Han pasado más de cinco años desde que Cuba se sometió por última vez al Examen Periódico Universal (EPU) que realiza la ONU en Ginebra y el deterioro de la situación en ese plazo –en el que ha sido dos veces elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos– es evidente. La represión de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 marcará, sin duda, el análisis que comienza a realizarse este miércoles.
“Cuba vive una crisis de derechos humanos. A la represión sistemática a críticos y disidentes se le suma una severa crisis económica que impacta en los derechos económicos y sociales”, dijo el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier, a la agencia española EFE.
Las cifras de detenidos y presos políticos son escalofriantes. Según la organización surgida al calor de las protestas Justicia 11J, 1.878 personas fueron detenidas por motivos políticos y cerca de 700 condenadas a penas de cárcel de hasta 30 años. La ONG con sede en Madrid Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calcula en 11.000 las detenciones arbitrarias realizadas desde mayo de 2018, cuando la Isla se sometió a su último EPU.
Mientras, Prisoners Defenders (PD), también desde España, sitúa en 1.062 los presos políticos que hay actualmente en Cuba, cinco más que en octubre. La cascada de datos negativos se acumula.
“Cuba ha ampliado su sofisticada maquinaria de control sobre la libertad de expresión y reunión” y recurrido a la “cultura del miedo”
Amnistía Internacional (AI), que envía al comité un informe con su análisis de la situación, afirma que hay al menos 13 presos de conciencia “emblemáticos”, entre los que se cuentan los artistas del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo y el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer.
Ellos son solo la punta del iceberg, para AI, que alerta de un “encarcelamiento masivo” de manifestantes además de las restricciones a internet. “Cuba ha ampliado su sofisticada maquinaria de control sobre la libertad de expresión y reunión” y recurrido a la “cultura del miedo” mediante la criminalización de las protestas, afirma el texto.
Para Pappier, el próximo EPU supone “una oportunidad para visibilizar esta crisis y pedir mejoras concretas, tales como la liberación de presos políticos”, aunque no es el único momento que puede aprovecharse, ya que una semana más tarde, los próximos 23 y 24 de noviembre, visitará Cuba el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, que hace pocos días se reunió con opositores cubanos residentes en Europa.
Aunque no hay una agenda prevista para este viaje, se espera que el funcionario mantenga reuniones con miembros del Gobierno (ministerios de Justicia e Interior), pero también con miembros de la sociedad civil. Su llegada a Cuba se pactó durante la visita a la Isla del alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, el pasado mayo.
Precisamente en ese viaje tuvo lugar un encuentro entre el canciller europeo y personas de la sociedad civil, entre las que estaba la intelectual Alina Bárbara López Hernández, que se enfrenta el próximo 28 de noviembre a un juicio por desobediencia que le puede suponer un año de prisión.
“Más que preocupada, llego expectante por ver cómo van a arreglar el problema que ellos mismos han creado. Yo no he violado nada de la ley”
“Más que preocupada, llego expectante por ver cómo van a arreglar el problema que ellos mismos han creado. Yo no he violado nada de la ley”, dijo a EFE la historiadora, que se reivindica de izquierdas, pero ha desafiado al régimen durante el último año. Según explicó a la agencia, está dispuesta a “afrontar riesgos” por “coherencia y dignidad”.
“Desde el 11 de julio de 2021 se está actuando sin medir consecuencias”, dijo la profesora matancera, que confía en que el juicio que afrontará ayudará a poner en evidencia el “tipo de Estado” que opera en la Isla.
La ONG DemoAmlat ha pedido a Cuba, de cara al EPU, que elimine varias leyes que limitan el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión, además de permitir unas elecciones plurales y garantizar las libertades de prensa, reunión y manifestación.
“El Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 15 de noviembre es una oportunidad para que la comunidad internacional exija a La Habana detener la barbarie contra los activistas de derechos humanos y periodistas independientes, liberar a los más de 1.000 presos políticos y hacer los cambios políticos y económicos estructurales que el país necesita para que se cumpla la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, emplaza el OCDH en un comunicado a las puertas de la evaluación.
Pese a los abrumadores pronunciamientos y llamadas de atención de organizaciones de todo signo, el régimen considera que “Cuba honra sus compromisos y obligaciones” en virtud de los 44 instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito (de los 61 reconocidos por la ONU), según dijo su representante permanente en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla.
“Cuba sigue reforzando su marco legal e institucional para la promoción y la protección de los derechos humanos”, añadió el funcionario.
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