LA HABANA, Cuba. – Cualquier observador de la realidad cubana puede dar fe del afán de las autoridades castristas por mantener controlados a los trabajadores por cuenta propia. Ellos constituyen un germen de propiedad privada que en el fondo choca con la pretensión totalitaria de los gobernantes cubanos. El castrismo los tiene como un mal necesario al que habría que cortarles las alas si aspiraran a volar muy alto.
Fue en el contexto de ese tutelaje gubernamental que en el 2018 se crearon las cuentas bancarias fiscales. En ese momento se obligó a operar dichas cuentas a los propietarios de los actores económicos considerados más florecientes, como los propietarios de paladares, taxistas, artesanos y arrendadores de viviendas. Estos cuentapropistas debían depositar en sus cuentas fiscales determinado porcentaje de sus ingresos. Y si consideramos las estrechas relaciones existentes entre los bancos y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), se advierte el control que esta última ya iba ejerciendo sobre los ingresos de esos cuentapropistas.
Pero la función de las cuentas bancarias fiscales no iba a quedar ahí. En el 2021 la ONAT decidió que todos los cuentapropistas que contribuían por el régimen general (la mayoría) debían habilitar cuentas bancarias fiscales. Y para el actual 2023 la medida ha sido extendida a la totalidad de los trabajadores por cuenta propia. De esa manera los bancos ―y por extensión la ONAT― controlaba un porcentaje importante de los ingresos de todos los cuentapropistas del país.
No obstante, hasta ese momento quedaba alrededor de un 35% de los ingresos de ese sector no estatal de la economía que no era obligatorio depositar en las cuentas bancarias fiscales. Constituía un dinero en efectivo que permanecía en manos de los propietarios de los negocios, con los cuales podían realizar muchas transacciones.
Sin embargo, esa pequeña hendija de autonomía financiera se reduce más con la promulgación de la Resolución 111/2023 que establece la bancarización de la economía nacional. Esta legislación contempla que todas las transacciones entre los actores económicos de la nación ―los cuentapropistas incluidos― deben de realizarse por medios electrónicos, lo que significa que los ingresos que reciban los cuentapropistas irán a sus cuentas bancarias fiscales. Todo bajo la atenta fiscalización de los bancos y la ONAT.
Únicamente los ingresos que los cuentapropistas reciban de la población, si es que se trata de dinero en efectivo, y ya las autoridades se esfuerzan por que sea la menor parte, podrían quedar exentos de ir a las susodichas cuentas fiscales.
Resulta evidente que mientras mayor sea la porción de ingresos que los cuentapropistas deban llevar a sus cuentas bancarias fiscales, mayor es el conocimiento de la ONAT acerca del ingreso total que cada cuentapropista deba colocar en su Declaración Jurada de ingresos Personales al final de cada período fiscal. Y, en consecuencia, mayor la probabilidad de que el contribuyente sea sancionado si no declara el total de ingresos previsto por las autoridades.
Es de destacar que los funcionarios de la ONAT no ocultan su beneplácito por esta situación, que en el fondo redundará en mayores impuestos a pagar por los trabajadores por cuenta propia. En declaraciones formuladas al periódico Granma, el vicejefe de la ONAT, Juan Carlos Vilaseca, apuntó: “Este ordenamiento de los flujos financieros va a contribuir, indudablemente, a que la administración tributaria sea más eficiente en la gestión de los tributos”.
Hasta el presente solo los trabajadores por cuenta propia han sido obligados a abrir las cuentas bancarias fiscales. Empero, el funcionario antes citado mencionó la posibilidad de que el resto de los actores económicos no estatales (mipymes y cooperativistas) también se sumen a esta herramienta bancaria.
Claro, todo en aras de mayor control gubernamental, y más impuestos a pagar por los contribuyentes.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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