Las alrededor de 114 delegaciones participantes en la cumbre del Grupo de los 77 y China en La Habana cerraron el evento el sábado con una declaración final en la que exigen a las potencias mundiales la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, entre otros asuntos.
La cumbre, que tuvo como tema central los “Retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación”, finalizó con un discurso del primer ministro de Cuba Manuel Marrero Cruz, quien calificó de éxito el evento en el que, “por unos pocos días, La Habana fue orgullosa capital del Sur del mundo”, dijo.
En la llamada “Declaración de la Habana”, los participantes en la cumbre ratificaron “el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, aun cuando el gobierno cubano ha sido llamado a capítulo en varias ocasiones por organizaciones internacionales a causa de la violación de los derechos humanos establecidos en la Carta de ONU.
También subrayaron “la urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional”, con un “enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial”, que aumente “la representación de los países en desarrollo en los órganos mundiales de toma de decisiones y formulación de políticas”.
Sobre las sanciones económicas impuestas a varios de sus miembros, el G77+China dijo que rechaza su imposición, incluidas las “leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo”, y reiteró “la urgente necesidad de eliminarlas”.
Al respecto, la Cumbre se mostró solidaria con su país anfitrión, a cuyo gobierno no solo agradeció por la acogida en La Habana, sino que apoyó ante su reclamo constante de que el embargo estadounidense es la causa de su estrangulamiento económico y financiero.
La Declaración, por ejemplo, hace énfasis en que “las medidas coercitivas unilaterales tienen repercusiones negativas y devastadoras en el disfrute de los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho a la alimentación”, un argumento utilizado por el régimen cubano para descalificar el embargo estadounidense.
Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia, con el país sumido en la inflación económica y el despliegue de mecanismos, como la llamada bancarización, que ahogan a la población. Su gobierno es a menudo señalado por la violación de las libertades fundamentales de miembros de la sociedad civil independiente, activistas de derechos humanos y opositores al status quo.
La organización DemoAmlat, por ejemplo, dijo antes de iniciar la cumbre que, debido a “la violación sistemática de los derechos humanos, la pérdida de libertad de más de mil personas por razones políticas, la criminalización de la disidencia, así como la profunda crisis económica que aqueja a la población”, la realización de un evento de este tipo” en Cuba solo pretendía “naturalizar al régimen en el concierto internacional”.
Desde antes del inicio de la cumbre, el pasado viernes, advertencias y amenazas, detenciones y operativos de vigilancia se reportaron desde varias localidades de La Habana, y también una fuerte presencia de efectivos policiales vestidos de civil por toda la ciudad.
Otros de los puntos de la declaración final conviene en la necesidad de “invertir más en ciencia, tecnología e innovación y de poner en marcha iniciativas a todos los niveles para el desarrollo de los recursos humanos en estos ámbitos”, y busca “formular estrategias encaminadas a combatir la fuga de cerebros de recursos humanos especializados formados en los países del Sur”.
En el caso de Cuba, decenas de miles de profesionales de diferentes especialidades, incluidos médicos, han emigrado en los últimos dos años en busca de libertad para ejercer y mejoras económicas. Muchos de ellos han denunciado en foros internacionales las violaciones a sus derechos laborales y libertades cívicas por parte del gobierno cubano.
En cuanto al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, La Habana ha tenido el doble rasero de, por un lado, fomentar el acceso de la población a la telefonía móvil e internet, y por otro, establecer mecanismos de vigilancia que controlan ese acceso y leyes que castigan a quienes utilizan esta vía para expresarse libremente en contra del régimen.
El G77+China es un foro que reúne las ideas y políticas del Sur Global para llevarlas luego a Naciones Unidas, cuya Asamblea General tendrá lugar en Nueva York, del 18 al 26 de septiembre.
