La Habana/Máscaras negras y pulóveres blancos, lealtad a toda prueba al régimen sandinista y una misión: no dar tregua a la disidencia en Nicaragua. El pasado miércoles, unos 30.000 ex militares, antiguos policías y miembros del oficialismo juraron fidelidad a Daniel Ortega y Rosario Murillo como “policías voluntarios”, en un acto de puro estilo norcoreano.
Definidos por Naciones Unidas como un peligroso grupo paramilitar creado “para reforzar las capacidades policiales del país”, hay alrededor de 50.000 reclutas inscritos en toda Nicaragua de forma “voluntaria”, en virtud de una nueva Constitución diseñada, afirma el organismo, para lograr la “consolidación del control total del Gobierno sobre el aparato del Estado”.
La página web de la Policía Nacional dio amplia cobertura al evento, desarrollado en la plaza La Fe en presencia de la plana mayor sandinista. Murillo fue quien apadrinó al cuerpo paramilitar con un discurso en el que los nombró “defensores de la paz”. Ortega, por su parte, dijo que la ocasión era “histórica cien veces, mil veces, miles de veces”.
“Los combatientes no han hecho más que ocupar el lugar que la ley les da, el lugar que la Constitución les da, para sumarse a la Defensa”
Su misión es ejecutar la consigna “Aquí no volverán”, dijo Ortega, aludiendo a los disidentes y exiliados nicaragüenses. “Los combatientes no han hecho más que ocupar el lugar que la ley les da, el lugar que la Constitución les da, para sumarse a la Defensa”, añadió. La “policía voluntaria” respondió, al unísono, con consignas que reflejaban “obediencia y lealtad” al régimen, según la crónica oficial.
Según la Policía Nacional, el cuerpo paramilitar juramentado esta semana contribuirá a la lucha del Gobierno contra el narcotráfico y ha logrado ya “dar golpes contundentes y evitar que en el país se establezca una base logística del crimen organizado”.
Como jefe de la “policía voluntaria” y comisionado general fue nombrado Francisco Díaz Madriz, consuegro de Ortega y Murillo y uno de los “hombres fuertes” que actuó contra las protestas populares de 2018 en Nicaragua. De hecho, fue durante esas manifestaciones donde agentes paramilitares del régimen reprimieron a quienes salieron a las calles.
El pasado enero, en la localidad norteña de Estelí, Ortega y Murillo escucharon el juramento de los primeros 1.700 miembros de la “policía voluntaria”. Ya en esa ocasión portaron las máscaras y pantalones negros, y el pulóver blanco.
El cuerpo paramilitar juramentado esta semana contribuirá a la lucha del Gobierno contra el narcotráfico
Este viernes, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un nuevo informe sobre los abusos de Ortega y Murillo, en esta ocasión con la ausencia de la delegación nicaragüense, que en la víspera anunció su retirada de ese foro de países miembros de Naciones Unidas.
“Lamentamos profundamente la decisión soberana de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos, pero ello no cambia la situación en el país ni los hallazgos del grupo desde hace tres años: en Nicaragua se han cometido y se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos que requieren acciones globales urgentes”, subrayó el presidente del grupo Jan-Michael Simon.
“Desde abril de 2018, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo (ahora copresidenta a partir de la reforma constitucional en vigor desde este mes) han puesto en marcha una estrategia represiva para asegurarse el control absoluto del Estado”, resumió el experto alemán.
El informe, que ya fue presentado el miércoles en rueda de prensa en Ginebra por los tres miembros del grupo, divide la creciente represión de la maquinaria estatal nicaragüense en cuatro fases y señala que en la cuarta y última, iniciada en 2023, se ha extendido el control sobre los opositores hasta los que están en el exterior. La creación de la “policía voluntaria” ha sido uno de los pasos más recientes de esa ofensiva autoritaria.
