LA HABANA, Cuba.- Según el World Prison Brief (WPB, por sus siglas en inglés) —una base de datos en línea que ofrece información sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo—, El Salvador y Cuba presentan las tasas de reclusos más altas a nivel mundial.
En Cuba, solo superada por El Salvador, por cada 100.000 habitantes habría más de 700 personas privadas de libertad, las cuales sobreviven en condiciones insalubres, de abusos de poder, malnutrición, hacinamiento, falta de higiene, castigos severos, prohibición de contacto con sus familiares e incluso torturas y muertes por negligencia médica o bajo custodia; situación ampliamente documentada por organizaciones independientes en favor de los derechos humanos, como Justicia 11J, Prisoners Defenders (PD), el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Cubalex, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, entre otros.
Etiquetas como #MirenLasPrisionesDeCuba y #UEMiraLasPrisiones han servido para visibilizar en redes sociales la situación de las cárceles cubanas fundamentalmente tras el estallido social del 11 de julio de 2021 (11J).
Aun así, debido a la falta de transparencia y acceso a la información oficial, es limitado lo que se conoce de las cárceles en Cuba. No se tienen, por ejemplo, datos precisos de personas en prisión y la localización de los penales a lo largo del país según el régimen de severidad.
La mayoría de los datos y la información recopilados por estas organizaciones han sido obtenidos gracias a los testimonios y denuncias de personas privadas de libertad, exreclusos/as y sus familiares, ya que el régimen cubano mantiene un control estricto sobre la situación de sus prisiones.
Las últimas veces que fueron supervisadas por un organismo internacional fue en los años 1888 y 1889, por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Un informe de Human Rights Watch (HRW), resultante de aquellas visitas y que no ha podido actualizarse, informaba que el Gobierno cubano confinaba a su considerable población carcelaria en condiciones por debajo de la norma e insalubres, y que los presos sufrían abusos físicos y sexuales. Por lo que “incumplía en muchos aspectos las directrices autorizadas sobre el tratamiento de reclusos contempladas en el derecho y los tratados internacionales”.
Al mismo tiempo advertía que “la negativa del Gobierno cubano a permitir el acceso de organizaciones de derechos humanos y humanitarias a sus prisiones demuestra la falta de una mínima transparencia (…) y demuestra una profunda falta de preocupación por el bienestar de dichos presos”.
Las siguientes visitas han sido contadas y realizadas por voceros del régimen o por corresponsales de agencias de prensa extranjera acreditada en La Habana: en 2004, al aproximarse el debate sobre la situación de la Isla en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; en 2012 y 2013 las agencias AP, AFP e IPS; y en 2022, cuando Humberto López y el programa Hacemos Cuba mostraron a los televidentes recorridos que realizaron por el interior de centros penitenciarios.
El objetivo de esa “apertura” y de la exhibición de los materiales audiovisuales sobre la vida en las cárceles era bastante obvio: mostrar que los presos se encontraban en buenas condiciones, que el Gobierno se empeñaba en ofrecerles oportunidad de reinserción desarrollando programas educativos, y que las denuncias de organizaciones y de la prensa independientes eran falsas.
Según el periódico Granma, en 2012, en Cuba existían 57.337 reclusos. Por su parte, Prisoners Defenders calculó que en la Isla existían en 2020 más de 90.000 personas privadas de libertad y casi 37.500 en “situaciones de control judicial y policial”. PD señaló que “entre convictos y condenados” sumaría un total de 127.800 ciudadanos.
Más recientemente, en mayo de 2022, el vicepresidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Sébastien Touzé, aseguró que, en ese momento, “Cuba tendría la población carcelaria más alta del mundo”. Habrían “verificado” la existencia de “797 detenidos por cada 100.000 habitantes, lo cual significa un 7,94 por ciento de la población que se encuentra en la cárcel. Además, de esas 90.300 personas encarceladas, 38.000 no tendrían antecedentes penales y por ello se encuentran ante una primera condena de pena privativa de la libertad”.
Varias organizaciones independientes tienen subregistros del número de presos políticos actualmente en el país. Los listados están en constante actualización y se elaboran a partir de las denuncias de las víctimas y familiares, reportes de medios de prensa, informes de ONG y de activistas. Como es lógico, algunas cifras difieren en el total, pero todas superan los mil prisioneros políticos.
Según un informe reciente de PD en Cuba habría un total de 1.063 presos políticos con “condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva”.
Según la organización, confirmaron y añadieron a su lista 194 nuevos presos políticos en Cuba en 2023: más de 16 nuevos presos políticos cada mes. Especificaron, además, que hay en el país 117 mujeres y 34 menores que están encarcelados o están siendo procesados por motivos políticos.
Por su parte, el Grupo de trabajo Justicia 11J, organización que desde las protestas de julio de 2021 ha documentado “la respuesta estatal a manifestaciones públicas de distinta tipología, en el espacio público y en centros de detención”, reporta las “detenciones de 1.887 personas, de las cuales 793 continúan en prisión”.
Retomando la situación al interior de los centros penitenciarios en Cuba, Sébastien Touzé refirió en el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas lo siguiente: “Un detenido en una cárcel de La Habana declaró que una celda de 2,5 metros cuadrados acoge cuatro personas, sin ventanas ni indicación del tiempo. Además, hay otros que describen la prisión de Mayabeque como cuatro edificios de cemento armado, sin pisos; en este edificio hay 90 prisioneros y solo tres duchas con tres retretes”.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, en su informe mensual de diciembre de 2023, registró 146 hechos represivos, denunciados desde 46 cárceles de todas las provincias del país, siendo las más representadas La Habana (27), Camagüey (20) y Mayabeque (18). Las cárceles con más violaciones registradas fueron el Combinado del Este (La Habana) y Kilo 8 (Camagüey), ambos con 11 denuncias; así como la Prisión Provincial de Cienfuegos y la cárcel de Boniato (Santiago de Cuba), ambas con 10.
En total, la organización identificó en diciembr a 95 víctimas (12 mujeres y 83 hombres). En el citado informe también se detalla que casi todos los hechos incluyeron más de un incidente violatorio, siendo frecuentes los actos de hostigamiento y represión (105) y las denuncias sobre estado de salud (45), y que los principales comisores de actos represivos fueron los funcionarios penitenciarios (123), oficiales de la Seguridad del Estado que actúan en las prisiones (12) y el sistema judicial (8).
De acuerdo con la información ofrecida, se produjeron al menos ocho muertes ocurridas o conocidas durante el mes de diciembre en seis prisiones de cinco provincias del país.
En el informe de PD, La Tortura en Cuba. Lanzamiento del 1er Estudio Integral, se denunció la existencia en cárceles cubanas de “15 patrones de tortura que se repiten en un porcentaje elevado de casos, como la privación de la atención médica, la desorientación intencionada, los trabajos forzados, el confinamiento prolongado, las agresiones físicas y la privación de líquidos, alimentos, sueño o comunicación con familia, defensa y allegados, entre otros”.
Según la organización HRW, “a pesar de los graves problemas” identificados, el régimen de La Habana habría afirmado cumplir las Reglas Mínimas, establecidas en las directrices del derecho y los tratados internacionales sobre el tratamiento de reclusos. Sin embargo, hay pruebas más que suficientes para desmentir esta afirmación, repetida también por representantes del Gobierno en el IV Examen Periódico Universal en Naciones Unidas.
La organización también mostró preocupación sobre las estadísticas del color de piel de la población carcelaria en Cuba. Un estudio del tema señaló que a finales de los ochenta “el número de negros y mulatos en las prisiones era excesivo con respecto a su porcentaje en la población”, declaró en un informe HRW.
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