LA HABANA, Cuba. – En un artículo anterior de CubaNet habíamos analizado los perjuicios que le puede traer a la población la subida de los aranceles de importación a las mipymes. Ahora las autoridades castristas añaden otra restricción a las importaciones. En esta ocasión la medida no va dirigida solo a los nuevos actores económicos, sino a cualquier otro ente de la economía.
Durante una reciente Mesa Redonda de la Televisión Cubana, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, tras referirse a la citada medida contra las mipymes, apuntó: “Se incrementan los aranceles a productos terminados que tienen similares en la producción nacional”.
Es decir, que el Gobierno tratará de restringir las importaciones de cualquier producto, lo mismo por entidades estatales o privadas, con vistas a favorecer la producción nacional de esos artículos. Se trata de una declaración que confirma la aplicación del proteccionismo económico por las autoridades de la Isla.
En verdad, el proteccionismo económico es una práctica de larga historia. Ha contado con defensores y detractores. Casi todas las naciones, en un momento u otro de su devenir económico, han recurrido a ella, y son muchos los especialistas que la consideran conveniente para que los países pobres inicien el camino hacia un hipotético desarrollo.
Sin embargo, en el caso de Cuba creemos que la aplicación en estos momentos del proteccionismo económico traerá más perjuicios que dividendos, sobre todo para los abrumados consumidores nacionales.
En primer término, la protección que recibirá la entidad nacional hará que se esfuerce menos en luchar por la eficiencia de su gestión. Libres de la presión de la competencia por parte de las empresas foráneas, las entidades protegidas por los aranceles gubernamentales elevarán con frecuencia sus costos de producción. Altos costos que seguramente se traducirán en precios de venta más altos para los consumidores.
A lo anterior habría que agregar los problemas que se presentan en una economía como la cubana para llevar adelante cualquier proceso productivo. Materias primas que no llegan a tiempo, obsolescencia tecnológica de las fábricas, éxodo de especialistas y obreros calificados, falta de fluido eléctrico y combustibles. En fin, una gama de factores que podrían entorpecer las producciones nacionales. Y entonces, ante la falta de los productos importados, sobreviene el desabastecimiento de los mercados.
Por otra parte, no es un secreto para nadie que la calidad de los productos importados es generalmente superior a la que exhiben las mercancías fabricadas en Cuba. Aquí escasean los estudios de mercado por parte de las entidades productivas, por tanto se produce sin tomar en cuenta las preferencias de los potenciales consumidores. Estos últimos, ante la incuestionable tiranía del productor, se enfrentan a una encrucijada: toman el producto o lo dejan. Y a la postre, por supuesto, están obligados a tomarlo.
Tampoco podemos obviar que Cuba es miembro desde 1995 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un ente que aboga por la liberación del comercio ―lo que incluye la rebaja de aranceles― entre todas las naciones, con el objetivo, entre otros, de afianzar la paz y la estabilidad internacionales. O sea, que el castrismo se apresta a aplicar una política que contradice los principios de la OMC.
No dudamos de que este proteccionismo económico, anunciado en el contexto de las medidas de ajuste con que el castrismo encara el inicio del actual 2024, sea igualmente otra política que perjudique al cubano de a pie.
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