Yuri Pérez Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana y parte de la delegación del régimen ante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, dijo en Ginebra que en Cuba se reconocen los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.
Además, resaltó el académico que existe el derecho a “la información veraz, objetiva y oportuna, así como el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del Estado. Además, se consagran los principios de transparencia, responsabilidad y la separación y diferenciación de funciones estatales”.
Lo expuesto por Pérez Martínez se contradice con la realidad cubana, donde más de mil personas fueron apresadas por protestar en julio de 2021 y enjuicidas con penas que, en algunos casos, superan los 20 años de cárcel por ejercer su derecho a manifestarse.
En 2020 Cuba incluyó en su cronograma legislativo un decreto ley para regular el derecho de manifestación y reunión; el mismo fue postergado para 2021 y convertido en ley. Tras las manifestaciones del 11J, la ley desapareció del cronograma y ni siquiera figura en el aprobado, vigente hasta 2027.
Varios activistas han criticado las palabras de Pérez Martínez y la defensa de la academia cubana ante las mentiras del régimen.
El activista cubano Magdiel Jorge Castro compartió el fragmento donde Pérez Martínez habla en Naciones Unidas, Ginebra, y al respecto señaló: “Sin vergüenza alguna el régimen afirma que respeta la libertad de expresión, de asociación y de manifestación… mienten sobre procesos electorales libres mientras mantienen 1062 presos políticos y un número creciente de exiliados y artistas censurados”.
⚠️⚠️Sin vergüenza alguna el régimen afirma que respeta la libertad de expresión, de asociación y de manifestación… mienten sobre procesos electorales libres mientras mantienen 1062 presos políticos y un número creciente de exiliados y artistas censurados!#EnCubaHayUnaDictadura pic.twitter.com/h9QpsllRuZ
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 15, 2023
Por su parte, el investigador y periodista cubano José Raúl Gallego analizó la complicidad de la academia cubana con la dictadura, basándose en la intervención del profesor titular de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH).
“Sus mentiras y falta de ética cobran una dimensión mayor cuando se sabe que es profesor titular de Derecho Constitucional en la @UdeLaHabana”, escribió Gallego en X, antes Twitter.
— José Raúl Gallego (@joseraul86) November 15, 2023
Gallego mencionó que la academia oficial no solo miente ante el mundo sobre la situación en Cuba, sino que, además, viola derechos de forma directa, hechos que han sido denunciados por el Observatorio de Libertad Académica.
El periodista aportó ejemplos del apoyo de algunos profesores al régimen, como cuando dijeron que la facultad de derecho de la UH aportó la “fundamentación legal” para negar el permiso a la marcha del 15 de noviembre de la plataforma Archipiélago.
“Y de forma directa desde la @UdeLaHabana se viola la libertad de expresión, asociación, y el resto de los derechos políticos pisoteados en Cuba”, apuntó.
De ese centro y de otros del país han sido expulsados profesores y alumnos por sus ideas políticas.
Este 15 de noviembre, varios países han pedido al rgobierno cubano, durante el EPU, que libere a los presos políticos, aunque el régimen alegó no tener prisioneros por razones políticas en los penales de la isla.
De acuerdo con el director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, esta sesión en la ONU “le tumbó la careta al régimen cubano, al quedar al descubierto en el escenario internacional la nefasta situación de derechos humanos en Cuba y la represión contra activistas y opositores pacíficos”.
Desde el OCDH consideran “que un número importante de Estados ha dado la cara en favor del pueblo cubano después de la bochornosa reelección del régimen como miembro del Consejo de DDHH de la ONU”.
Además, los Estados recomendaron a La Habana garantizar las libertades de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación, así como prevenir y poner fin al acoso, la intimidación y las amenazas hacia defensores de derechos humanos, periodistas y artistas.
También sugirieron trabajar en la abolición de la pena de muerte en el país, establecer una institución nacional independiente de derechos humanos en consonancia con los principios de París y garantizar la independencia del poder judicial.
Igualmente, los Estados presentes pidieron al régimen de la isla ratificar varios pactos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.
