La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, quien atraviesa “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Moreno de la Peña, encarcelado sin juicio desde enero de 2023, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre y denunciado las continuas transgresiones del personal de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, a los derechos de los presos.
En el mes de marzo, “guardias del penal le dieron golpes adentro, y varios presos juntos intentaron ‘encuadrillarlo’ para violarlo”, relató a Martí Noticias Evelyn Suñe, la esposa.
Cuando Moreno trató de defenderse de los reclusos que lo acorralaban con el presunto propósito de violarlo, los guardias del penal le propinaron porrazos y bastonazos que dejaron marcas visibles en su cuerpo.
La CIDH, organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó que los actos de los funcionarios de la prisión y su complicidad con los reclusos que intentaron agredir al preso político “tendrían como objetivo que se auto incriminara o incriminara a otros por delitos contra la seguridad del Estado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró “de especial seriedad los alegatos de connivencia entre los agresores del beneficiario y los agentes penitenciarios, sumada a la falta de atención médica adecuada”.
Moreno es diabético y está internado en un destacamento para reos con desnutrición severa. Ha perdido casi la mitad de su peso al entrar a prisión.
El opositor está bajo un proceso penal acusado de “Actos contra la seguridad del Estado” e “Instigación a delinquir”, por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado “X Cuba”, y también por exhortar a los cubanos en redes sociales a levantarse contra el régimen cubano.
“Daniel va a cumplir 17 meses en prisión y no tiene ni petición fiscal. El abogado dice que no tiene acceso al expediente porque lo tienen ‘bajo secretismo’”, indicó Suñe.
La resolución adoptada por la CIDH alega que la situación de desprotección de Moreno de la Peña “se ve acentuada por las acciones que toman los agentes responsables de su seguridad para ponerlo en riesgo”.
Desde el 25 de diciembre de 2023, Suñe no puede ver a su marido. Los mandos de la cárcel de Boniato prohibieron su entrada al recinto penitenciario valiéndose del pretexto de que no están casados legalmente.
Moreno de la Peña fue detenido el 10 de enero de 2023 en Santiago de Cuba y estuvo casi un mes en el centro de detención Versalles, el cuartel de la Seguridad del Estado de la provincia santiaguera. Luego fue trasladado a Villa Marista, en La Habana, como se conoce la sede nacional del órgano represivo.
En abril lo ubicaron en la cárcel Combinado del Este y posteriormente lo trasladaron a Boniato.
Tras analizar los fundamentos presentados en defensa, la Comisión decidió solicitar al gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del preso, que asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
También este 15 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares a la abogada Marienys Pavó Oñate, esposa del abogado independiente Julio Ferrer, quien vive en Estados Unidos desde hace unos meses.
Pavó Oñate cumplió seis años y tres meses de prisión por “tráfico de influencias”, delito por el que la condenaron a ocho años en un juicio denunciado como fraudulento por su esposo.
Al salir de la cárcel, declaró que su encarcelamiento fue en represalia contra su esposo por su trabajo en la independiente Asociación Jurídica Cubana (AJC). Ferrer reaccionó por la vía legal ante el proceso contra su esposa hasta llevar a juicio a la ministra de Justicia de entonces, María Ester Reus.
En los últimos meses, Pavó Oñate, residente de La Habana, ha sido víctima de interrogatorios, represión y coacción psicológica y emocional, tras la salida del país de su pareja.
“La situación de la beneficiaria se inserta en el contexto de agudización de la represión de la disidencia en Cuba y que ella sería objeto de seguimientos por parte de agentes estatales, quienes no solo tendrían pleno conocimiento de su centro de labores, sino también de su horario de trabajo y oficina particular”, precisó la CIDH.
“El día 26 de febrero [fecha en que salió de Cuba su esposo] empezaron oficiales de la Seguridad del Estado a visitarme en el trabajo, a llamarme por teléfono, a hacerme esas amenazas que incluso son hasta absurdas o veladas para atemorizar como ¿cuál es la escuela de los niños?”, señaló Pavón Oñate a nuestra redacción.
La entidad de la OEA reseñó que los agentes estatales trataron de obtener información sobre Julio Ferrer, y buscar que no retorne a Cuba.
La CIDH requirió a las autoridades cubanas que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la abogada.
Asimismo, pidió a La Habana entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista independiente y sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.
