El grupo de la sociedad civil cubana, Frente Democrático de Concertación (D Frente), pidió al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que interceda por la académica cubana Alina Bárbara López Hernández, a punto de ser juzgada por desobediencia.
La cubana fue interlocutora del jefe de la diplomacia europea en la visita oficial que el funcionario español hiciera a la isla en mayo de este año.
La historiadora ha revelado en sus redes sociales que el 25 de mayo se reunió con Borrell y le mencionó “la importancia de que la Unión Europea intente mediar para lograr la liberación de los presos políticos”.
“Pero aclaré que esa no es la solución al enorme conflicto existente entre un estado opresor y una ciudadanía indefensa. Estas fueron mis palabras: ‘el sistema político cubano es una fábrica en potencia de nuevos presos políticos’. Espero que si voy a prisión recuerde lo que allí dije”, escribió en Facebook el 13 de junio.
Es por ello, que esta semana D Frente ha pedido la gestión de Borrell para que un representante o embajador de la Unión Europea esté en la vista oral, programada para el 16 de noviembre a las 9 y 30 de la mañana, en el Tribunal Municipal de Matanzas.
La organización asegura que si, en su encuentro con el jefe de la diplomacia europea, la historiadora hubiese intentado “edulcorar la realidad cubana, omitir matices o guardar silencio (…) seguramente no tendría hoy tan graves problemas, pero usted se hubiera llevado una idea distorsionada de lo que sucede en Cuba”.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa dijo a Martí Noticias que “Borrell tiene de primera mano no solo la percepción, la visión que ella puede haberle dado, también la visión y la percepción sobre la persona de qué se trata. Siempre el trato personal, el contacto personal, es insustituible para calibrar quiénes son las personas, quiénes son los actores, quiénes son los individuos y queremos aprovechar esto, justamente, para llamar la atención por la represalia obvia que está tomando el gobierno cubano contra esta activista de Matanzas, académica que ha venido planteando y exigiendo, solo y exclusivamente, que el gobierno libere a los presos políticos y siempre, a través del ejercicio de los derechos que reconoce la constitución”.
Cuesta Morúa recordó que la historiadora ha sido perseverante en la idea de exigir el derecho de reunión, manifestación y de asociación, los cuales ha reclamado en un acto simbólico exigiendo justamente que el gobierno libere a los presos políticos y al mismo tiempo respeto a los derechos reconocidos en la Constitución cubana.
“Queremos llamar entonces la atención de Borrell porque sabemos que una influencia de alto perfil y, aprovechando la interlocución que mantiene la Unión Europea y el Consejo Exterior de la Unión Europea con el gobierno cubano, puede influir en que simplemente este juicio sea sobreseído, sea suspendido y Alina Bárbara pueda seguir no solo libertad, sino ejerciendo y reclamando sus derechos”, afirmó el opositor.
Este martes la acusada defendió su inocencia en un comentario publicado en su perfil de Facebook: “Yo no he violado ley alguna. Por el contrario, mis derechos han sido violados, he sido objeto de arbitrariedades y no se ha respetado el debido proceso. Si rechacé el Criterio de Oportunidad ofrecido por la Fiscalía de Matanzas para concluir este vergonzoso proceso y no tener que ir a juicio, es porque con la defensa de mis derechos no claudicaré jamás. Es inadmisible pagar una multa y aceptar que eliminen la regulación, como le plantearon a mi abogada, pues eso sería convenir en que yo cometí un delito. Ahora iremos a juicio y quiero ser diáfana antes de que se dicte la sentencia, sea cual fuere. No escribo movida por la ira ni de manera irreflexiva. Tampoco se trata de una amenaza frívola. Quienes me conocen saben que nunca expreso algo que no esté dispuesta a hacer. En política, igual que en la vida, la coherencia es una virtud cardinal. La determinación que he tomado es de conocimiento de mi familia y de mi abogada, esta última no la recomienda pero entiende que es una decisión personal en última instancia. Se trata de esto: del tribunal solo aceptaré una exoneración total y absoluta del cargo que se me imputa. Cualquier sentencia, así se trate de una multa insignificante, será desacatada por mí con plena conciencia de que puedo ir a prisión. Si ese fuera el caso, desconoceré la disciplina del penal y me declararé en rebeldía (o «plantada», como se dice en argot popular)”.
“¿Deseo ir a prisión? No. ¿Merezco ir a prisión? No. ¿Estoy dispuesta a ir a prisión? Esa es la pregunta que respondo afirmativamente. Reitero que no voy a negociar nuestros derechos con nadie. Porque esto no se trata solo de mí. Nunca ha sido una cruzada personal, sino un pulseo entre la ciudadanía excluida y un poder opresivo que no nos respeta. Que nos desprecia. Basta ya de sugerir que debemos esperar a que los Estados Unidos elimine el bloqueo para que los ciudadanos de esta Isla ejerzamos nuestros derechos, algunos constitucionalmente establecidos. Basta ya de insinuar que en una Cuba futura, de «empresas privadas» y «rentabilidad económica», «surgirán nuevos modos de protestar en nombre de los negocios y de la resistencia creativa», lo cual nos llevará por ley de gravedad política a ser democráticos «incluso si no se legisla sobre el derecho a la protesta».
Nuestros derechos son inalienables a cada mujer y hombre, no son exclusivos de un grupo de poder o de un sector social privilegiado. Tampoco son favores. El cartel que me fue incautado tras la detención del 14 de junio tenía escrita esta frase de Antonio Maceo: «Mendigar derechos es cosa de cobardes». La fiscal mandó a destruirlo, pero esas palabras están grabadas en mi mente y en mi voluntad. Deberían estarlo en la mente y en la voluntad de todos”, concluyó la académica.
