MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar este jueves una nueva norma fronteriza que afecta a migrantes con antecedentes penales o aquellos que podrían ser declarados inelegibles para recibir asilo bajo ciertos criterios.
La nueva norma, según declaraciones a la agencia AP de fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, es un paso previo a futuras medidas que buscan incrementar la severidad en las políticas fronterizas.
La propuesta, anunciada formalmente por el Departamento de Seguridad Nacional, permite a un funcionario, en lugar de un juez, decidir en la fase inicial de selección si un migrante es elegible para continuar con el proceso de asilo. “Esto afectará a un universo relativamente pequeño de migrantes”, explicaron las fuentes citadas por AP.
Asimismo, precisaron que se trata de individuos que de todas formas no cumplirían con los criterios para recibir protección.
Actualmente, un migrante que llegue a la frontera y sea sometido a un examen inicial de “miedo creíble” puede continuar con el proceso a pesar de tener antecedentes penales o representar un riesgo a la seguridad. Posteriormente, un juez debe determinar su elegibilidad para asilo.
Ahora, la nueva norma busca agilizar ese proceso.
De acuerdo con AP, los defensores de los derechos de los migrantes han expresado preocupación sobre las modificaciones al proceso de “miedo creíble”, argumentando que los migrantes enfrentan estas entrevistas inmediatamente después de viajes extremadamente arduos y peligrosos. Además, sostienen que las entrevistas están diseñadas para tener un nivel de exigencia bajo y cuestionaron la asistencia legal disponible para los migrantes durante estos procedimientos críticos.
En respuesta a la presión tanto de algunos demócratas como de activistas por los derechos de los migrantes, el presidente Joe Biden ha considerado la posibilidad de adoptar medidas ejecutivas más amplias, especialmente si el número de cruces ilegales continúa disminuyendo.
A la vez, legisladores demócratas han urgido a la Administración a proteger de la deportación a familiares de ciudadanos estadounidenses y a expandir el estatus de protección temporal para personas de países afectados por desastres y conflictos.
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