(EFE).- Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU), con el que el nuevo gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desrregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demanda judiciales en contra de la medida.
La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunciase en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo carece de apoyo parlamentario suficiente.
Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo para tomar estas severas medidas económicas. Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad del decreto de Milei ha ido incrementándose.
Algunos de los denunciantes aseguran que el presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”
Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”.
En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de “pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina” y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser “inconstitucional y antidemocrático”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que el decreto de desrregulación económica es “completamente legítimo”.
“¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas”, reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.
El ministro aseguró que la Justicia será quien tendrá que “analizar en forma imparcial” el DNU, y reiteró que él “no le tiene miedo a la ilegalidad”.
De momento, los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país.
En boca de todos está el papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de Argentina, que eventualmente podría fallar en contra del decreto.
Hasta ahora, la Corte Suprema se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de los decretos de necesidad y urgencia, refiriéndose en particular a la necesidad de que éstos sean validados por el Congreso
Hasta ahora, la Corte Suprema se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de los decretos de necesidad y urgencia, refiriéndose en particular a la necesidad de que éstos sean validados por el Congreso de la Nación y de que el Gobierno los emplee con carácter “excepcional”.
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa buscando aliados en la Cámara de Diputados (que junto con el Senado conforma el Congreso de la Nación) para conseguir tramitar políticamente el controvertido DNU, principalmente entre los diputados de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, cuya excandidata presidencial, Patricia Bulrich, es ahora la ministra de Seguridad del Gobierno de Milei.
En las calles, varias organizaciones sociales como la Confederación General del Trabajo (CGT) –la mayoritaria entre los trabajadores argentinos y de orientación peronista– ya han convocado diversas movilizaciones esta semana contra el decreto de Milei, que fue recibido el miércoles pasado con sonoros cacerolazos en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país.
La primera de las protestas será este miércoles y en ella se exigirá la derogación del decreto sancionado el miércoles pasado por el mandatario ultraliberal, aún no está claro cuándo entrará en vigor esta reforma total de la maltrecha economía argentina. Propone –entre otras muchas medidas– la privatización de más de 60 empresas públicas, la derogación de leyes como la de alquileres o autorizar la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas.
A la movilización del principal sindicato del país se unirán las organizaciones sociales que el pasado 20 de diciembre protagonizaron la primera protesta contra las políticas liberalizadoras que el nuevo Ejecutivo denomina Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina.
A la movilización del principal sindicato del país se unirán las organizaciones sociales que el pasado 20 de diciembre protagonizaron la primera protesta contra las políticas liberalizadoras
En esa ocasión, las organizaciones de trabajadores prefirieron mantenerse al margen. Pero por la noche, el presidente Milei dio a conocer en cadena nacional de radio y televisión el contenido del decreto de necesidad urgente. Entonces la CGT cambió de opinión.
La movilización de la semana pasada también sirvió para poner a prueba un protocolo de seguridad ideado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evitar que los piquetes corten el tránsito en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ha venido sucediendo cada vez que las organizaciones sociales procedentes de la provincia de Buenos Aires se desplazaban hasta la capital.
“Todas las organizaciones que hemos participado de la marcha del 20 de diciembre y que fuimos pioneras en enfrentar el protocolo represivo de Bullrich y el plan de ajuste de Milei, vamos a estar en la concentración convocada por las CGT en Tribunales”, anunció este martes el diputado Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero-Frente de Izquierda.
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