(EFE).- El Tribunal Provincial de Matanzas rechazó la apelación presentada por la intelectual crítica Alina Bárbara López Hernández, condenada al pago de una multa por un delito de desobediencia.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, es firme y desestima el recurso de la historiadora presentado el pasado noviembre, tras el fallo en primera instancia que la obligaba a pagar una multa de 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total.
López fue acusada por negarse a acudir a una citación policial en una comisaría, alegando que no tenía por qué hacerlo ya que en ese momento no estaba sujeta a un proceso judicial ni existía una investigación en curso.
Sin embargo, según el fallo, con fecha del 22 de enero, la actuación policial fue legal porque la comparecencia ante la Policía era de un “matiz exclusivamente preventivo”, y entre las atribuciones de los agentes está “el trabajo profiláctico preventivo comunitario”.
La sentencia recalca “la legitimidad de toda la actuación asumida” por la Policía que citó a la condenada y confirma “en toda su plenitud la sentencia dictada”
La sentencia recalca “la legitimidad de toda la actuación asumida” por la Policía que citó a la condenada y confirma “en toda su plenitud la sentencia dictada” en primera instancia “en todos sus pronunciamientos”.
La académica, por su parte, lamentó el fallo y afirmó en redes sociales que, “con los órganos judiciales en Cuba es muy predecible todo lo que contenga un cariz político”. “La prepotencia del aparato represivo, liderado por la Seguridad del Estado, es mayor que su prudencia”, agregó.
Para ella, los argumentos del tribunal son “vergonzosos, torpes, y confirman la falta de ética y la subordinación absoluta del sistema de tribunales en Cuba al aparato de Seguridad del Estado”.
Más de 1.000 personas, muchas de ellas residentes en Cuba, firmaron una carta de respaldo a la intelectual tras conocerse su imputación. Además, varios diplomáticos se han puesto en contacto con ella, algunos de forma directa, pese a las medidas cautelares que pesan sobre López.
La organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que este juicio tenía “motivaciones políticas” y aseguró que “el objetivo final” del proceso era “reprimir el ejercicio de los derechos o libertades”.
En su opinión, López es una “víctima de conciencia” y la acusación de la Fiscalía es “falsa”. La ONG calificó el juicio de “sumario” y “sin garantías”.
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