SAN LUIS POTOSÍ, México.- Durante su campaña y con sondeos que arrojan que Edmundo González tiene una gran ventaja sobre Nicolás Maduro, el candidato del régimen chavista optó por una retórica violenta y arreció la persecución a los opositores.
La oposición ha sorteado un gran número de obstáculos a lo largo de su campaña.
En los mítines, las fuerzas gubernamentales han bloqueado las carreteras, las gasolineras han estado “misteriosamente” cerradas a lo largo de su ruta, los líderes han sido acosados y han tratado de bloquear toda observación internacional en las elecciones.
Detención de opositores y activistas
El régimen ha arremetido contra la sociedad civil y los opositores, como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades venezolanas confirmaron en febrero la detención de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, por su participación en una presunta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro.
San Miguel, de 57 años, firme crítica del gobierno de Maduro, es una experta en temas de defensa que dirige la ONG Control Ciudadano, que aboga por la supervisión civil de las fuerzas armadas de Venezuela.
Junto a ella, decenas de personas fueron arrestadas por el régimen venezolano, luego de que Maduro afirmara que existía un complot en su contra.
Más de 32 personas, entre civiles y militares, han sido detenidos desde mayo de 2023, por su presunta participación en cinco planes conspirativos que involucraban el “asesinato” del mandatario Nicolás Maduro y ataques a instalaciones militares.
Asimismo, cuando apenas faltaban dos semanas para las elecciones, el jefe de seguridad de María Corina Machado fue detenido arbitrariamente en lo que Machado describió como “un secuestro”.
Además, los vehículos de campaña de la opositora fueron objeto de actos vandálicos y les cortaron las mangueras de los frenos.
Su equipo se ha acostumbrado a llevar mangueras y bidones de combustible en la carretera siempre que viajan, por si el gobierno obliga a cerrar las gasolineras de la ruta.
Oleada de arbitrariedades
Este sábado, por otra parte, el exdiputado de la Asamblea de Venezuela, Carlos Lozano, fue víctima de un allanamiento de su casa en el estado Carabobo.
Al apartamento de Lozano subieron unos 60 efectivos policiales, de los 80 aproximadamente que estuvieron presentes, adscritos a la División de Acciones Estratégicas y de la Dirección de Investigación Penal.
Los críticos acusan al gobierno de Maduro de atacar a trabajadores políticos de bajo nivel e incluso a propietarios de pequeños negocios por su asociación con la oposición.
En las semanas transcurridas desde el inicio de la campaña electoral el 4 de julio, la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal ha documentado 149 casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Uno de esos casos se refería a Aldo Roso Vargas, activista de Voluntad Popular, partido de la oposición.
Fue detenido cuando se dirigía a un acto de campaña de la oposición en Caracas a principios de mes, acusado de intentar desestabilizar el sistema eléctrico.
Inhabilitación de candidatos
La propia Machado, quien ganó más del 90% de los votos en octubre en unas elecciones primarias organizadas por la oposición, fue declarada “inelegible” para presentarse, por lo que el régimen consideró “irregularidades financieras” ocurridas cuando era diputada nacional.
Con ese argumento, ha detenido a varios miembros de su campaña. La represión llegó a un punto en que hombres en motocicletas atacaron a partidarios de Machado en las calles.
A inicios de este año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen venezolano reafirmó la inhabilitación por 15 años de la candidata presidencial de la principal coalición opositora.
La Sala Político Administrativa del TSJ declaró como improcedente la solicitud de amparo cautelar presentada por Machado, quien buscaba levantar la sanción en el marco de un mecanismo de revisión de casos acordado entre el régimen y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La sentencia detallaba que la inhabilitación se basa en la participación de Machado en una presunta trama de corrupción liderada por el exjefe del Parlamento, Juan Guaidó, y por el incumplimiento de normas venezolanas al aceptar la acreditación como representante alterna de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2014.
El fallo establece que la sanción tendrá una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021.
Bloqueo a observadores
El régimen de Maduro ha estado desarrollando una serie de políticas con vistas a incidir en el acto de votación.
En primer lugar, ha inhabilitado a candidatos, ha ejercido presión y control social de las personas que beneficiarias de políticas públicas. Por ejemplo, se reparten bolsas de comida cada mes a la población, conocidas como “cajas del CLAP”, con la condición de pertenecer al partido del gobierno.
Si las personas no cumplen este requisito, o se convierten en opositores declarados, llegan a suspender este beneficio.
Algunos testimonios de exagentes de inteligencia del gobierno, explican que el régimen, además, suele anunciar resultados fraudulentos. También introducen cédulas falsas en el sistema.
Previamente, se ha estimado que podrían llegar a meter cuatro millones de cédulas falsas.
Maduro ha bloqueado a observadores electorales internacionales y a otros imparciales dentro del país.
Este viernes impidieron despegar desde Panamá un vuelo rumbo a Venezuela en el que viajaban varios expresidentes que acudirían a participar como observadores electorales en los comicios.
También expulsó de Venezuela a una delegación del Partido Popular español que viajó este viernes a Caracas, invitada por los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado.
Los 10 políticos españoles, que habían acudido para participar en las elecciones, fueron retenidos a su llegada al aeropuerto de Caracas, presuntamente, por no contar con los permisos necesarios para entrar en el país.
Las autoridades del régimen madurista interrogaron a los parlamentarios españoles a su llegada y les anunciaron que serían deportados.
Las amenazas de Maduro
“El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria”, dijo en un mitin de campaña el pasado 17 de julio.
Además, durante el acto de cierre de su campaña electoral realizado en la avenida Bolívar de Caracas, expresó: “No le vamos a permitir que sigan haciendo daño, se les acabó el tiempo (…) Habrá mano de hierro y justicia para los fascistas y violentos”.
El gobernante chavista acusó a la oposición venezolana de planear desconocer los resultados para poner en marcha actos de violencia. Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas le son leales y podrían alzarse contra un eventual gobierno opositor.
En la clausura de su campaña política, Maduro también pidió al pueblo venezolano pensar bien el voto que emitirán este domingo en las urnas, en las cuales el líder chavista buscará una segunda reelección.
“Piensen bien, por su familia, por su emprendimiento, por su comercio, por su empresa, por su trabajo, ¿quién de los 10 candidatos garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela?”, cuestionó.
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