MADRID, España.- La cubana Aliuska Carmenate fue asesinada este 14 de enero en el poblado de Guaro, del municipio Mayarí, en la provincia de Holguín. Carmenate, a quien sobreviven dos hijas, fue ultimada a machetazos y degollada, según dijo la activista Lara Crofs al dar a conocer la lamentable noticia en redes sociales.
Este crimen, confirmado a CubaNet por una prima de la víctima, es el cuarto feminicidio en Cuba en los primeros 15 días del año. De acuerdo a fuentes cercanas, el victimario tenía antecedentes de violencia.
Este lunes la plataforma YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) habían confirmado el tercer feminicidio de 2024 en la Isla. La víctima, identificada como Dailene Fernández Carasa, tenía entre 32 y 34 años de edad y murió en su hogar a manos de su pareja el pasado 11 de enero en Alamar, municipio de Habana del Este, La Habana.
Numerosas fuentes ciudadanas denunciaron la supuesta inacción por parte de una patrulla que llegó al lugar de los hechos y no procedió a entrar en el domicilio.
En lo que va del primer mes del año también fueron víctimas mortales de violencia de género Yanilsa Zamora Miranda y Diana Rosa Cervantes Mejías.
En 2023 se reportó un alarmante aumento de feminicidios en Cuba, con 88 casos verificados, la cifra más alta desde que grupos como YoSíTeCreo en Cuba y el OGAT comenzaron a recopilar datos en 2019. Las estadísticas revelan un perfil de las víctimas: mujeres de 37 años, residentes en zonas rurales, con al menos un hijo y asesinadas por sus exparejas.
En diciembre pasado, el propio Gobierno cubano reconoció que en 2023 habían tenido lugar 117 hechos por “muerte violenta de mujeres”. Sin embargo, el régimen se negó a reconocer que se trataba de feminicidios, desligándose de cualquier responsabilidad en estos hechos violentos.
La visibilidad e inmediatez de los casos en medios independientes y en redes sociales llevó al régimen a proponer un Registro Administrativo Interoperable, “que permita contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”.
No obstante, las organizaciones feministas consideran que esta medida es insuficiente y que el Gobierno debe tomar acciones concretas para prevenir y sancionar la violencia machista.
Asimismo, demandan que se tipifique el delito específico de los feminicidios, la creación de refugios y sistemas de rescate para mujeres y sus hijes en peligro, la legalización del activismo y la aprobación de una ley integral contra la violencia de género.
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