuación del Ministerio Público y de las fuerzas policiales?
―Precisamente, ese es el problema: no es “con todo el peso de la ley”, porque si se cumpliera la ley, estas personas nunca habrían sido detenidas. Como dije antes, protestar pacíficamente no es delito. Además, ha habido fiscales que han sido detenidos por no querer imputar a personas o por defender sus derechos. En un país donde el poder judicial no es ni imparcial ni independiente, y donde los jueces reciben órdenes, el hecho de que el presidente condene anticipadamente a las personas que protestan, justamente es una condena anticipada. Ningún juez va a querer quedar en evidencia y decir que está contradiciendo la palabra del presidente. En Venezuela los jueces no son de carrera, sino que, de un día para otro, sin procedimiento previo, pueden ser destituidos. Esto es lo que llamamos el “efecto Afiuni”, en referencia a la jueza que fue encarcelada [por Hugo Chávez] por ejercer su papel de manera independiente. Entonces con un poder judicial que no protege los derechos, sino que lo que hace es cumplir órdenes, mal podemos hablar de respeto a los derechos.
―¿Qué llamado haría a la comunidad internacional para garantizar el respeto de la justicia en Venezuela?
―Mi llamado es que mantenga la atención sobre el caso venezolano, que continúe denunciando las violaciones masivas de derechos humanos. La situación es tan grave que incluso Naciones Unidas, que ha sido bastante tímida en su reacción, ha comenzado a tomar medidas. Recientemente, el alto comisionado condenó la violencia y pidió el cese del hostigamiento a las personas percibidas como opositoras. Pedimos a la comunidad internacional que mantenga el foco sobre Venezuela porque lamentablemente la tragedia venezolana también les afecta.
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