La Mesa Redonda dedicada este martes al tráfico y consumo de drogas en Cuba ha puesto en evidencia que el fenómeno está creciendo, sobre todo entre los jóvenes, según se desprende de las intervenciones de las autoridades del Ministerio del Interior en el programa televisivo.
Por ejemplo, en lo que va de 2023 las fuerzas de seguridad impidieron un total de 49 operaciones de narcotráfico por vía aérea, “la cifra más alta en los últimos cinco años”, según refirió el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Antidrogas de la Dirección de Inteligencia (DTI). En ellas se incautaron casi 45 kilogramos de drogas (sin especificar cuáles) y 125 sellos de brolanfetamina (un alucinógeno químico) y detuvieron a 91 personas (78 cubanos y 13 extranjeros).
En tres operaciones marítimas, se decomisaron 37,5 kilogramos de cocaína, se detuvieron a diez personas –cubanos y mexicanos–, “entre los que se encuentran dos lancheros”, mencionó el funcionario.
Los ilícitos que intentan entrar en el país provienen de 11 países, con Estados Unidos a la cabeza, seguido de Surinam, México y Ecuador.
La sustancia que más se consume en la Isla es la marihuana. “Desde el 2011 y con una tendencia al incremento en su tráfico y consumo, se aprecia los cannabinoides sintéticos”
También ha aumentado el trasiego de droga internamente, entre provincias y hacia la capital, dijo el militar. La sustancia que más se consume en la Isla es la marihuana. “Desde el 2011 y con una tendencia al incremento en su tráfico y consumo, se aprecia los cannabinoides sintéticos, dados sus potentes y rápidos efectos, capacidades para mezclar e incrementar con pocas dosis el expedido de estas sustancias y sus ganancias”, detalló Poey Guerra.
Encontraron cultivos de esta planta enervante principalmente en Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas, pero las “afectaciones” se extendieron a Villa Clara, Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Artemisa, Pinar del Río y La Habana.
La capital es, como es lógico dada su densidad de población, “el principal mercado para la articulación de estas actividades”.
De igual manera, las autoridades señalaron el incremento de drogas sintéticas y la aparición de “nuevas sustancias precursoras” que se utilizan en sus procesos productivos.
Los datos más preocupantes, sin embargo, son los que atañen a los jóvenes. “Debemos reconocer que desde 2022 en adelante ha habido un aumento en la participación de nuestros estudiantes, especialmente en la educación secundaria básica, en el noveno grado y en el primer y segundo año de la educación técnica y profesional, en hechos relacionados con las drogas”, declaró el viceministro de Educación, Eugenio González Pérez.
Al respecto, mencionó que mientras que en 2022 la edad promedio de los involucrados en el consumo de estas sustancias era de 18 años, en el último año resultó que fue de poco más de 15 años.
“Debemos reconocer que desde 2022 en adelante ha habido un aumento en la participación de nuestros estudiantes, especialmente en la educación secundaria básica”
Esto plantea, dice el funcionario, una “contradicción dialéctica”. “Esperamos unos jóvenes fidelistas, martianos, altruistas, decentes, cultos y preparados”, enlistó el funcionario, y “nos vemos obligados a reconsiderar lo que hemos logrado hasta ahora”.
“Esta etapa de la adolescencia implica desafíos para los estudiantes, y a veces se produce una ruptura en la escuela, la familia y la comunidad, y son los jóvenes quienes quedan más expuestos”, argumentó el viceministro, quien mencionó que la “influencia de la virtualidad en la educación también confunde a los jóvenes”.
En el mismo sentido, Yaliel Cobo Calvo, directivo de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), culpó a los “productos audiovisuales como películas y series”, que “ejercen una poderosa influencia en nuestros jóvenes, al normalizar e incentivar el consumo de drogas”.
Nada dijeron de la situación calamitosa en que se encuentra la Isla, que empuja a la desesperanza y la desidia a todos los jóvenes que no tienen medios para migrar, pero sí dieron otra cifra: casi el 90% de los estudiantes envueltos en la droga, también consumían alcohol y “de alguna manera habían descuidado sus responsabilidades escolares”.
Más allá de la aprobación, en 2019, de una resolución ministerial para “realizar el trabajo educativo preventivo”, la solución propuesta por el régimen ante este panorama es una política de “tolerancia cero”.
Solamente la tenencia de drogas o “sustancias con efectos similares” puede acarrear una pena de hasta tres años de cárcel, advirtió Ileana Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular.
En cuanto a los que lucran y trafican con sustancias ilícitas, la sanción puede elevarse hasta 30 años, cadena perpetua e incluso la pena de muerte, de acuerdo con el Código Penal. Este último fue el polémico caso, no mencionado en la Mesa Redonda, del general Arnaldo Ochoa, fusilado por delitos de tráfico de drogas y alta traición.
En lo que va de año, indicó la jurista, se han sancionado a un total de 689 personas, relacionadas con estos delitos, el 92% de ellas con cárcel. En una minoría de casos, dijo también Gómez Guerra, se impusieron “sanciones alternativas que se cumplen en libertad a acusados jóvenes, sin antecedentes penales, que durante el proceso mostraron arrepentimiento o colaboraron con la investigación”.
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